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Sunday, June 28, 2009

Por primera vez, la Defensoría del Pueblo será observadora en los ...

Por primera vez, la Defensoría del Pueblo será observadora en los ...
Clarín.com - Buenos Aires,Buenos Aires,Argentina
La Justicia habilitó a la Defensoría del Pueblo porteña a supervisar los comicios ... La ombudsman de la Ciudad, Alicia Pierini, definió en diálogo con ...
Cecilia Más
Este es el show
Noticias y Protagonistas - Mar del Plata,Buenos Aires,Argentina
... y que apoya su campaña en su efímera función como Defensor del Pueblo, ... un nuevo pacto federal y volvió a poner su chapa de ombudsman como garantía. ...
Defendiendo el patrimonio
Página 12 - Argentina
La Defensoría del Pueblo porteño tiene una nueva defensoría adjunta dedicada al ... La iniciativa fue realmente original: un ombudsman adjunto que recogiera ...
defensor1 . jpg
El Defensor del Pueblo en la Constitución
RD Noticias - Dominican Republic
La figura del Defensor del Pueblo (Ombudsman) resurge del rincón más apartado del olvido institucional gracias a los trabajos de la Asamblea Revisora que, ...

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Rodrigo González Fernández
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Wednesday, June 24, 2009

DEFENSOR DEL PUEBLO: Panamá Defensor del pueblo defiende su institución

Panamá
Defensor del pueblo defiende su institución
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Ricardo Vargas, Defensor del pueblo, durante la conferencia de prensa. Foto/Defensoría

Luego que el diputado José Luis Varela, del partido panameñista, diera a conocer su intención de eliminar la Defensoría del Pueblo, en el programa Cara a Cara de Telemetro, el titular de entidad a defenderse.

El defensor del pueblo, Ricardo Vargas, organizó una conferencia de prensa, en la cual resaltó que este tipo de instituciones sirven como puente entre el ciudadano común y el Estado, precisamente por abusos del Estado.

Vargas añadió que el cierre la defensoría signifacaría un retroceso político. A la vez, ratificó su deseo de reunirse con Varela, una vez él regrese a la país.

 

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Tuesday, June 23, 2009

DEFENSOR DEL PUEBLO: Defensora insiste en denunciar apremios ilegales

Defensora insiste en denunciar apremios ilegales
Martes 23 de Junio de 2009 00:00


 La defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, afirmó que se sigue muriendo gente en las comisarías y que continúan llegándole denuncias por apremios ilegales. Se refirió también a otros temas, en el marco de una conferencia de prensa en Río Colorado.

La defensora del Pueblo, Ana Piccinini,  manifestó que es mala su relación con la Policía de Río Negro "porque en las comisarías se sigue muriendo gente, ciudadanos que están bajo la guarda de la policía, como la chica de 23 años que presuntamente se ahorcó con un cordón de su zapatilla, cordón que nunca debería haber estado allí, no debería haber pasado la requisa, si en cambio las zapatillas que llamativamente no las tenia puestas". En este sentido la Defensora dijo: "esto que es tan elemental no se está haciendo bien en las comisarías".

"Desde el comienzo de mi gestión –agregó Piccinini- es que yo estoy enfrentada con la policía porque desde un principio dije que no iba a tolerar apremios ilegales y a mi todos los días me hacen denuncias por este motivo. La pocilla, siempre lo dije, no tiene que pegar a nadie".

Asimismo la Defensora del Pueblo indicó que hace poco presentó una denuncia ante el Auditor de Asuntos Internos de la Policía,  Dr. Hugo Concellon "y todo el bagaje de denuncias  y de pruebas que tenemos en la Defensora se lo llevé  y además hicimos una denuncia penal de investigación".

En otra parte de la conferencia de prensa brindada por la Defensora del Pueblo en ocasión de su visita a Río Colorado para atender los reclamos de los vecinos expresó que "hay una situación de abandono por parte del gobierno provincial que es al que yo debo controlar".

Agregó que "nosotros, estamos consustanciados en recorrer la provincia y estar personalmente junto a los vecinos, en los hospitales, en las escuelas y atendiendo a la gente y es una gran satisfacción poder hacerlo y es la base fundamental de mi tarea, a más realidad mayor posibilidad de hacer propuestas de cambio".

La defensora también expresó que le parece muy bien que el vecino participe "que se interese en las cosas que le pasan y que sea el propio vecino el que se preocupe en pedir la solución a sus problemas", cuando le anticiparon que mas de 3.000 ciudadanos del lugar pedirá su intervención ante reiterados problemas en el suministro de energía eléctrica.

Respecto a la pregunta de una periodista en referencia a la relación existente entre la Defensora del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos de la provincia la Dra. Piccinini expreso: "nos relacionamos bastante poco , yo creo que el defensor de los derechos humanos por excelencia es el Ombudsman que es el defensor de los derechos humanos independiente, no nos olvidemos que esta Dirección de Derechos Humanos pertenece a un Ministerio, que  es el Ministerio de Gobierno que tiene como primo hermano  dentro del Ministerio nada más ni nada menos que a la policía, o sea que se hace un poquito difícil la convivencia  entre los dos organismos que dependen del mismo Ministro, esto no quiere decir que no se pueda lograr".

Con respecto a la causa Flavors la Defensora dijo que finalmente tenemos juez en la causa "porque estaba boyando entre un juez y otro, con jueces sumamente ocupados y esta es una causa grande. A mi entender, el Dr. Funes incurre en mal desempeño de sus funciones en dos oportunidades por eso le pido al Instructor que tiene que proveer algo a la causa porque ya ha pasado demasiado tiempo y el instructor, Dr. Edgardo Albrieu, utiliza la licencia del juez Funes para no hacer caminar el expediente   de juicio político, cuando la ley señala que: "iniciado el sumario,  el mismo no podrá suspenderse";  y solo la "declaración judicial de incapacidad, que impida al denunciado concurrir a la sustanciación"  permitirá excepcionalmente dilatar el procedimiento hasta la designación de un representante legal o Defensor Oficial en caso de incumplimiento.

En referencia a la denuncia por enriquecimiento ilícito del legislador Sartor la Dra. Piccinini expresó: "Uno no viene a la función publica para enriquecerse  sino que uno viene para servir, si yo hubiese querido ser rica me hubiese dedicado a la función de abogada  que es una profesión libre y muy redituable, yo elegí otra cosa de manera que esa opción también la tuvo Sartor; creo que cuando un funcionario público se hace rico tiene que justificarlo porque se invierte la carga de la prueba, el legislador Sartor tiene que demostrar su patrimonio no por sus ingresos de funcionario público sino porque se ha ganado la lotería, por una herencia , o por negocios que no sean incompatibles con la función pública, él ahora va a tener la posibilidad de defenderse y de demostrar  su  patrimonio.  Nosotros lo seguimos investigando, pero que quede claro que no es una cuestión personal con Sartor".


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Friday, June 19, 2009

Juan J. Minguez, adjunto II de la Defensoría Nacional visitara la provincia de Jujuy

Juan J. Minguez, adjunto II de la Defensoría Nacional visitara la provincia de Jujuy

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Jujuy al día – Mañana, viernes 19, el Adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan Jesús Minguez, visitará la provincia de Jujuy donde mantendrá distintas audiencias y reuniones con funcionarios, representantes de organismos públicos, de Defensa del Consumidor y de ONGs.

El Dr. Minguez fue invitado para mantener una Audiencia Institucional relacionada con la prestación y facturación de los servicios públicos de esa provincia, y una conferencia sobre el tema.

Recordemos que el 10 de diciembre último el Dr. Minguez asumió como Adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Previamente se había desempeñado como diputado nacional por la provincia de San Juan en el período 2001-2005, y como Presidente y asesor letrado de la Comisión de Acusaciones del Consejo de la Magistratura.

Síntesis

El 27 de enero pasado, la justicia hizo lugar a la medida cautelar que había pedido del entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, "ordenándose a las empresas EDENOR S.A, EDESUR S.A y EDELAP, se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la forma pago de las facturas emitidas en base a las resoluciones cuya impugnación el Defensor pretende".

El Defensor Nacional promovió el 16 de enero una demanda contra el Estado Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a fin de que se declare la nulidad por ilegitimidad de las Resoluciones Nº 1169/08 y Nº 745/05 de la Secretaría de Energía, y sus modificatorias Nº 797/08, Nº1170/08, y las Nº 628/08 y Nº 654/08 dictadas por el ENRE, pues la aplicación de las mismas, a partir de las facturaciones del servicio de distribución de energía eléctrica de las empresas EDENOR S.A., EDESUR S.A., y EDELAP, cuyos vencimientos operan durante los meses de diciembre 2.008 y enero del corriente año 2009, "generó facturaciones que contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en la Constitución Nacional".

Paralelamente, en febrero pasado, el Ombudsman nacional, entabló otra demanda contra el Estado Nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) para que se declare la nulidad, por ilegítimas, de las resoluciones que dieron lugar a facturaciones con adicionales en las tarifas de gas.

En su accionar, la Defensoría Nacional pidió la nulidad del Decreto Nº 2067 del 27 de noviembre de 2008 (B.O. 3/12/08), Resolución Nº 1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y Resolución Nº 536 dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), ambas publicadas en B.O. con fecha 23/12/08; y "de toda otra norma que se dicte como consecuencia de las aquí cuestionadas".

El Ombudsman, a fin de evitar el daño inminente e irreparable a los usuarios del servicio público de distribución de gas, pidió una medida cautelar para que en forma urgente se disponga "la suspensión de los efectos derivados de los instrumentos impugnados, esto es: el Decreto 2067/2008 dictado por el PEN, la Resolución 1451/2008 dictada por el MPIPyS y la Resolución 536/2008 dictada por el ENARGAS, y en consecuencia que dicho organismo regulador, instruya quienes han sido designados como agentes de recaudación del cargo tarifario, a que se abstengan de percibir las facturaciones emitidas mediante la aplicación de las resoluciones referidas. Asimismo, del mismo modo y por idéntico procedimiento, se deberá instruir dichos agentes a fin de que se abstengan de efectuar cortes en el suministro de gas motivado en la falta de pago de tales facturas que contengan ese cargo tarifario."

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Thursday, June 18, 2009

DESARROLLO-PERÚ: Modelo para desarmar

DESARROLLO-PERÚ: Modelo para desarmar
Por Milagros Salazar


Estación Nº 6 de la empresa Petroperú en Bagua, Amazonas, custodiada por el ejército

Crédito: Milagros Salazar/IPS

LIMA, 17 jun (IPS) - Al aceptar la derogación de dos de los decretos que encendieron un sangriento conflicto indígena en la región de Amazonas, el gobierno de Perú demostró que esas normas no eran, como alegaba, una exigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, apuntan analistas y críticos.

Lima escuchó parcialmente el reclamo indígena y anunció el martes que presentará un proyecto para derogar los dos principales decretos cuestionados, el 1.090 y el 1.064, que promueven la explotación de recursos naturales en la Amazonia y que son considerados inconstitucionales por legisladores, juristas y organizaciones nativas.

El primer ministro Yehude Simon señaló a la prensa que "el TLC no corre ningún peligro con ello" y señaló su compromiso de pacificar el país, tras lo cual abandonaría el gabinete.

Con ese paso se contribuyó a calmar en algo los ánimos.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que condujo desde el año pasado la campaña contra esas reformas, reconoció el martes en un comunicado la nueva actitud del Poder Ejecutivo y "su proclamada voluntad política de resolver" sus demandas.

Además, la Aidesep resaltó "el sacrificio y la firmeza de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonia por el logro de estos reconocimientos" y pidió el cese del estado de emergencia en las zonas afectadas y la creación de una comisión de la verdad para investigar las muertes de al menos 34 personas --incluyendo 24 policías, cinco indígenas y cuatro mestizos-- en la provincia nororiental de Bagua, Amazonas.

La Aidesep reclama también que cesen las incursiones del ejército y los sobrevuelos en las comunidades, y que se retiren las denuncias penales contra sus dirigentes regionales y nacionales, se brinde atención humanitaria y se reivindique y repare la dignidad de los heridos y deudos de los fallecidos en los enfrentamientos.

Además, el martes llegó a este país el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Pero el cuerpo legal que dio origen al conflicto subsiste.

El Poder Ejecutivo aprobó un centenar de normas en junio del año pasado, en el marco de las facultades legislativas que le había otorgado el Congreso legislativo en diciembre de 2007 para implementar el TLC.

En diciembre de 2008, una comisión multipartidaria del parlamento determinó que el gobierno se había excedido en el uso de esas facultades, decretando por ejemplo algunas normas que contravenían el derecho consagrado a la consulta previa a las comunidades para disponer acciones que afecten sus territorios.

Los decretos 1.090 y 1.064 modifican el régimen de manejo forestal y el uso de tierras agrarias, vulnerando la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmaron los legisladores.

En opinión del analista de políticas y legislación ambiental Alberto Barandiarán, el gobierno "ha dejado en evidencia que estos decretos no eran necesarios para el TLC con Estados Unidos, y que solo aprovechó la situación para promover un modelo económico que privilegia la inversión privada".

Según dijo el experto a IPS, el Ejecutivo modificó el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia no sólo en un decreto o dos, sino "diseminando esos propósitos en varias normas", por lo menos 10 relativas a la selva, "que han complicado el análisis" y la búsqueda de "una solución".

En 2007, el gobierno de Alan García había pretendido abordar todos esos aspectos en un único proyecto de ley de promoción de inversión privada en la Amazonia. Ante el rechazo que despertó en el Congreso, el Ejecutivo solicitó la delegación de facultades parlamentarias para realizar las reformas necesarias a la aplicación del TLC.

Las líneas maestras del plan habían sido expuestas por García en dos artículos que publicó en el periódico El Comercio, en octubre y noviembre de 2007, en los que calificaba a los críticos de la inversión privada como "perros del hortelano", que no comen ni dejan comer, y consideraba ociosas las tierras amazónicas porque "el dueño (el comunero) no tiene formación ni recursos económicos".

El decreto 1.090, suspendido desde el lunes 8 y por 90 días por el Congreso, modificó la ley de flora y fauna silvestre, abriendo la posibilidad de cambiar el uso de tierras forestales para otros fines, como explotación de hidrocarburos.

Su aplicación entrañaría que 60 por ciento de los bosques primarios, unas 45 millones de hectáreas, dejarían de ser patrimonio forestal y podrían ser vendidos. Las concesiones petroleras y gasíferas ya cubren más de 70 por ciento del territorio amazónico.

Para aplicarlo se requiere del decreto 1.064, que dejó sin efecto la ley de tierras de 1995. Éste último, según Barandiarán, es más lesivo por lo que deroga que por sus nuevas disposiciones.

Por ejemplo, la ley anterior contemplaba dos opciones para autorizar el desarrollo de las industrias extractivas: la negociación directa con las comunidades y el proceso de servidumbre.

La servidumbre permitía que la empresa solicitara un permiso al sector competente del gobierno central para ejercer su actividad en cierta zona por un período determinado, a cambio de una compensación a las comunidades dueñas de las tierras.

El decreto 1.064 eliminó esa modalidad que, si bien era criticada, representaba al menos un mecanismo para que las poblaciones locales expresaran su posición, indicó el experto.

Sin la servidumbre, quedó un vacío legal que las empresas pueden aprovechar para solicitar el cambio de uso de tierras forestales para cualquier actividad o para "apelar al derecho de desbosque, es decir que se tale una determina zona para desarrollar la minería o los hidrocarburos", expuso Barandiarán.

En su opinión, "las comunidades cuestionan principalmente que no se respete su visión de desarrollo y su opinión", quitándoles la garantía de la consulta, contemplada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1.064, alegando que vulnera derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa a las comunidades nativas, consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por este país.

Además, la ley de tierras, por ser orgánica, sólo podía ser derogada por la mitad más uno de los miembros del parlamento, y no por un decreto del Poder Ejecutivo.

La dirigencia indígena cuestionó en total 10 decretos legislativos. Si bien la comisión del Congreso los había considerado inconstitucionales en diciembre, el bloque oficialista se negó a tratar su derogación, llevando a las organizaciones nativas a retomar sus protestas en la primera semana de abril, bloqueando carreteras, puertos fluviales y estaciones de bombeo de gas y petróleo.

En agosto de 2008, los nativos amazónicos ya se habían conseguido derogar otras dos de esas normas, los decretos 1.015 y 1.073, que habilitaban la venta de tierras comunales autorizada apenas con los votos de la mitad más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria.

Los acontecimientos prueban que "el proyecto político de García, sustentado en la inversión privada a toda costa, ha entrado en crisis. La derogatoria de estos decretos es un primer paso, pero no la solución", dijo a IPS el historiador Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pero, además, se ha instalado la sospecha.

Algunos decretos, como el 994, son rechazados sobre todo por temor, dijo a IPS el especialista en recursos naturales Laureano del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.

Ese decreto promueve inversiones en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola en tierras eriazas que se ubican sobre todo en la costa y no en la Amazonia, señaló el estudioso.

Pero, "como el gobierno siempre ha manipulado la entrega de tierras en la selva, hay mucha desconfianza", aseguró el especialista. (FIN/2009)

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Friday, June 12, 2009

QUE EN CHILE OPERA UN TRAFICO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y PERSONAL ES UNA REALIDAD. NO ES DE AHORA ES DE HACE MUCHOS AÑOS.

QUE EN CHILE OPERA UN TRAFICO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y PERSONAL ES UNA REALIDAD.
 
  •  NO ES DE AHORA ES DE HACE MUCHOS AÑOS.

El Boletín de informaciones Comerciales- que se confunde con DICOM-  es la base del tráfico de información ya que se la venden a quien la solicite y pague.Es fuente de financiamiento de un Gremio . Tanto es así , que los Bancos e instituciones Financieras emplean lo que se llama el "Histórico" haciendo  caso omiso a la legislación vigente.
La Información personal y de empresas, los usuarios se sienten cada vez más desprotegidos y exigen leyes más estrictas para defender su intimidad. Es preciso abrir un debate sobre la necesidad de mejoras legales para conseguir una protección de los ciudadanos más eficiente.
Debemos considerar que las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos años han  permitido que ciertas personas , determinadas empresas y Gremios  se comporten  en detrimento de la esfera privada de los individuos. Nuestros datos personales fluyen por todo el mundo, con o sin nuestro consentimiento. Nadie escapa a ello , asi es que e l Estado , entidades  privadas  tienen acceso a nuestro material más sensible, a nuestra privacidad  y todo ello con un tremendo lucro tras ellos. Es un negocio fabuloso el traficar información de las personas y empresas.  Necesitamos una Ley de Protección de Datos que resguarde nuestros derechos y libertades.
www.parciudadana.blogspot.com

Fuente:rg
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Tuesday, June 02, 2009

DEFENSOR DEL PUEBLO: Binner elevará el pliego de Bistoletti próximamente

Binner elevará el pliego de Bistoletti próximamente

01/06/2009 06:30 | Pese a los cuestionamientos dentro del propio Frente Progresista (el PDP), el gobernador aseguró que enviará el pliego del Dr. Edgardo Bistoletti para Defensor del Pueblo a la Asamblea Legislativa, sin más precisiones. Desde el oficialismo dicen que será después de las elecciones.

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Varios meses después de haberlo propuesto, y pese a los severos cuestionamientos de uno de los bloques que integra el Frente Progresista, el gobernador Hermes Binner confirmó que "en breve" enviará a la Legislatura el pliego del juez correccional Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de Santa Fe. 

El jefe de la Casa Gris fue extremadamente escueto en su respuesta y se excusó de dar mayores precisiones, a sabiendas que el proceso legislativo para ungir como ombudsman al magistrado no será sencillo: sobre 69 integrantes de la Asamblea Legislativa, el PJ posee 35 y al menos tres diputados del PDP, dentro de la coalición oficialista, ya adelantaron su voto negativo. Más aún: un cuarto legislador del Frente, Marcelo Brignoni, deslizó en el verano pasado que no acompañaría la propuesta de la gobernación. Las distintas vertientes del peronismo aún no definieron la postura a adoptar aunque algunos operadores justicialistas no descartaban la figura de la abstención, para restarle legitimidad a la designación del futuro titular de la Defensoría.

A fines de diciembre, Binner recibió a Bistoletti en su despacho de la delegación local de la Gobernación. En aquella oportunidad el gobernador oficializó el ofrecimiento que le hizo al juez correccional para ocupar la vacante generada tras la finalización del mandato de Carlos Bermúdez. Desde diciembre la Defensoría está acéfala, y la ejercen de manera interina las defensoras adjuntas Liliana Meotto y Liliana Loyola.

Tras la publicación del edicto con los antecedentes del magistrado, a mediados de enero comenzó la etapa de objeciones e impugnaciones. En total fueron seis los cuestionamientos presentados, que luego fueron respondidos por el postulado. La más contundente de las respuestas fue a la impugnación presentada por el diputado reutemista Alberto Monti: en la nota remitida a la Directora Provincial del Consejo de la Magistratura, Carolina Zancada, el juez Bistoletti recordó que cuando fue votado en la Legislatura su pliego como magistrado "el entonces senador Monti era presidente de bloque del partido gobernante, e integraba la Comisión de Acuerdos para el nombramiento de magistrados, tanto así que fue uno de los que votaron favorablemente e hicieron posible mi designación".

"No alcanzo a salir de mi asombro -continuó Bistoletti al observar que el ahora impugnante, es la misma persona que junto a otros miembros de la Comisión de Acuerdos hizo posible con su aprobación y voto afirmativo en la Asamblea Legislativa mi nombramiento como Juez, y ello lo descalifica para impugnar lo que antes había aprobado".

En su nota, Bistoletti refuta otro cuestionamiento de Monti, referido a la "falta de prestigio e independencia ante la sociedad", instancia en la que el diputado del PJ cita argumentos del líder de la democracia progresista, Carlos Favario, quién dos décadas atrás impugnó su designación. Al respecto, Bistoletti señaló: "Debo remarcar una vez más que yo nunca fui funcionario de ningún régimen militar, y menos aún del más cruento y sanguinario que existió en el país; al cual sí podemos afirmar, coadyuvó la persona que ahora el impugnante trae a colación como abanderado de la democracia, siendo colaboracionista de dicha dictadura ejerciendo un importante cargo en la Municipalidad de Rosario. Creo que sobre esto más no se puede decir".

Para la Casa Gris, las respuestas de Bistoletti a las impugnaciones fueron "satisfactorias", razón por la cual el propio gobernador resolvió ratificar su decisión de promover al juez rosarino como ombudsman provincial. "Lo vamos a enviar al pliego", dijo Binner ante la consulta de Rosario/12, tras lo cual se excusó de dar precisiones sobre plazos, aunque desde la gobernación deslizaron que el mensaje llegará a la Legislatura "seguramente después de las elecciones" para evitar una mayor politización del debate.



Fuente: Rosario 12

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Monday, June 01, 2009

defensor del pueblo Un año de quejas ante el Defensor

Un año de quejas ante el Defensor

Una selección de los casos más llamativos tramitados por Chamizo en 2008

REYES RINCÓN - Sevilla - 31/05/2009

 
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El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, presentó esta semana en el Parlamento su informe de 2008. El documento resume la actividad de su oficina el año pasado, en el que las dificultades relacionadas con la financiación de la vivienda, el pago de hipotecas y la morosidad de las administraciones centraron buena parte de las más de 5.600 quejas presentadas. Al margen de la crisis, el quipo de Chamizo se ocupó de materias muy diversas. Lo que sigue es una selección de algunas de las más llamativas.

      La noticia en otros webs

      Una maltratada se queja de que la Junta estudie declarar en desamparo a su hijo

      La orientación sexual de un hombre figuraba en su historial médico

      - Violencia de género. El defensor admitió a trámite el año pasado 41 quejas relacionadas con políticas de igualdad de género. Entre ellas cuenta el caso de una usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla (IAM) como víctima de malos tratos. La mujer se dirigió al defensor para protestar por el funcionamiento del programa Cualifica (formación para encontrar empleo) y para mostrar su "indignación" por una de las consecuencias de su paso por el IAM.

      Según recoge el informe, en una de las entrevistas con el personal del centro, la mujer expresó deseos de suicidio, lo que supuso que el IAM diera parte al Servicio de Protección de Menores por la "posible situación de riesgo de su hijo". El expediente de desamparo acabó archivado, pero después de que Bienestar Social llevara a cabo las indagaciones habituales para valorar si la mujer estaba en condiciones de cuidar del niño: visitas a su casa de la unidad de policía adscrita a la Junta, petición de un informe al pediatra y al colegio, consultas a los servicios sociales que habían atendido a la mujer.

      Chamizo alerta de que "no era la primera vez" que su oficina tiene conocimiento de casos similares que acaban archivados, pero después de ocasionar "numerosos trastornos" a la afectada. El defensor entiende que, como prevé la ley contra la violencia de género, el IAM tenía que tener información de la mujer y el niño como para no necesitar estas nuevas indagaciones.

      A la vista del caso, Chamizo recomendó al IAM que diera "instrucciones precisas" al personal de atención de víctimas de malos tratos sobre los criterios "objetivos" que deben motivar denuncias por desamparo de los hijos, para que "incluyan siempre" un informe del trabajador social y el psicólogo que esté tratando a la mujer. El IAM aceptó la recomendación, por lo que el defensor ha archivado el caso.

      - Derecho a la intimidad. Varias de las quejas más llamativas relacionadas con la salud tienen que ver con el contenido de la historia clínica del paciente. El informe se detiene en el caso de un hombre que al acudir por primera vez a su centro de salud, tras cambiarse desde otro, se da cuenta de que en su historial digital está escrita la palabra "homosexual". A instancias del defensor, Salud contesta que esta indicación consta en un apartado de la historia destinado a que el médico haga anotaciones "que puedan resultar de interés clínico".

      El afectado, sin embargo, asegura que nunca ha ido al médico por nada que tenga que ver con su orientación sexual. Además, según el defensor, lo que aparece en el historial es la palabra "homosexual" seguida de un signo de interrogación de cierre, de lo que se deduce que no es "información clínica".

      Tras la queja, Salud se comprometió a ordenar a los centros que cuando sea necesario anotar aspectos del paciente "relacionados con factores de riesgo (orientación sexual, prácticas de riesgo, etc)" se haga garantizando la intimidad y la dignidad del usuario. Chamizo cree "insuficientes" estas instrucciones, que además de considerar la homosexualidad un factor de riesgo, obvian que anotaciones de este tipo deben contar con el consentimiento del interesado, según las leyes españolas y europeas.

      Después de estudiar el caso, el defensor recomienda que las historias clínicas "no contengan valoraciones o apreciaciones" que puedan afectar a la intimidad y la dignidad del paciente y que, si se hace, se recabe su consentimiento. Además, pide a Salud que valore abrir una información reservada para depurar responsabilidades. La consejería no ha asumido ninguna de las peticiones. Fuentes de este departamento niegan que estas anotaciones atenten contra la intimidad ya que la historia clínica "pertenece" al paciente y sólo se accede a ella cuando él da sus datos.Salud alude también a una excepción de la ley de protección de datos para los casos de asistencia sanitaria.

      - Educación. Los asuntos relacionados con educación acapararon el año pasado una de las mayores bolsas de quejas (680). Aunque la casuística es muy diversa, Chamizo dedica un capítulo a los problemas de convivencia en los centros. Y, dentro de este apartado, llama la atención la queja de una madre cuya hija de 13 años había sido expulsada de un instituto sevillano tras pelearse con otra compañera. Cuando la mujer se dirigió al defensor (en enero de 2008) hacía ya tres meses que la chica no acudía a clase porque seguía a la espera de que le asignaran otro centro. Por fin se incorporó a su nuevo instituto el 25 de febrero.

      Chamizo califica de "lamentable" este retraso, que supera con mucho los 20 días que marca la ley, por lo que pidió un informe a la Delegación provincial de Educación, que, a una primera consulta del defensor, había justificado el retraso en el "exceso de celo garantista" con el que se estaba tratando el caso. Educación señala luego a las vacaciones de Navidad y a la dificultad de la búsqueda de vacantes en otro centro como causas del retraso, pero las explicaciones no convencen al defensor, que recomienda a la Administración que adopte las medidas necesarias para que no se repitan situaciones similares. "Aún a fecha de hoy estamos a la espera de que nos manifiesten la aceptación de dicha recomendación o, en su caso, las razones para no asumirlas", concluye el informe.

      - Carril-bici. Chamizo abrió de oficio una queja para valorar el carril-bici de Sevilla. En su informe, incide en las ventajas de esta infraestructura y recomienda que se extienda por otros municipios. Pero el defensor ve también puntos negros en el proyecto de la capital. Sus críticas se centran en actual diseño de este carril, que, en su opinión, "ocupa en exceso las aceras", por lo que los peatones "han visto reducido su espacio de forma ostensible" e incluso se han creado situaciones de riesgo. Chamizo entiende, además, que la ordenanza municipal que autoriza a los ciclistas a circular sobre las aceras y zonas peatonales es "nula de pleno derecho" porque contradice el reglamento general de circulación de 2003.

      Tanto el Ayuntamiento como la asociación ciclista A contramano manifestaron su disconformidad con la queja, pese a lo cual el defensor ha recomendado al Ayuntamiento de Sevilla que confeccione un proyecto de mejora del carril y deje sin efecto la autorización que permite a los ciclistas circular por las zonas peatonales.

      - Retraso en el SAS. Entre las quejas relacionadas con la gestión de Salud, Chamizo destaca el caso de una mujer a la que, tras haber padecido un cáncer de ovarios, se le vuelven a detectar en unos análisis indicadores tumorales muy elevados, por lo que el médico de cabecera le recomienda un PET, un tipo de prueba diagnóstica. Le dan cita en el SAS para varios meses después y, tras protestar sin éxito, se hace la prueba en una clínica privada, donde le descubren un tumor avanzado. La mujer reclama a Salud el reintegro de los gastos de la asistencia, pero se lo rechazan por entender que ésta no era "urgente, inmediata y vital". El defensor recomienda que el reintegro del dinero.


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      Rodrigo González Fernández
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      Friday, May 29, 2009

      defensorpueblo: El Defensor del Pueblo denuncia la "inoperancia" del Banco de España a la hora de resolver reclamaciones

      El Defensor del Pueblo denuncia la "inoperancia" del Banco de España a la hora de resolver reclamaciones

      Considera un problema recurrente las comisiones que las entidades cargan a sus clientes

      • Fecha de publicación: 27 de mayo de 2009

      El Servicio de Reclamaciones del Banco de España crea expectativas que no se cumplen en los usuarios y supone una pérdida de tiempo, tal como afirma el Defensor del Pueblo en su último informe, en el que se denuncia la "inoperancia" de este servicio.

      "Una vez más hay que insistir en la insuficiencia de la actuación del Banco de España, en concreto del Servicio de Reclamaciones, para cumplir las funciones asignadas por las normas de resolución de conflictos entre particulares y entidades financieras", sostiene el informe. "Lamentablemente, los usuarios finalmente renuncian a sus derechos permitiendo que las entidades operen con cierta impunidad", apunta el Defensor del Pueblo, para el que la experiencia ha demostrado que el Servicio de Reclamaciones "es inoperante para el cumplimiento de su finalidad tutelar".

      La institución dirigida por Enrique Múgica destaca como un problema recurrente las comisiones que las entidades cargan a sus clientes por las operaciones que realizan. Aunque en un mercado libre no se pueden establecer tarifas, sí se puede supervisar su procedencia y su correspondencia con el servicio prestado, apunta el trabajo. En este sentido, recalca que las comisiones deben responder a una solicitud del cliente y no a una imposición arbitraria de la entidad. Además, el importe de las mismas debe ser proporcional con el coste que la prestación suponga para la entidad, añade.

      El Banco de España debería resolver los problemas entre las entidades y los clientes "de la manera más sencilla, económica y eficaz, para evitar que el usuario de los servicios financieros se vea abocado a acudir a los tribunales", mantiene en su informe el Defensor del Pueblo.


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      Wednesday, May 27, 2009

      DEFENSOR DEL PUEBLO: Los españoles se sienten maltratados por los poderes públicos

      Los españoles se sienten maltratados por los poderes públicos


      Nota



      Los españoles se sienten maltratados por los poderes públicos
      Las quejas de los españoles al Defensor del Pueblo se han disparado, lo que demuestra que los ciudadanos se sienten maltratados por los poderes públicos. En 2008 hubo un 41 por ciento más de reclamaciones ciudadanas que el año anterior, lo que indica también que el deterioro de la política, la degeneración de la democracia y el desprestigio de los dirigentes políticos españoles empiezan a reflejarse en forma de descontento y protesta ciudadana.

      El propio efensor del pueblo, Enrique Múgica, ha reconocido que si las quejas han aumentado este año es porque la gente se siente cada vez más maltratada.

      La corrupción, la arrogancia y la ineficiencia del poder político y, sobre todo, el mal gobierno generalizado están detrás de las quejas, muchas de las cuales se refieren a la Justicia, a la policía, a la falta de equidad, a la arbitrariedad de las administraciones, a la administración de Hacienda y a la Educación, pero no faltan quejas por la inseguridad ciudadana e, incluso, por la práctica de la censura y la marginación de los que no comulgan con la cultura política dominante.


      Miércoles 27 Mayo 2009

      Fuente:VOTOENBLANCO.COM
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      Sunday, May 24, 2009

      HONDURAS Debe tomarse con seriedad denuncia de Micheletti

      Debe tomarse con seriedad denuncia de Micheletti

      Sábado 23 Mayo 2009

      **Con fiscal general, estamos dispuestos a enfrentar cualquier enemigo de la patria

      Ramón Custodio cuando salía ayer por la tarde de las oficinas del fiscal general.
      TEGUCIGALPA.- El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, aseguró que "no confío en ningún policía de Honduras".

      El funcionario instó "al Congreso Nacional a derogar la Ley de Policía que aprobaron recientemente, en donde le dan todos los poderes a los miembros de ese cuerpo de seguridad del Estado".

      Las autoridades encargadas de la seguridad argumentaban que para enfrentar la delincuencia era necesaria una nueva Ley de Policía, sin embargo, pese a que ya cuentan con esa nueva ley, el nivel de delincuencia ha incrementado en el país, principalmente en lo que respecta a los secuestros y la ejecución de personas.

      El defensor de los derechos humanos es del criterio que "se debe tomar con seriedad lo expresado por el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, que denunció públicamente que está siendo amenazado de muerte y que ya no confía en la policía".

      "Hay que tomarlo en serio, y si el propio presidente del Congreso dice  que ya no confía en la  policía, lo que deben hacer es derogar la Ley de Policía, que aprobaron recientemente, en donde le dan todos los poderes a los policías", señaló.

      Custodio comentó que "la Comisión de Seguridad del Congreso cometió un "crimen" en contra de la seguridad pública, al haberle dado a los policías todos los poderes".

      "Antes teníamos unas fuerzas armadas ultra-poderosas, hoy son los  policías", indicó.

      El titular del organismo humanitario, manifestó que en su visita a Europa, tuvo que cantarle las verdades a la Unión Europea, a quien responsabilizó del modelo incorrecto de policía que han impuesto en Honduras.

      "No confío en ningún  policía de Honduras y por eso ando sin guardaespaldas porque tampoco confío en cualquier gente armada a mi alrededor, honestamente, estamos llegando a niveles de inseguridad en que ya la ciudadanía ni siquiera confía en su propia policía".

      Cuestionó que hay funcionarios del gobierno que en lugar de estar atendiendo y enfrentando problemas como el de los secuestros, "más bien andan en política".

      "Están más haciendo política que gobernando y tratando de garantizarle al pueblo hondureño la seguridad pública y la integridad territorial".

      Explicó que "la policía es para dar seguridad pública y sobre todo, para prevenir e investigar el delito no para que anden en sinvergüenzadas y metidos en labores delincuenciales".

      Agregó que por eso la Unidad de Asuntos Internos debe ser una institución autónoma que investigue a los policías sinvergüenzas y delincuentes.

      MEDIDAS

      El ombudsman hondureño desmintió al vocero de la Secretaría de Seguridad, Héctor Iván Mejía, que en declaraciones a la prensa afirmó que no habían recibido la solicitud de medidas cautelares a favor del periodista Armando Villanueva.

      "Decir esto públicamente puede hacerle creer al periodista Armando Villanueva que se tomó su denuncia en el comisionado y que lo estamos engañando, porque le dijimos, vamos a pedir las medidas cautelares", acotó.

      Custodio hizo referencia al oficio en el que le pide al secretario de Seguridad, Jorge Alberto Rodas Gamero, que "delegue a quien corresponda implementar con carácter de urgente las medidas de seguridad que estime pertinente en aras de garantizar la vida e integridad física de Armando Villanueva y su familia, con el fin de evitar que el Estado de Honduras sea responsable por violación a los derechos humanos".

      Agregó que lo afirmado por el vocero de la Secretaría de Seguridad, "lo hace quedar mal o está mintiendo en forma fría y abierta porque el oficio fue recibido en esa Secretaría a las 15:30 del 15 de mayo del 2009".

      "Si estamos ante funcionarios policiales que mienten, que niegan la verdad, entonces la  decisión del señor presidente del Congreso Nacional de no confiar en la policía es correcta".

      ENFRENTAR ENEMIGO

      El Comisionado ratificó su posición de apoyar las determinaciones del Ministerio Público (MP) y Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la defensa de la Constitución de la República.

      "Estamos dispuestos a enfrentar cualquier enemigo de la patria", expresó luego de terminar una reunión con el Fiscal General del Estado, Luis Alberto Rubí, ayer por la tarde.

      Al consultarle sobre el motivo específico de su visita al Fiscal General, respondió que  "es un solo motivo: la preocupación por el respeto a la institucionalidad que debe caracterizar el Estado de Derecho de Honduras y además de eso, el derecho que tenemos como ciudadanos y la obligación como funcionarios de velar porque en todo momento se respete la Constitución de la República".

      "Mi visita ha sido específicamente para dejar clara la posición de las dos instituciones y hay coincidencia en cuanto a la legalidad y la constitucionalidad que representa lo que ya conoce el pueblo hondureño dicho por la Procuraduría General de la República y por la Fiscalía General del Estado, el comisionado viene únicamente a ratificar y a planificar en caso de que haya necesidad, resistencia en nuestro espíritu democrático, estamos dispuestos a enfrentar a cualquier enemigo de la democracia".       

      En torno a la consulta que el Poder Ejecutivo pretende llevar a cabo, para conocer si la población hondureña apoya las reformas a la Constitución de la República, Custodio reiteró que no apoya ninguna determinación que no esté enmarcada en Ley.

      "No debe haber excesos de autoridad de ningún poder del Estado y que el pueblo hondureño sepa qué es lo que debe esperar de cualquier propuesta que se le haga del orden constitucional, debe quedar claro de que la Constitución de la República es reformable en todo aquello que la misma Constitución dice que debe ser reformada".
       
      "No se va a reformar lo que le estorbe a cualquier otro poder del Estado…Yo como hombre y como ciudadano debo cumplir mis deberes patrios", remarcó Custodio.

       

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      Thursday, May 21, 2009

      DEFENSORPUEBLO: Múgica cree que para combatir el hambre hay que cambiar las estructuras políticas

      Múgica cree que para combatir el hambre hay que cambiar las estructuras políticas

      El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha considerado hoy que el hambre y la pobreza pueden combatirse si "se produce un cambio en la estructuras políticas y económicas".

      Múgica cree que para combatir el hambre hay que cambiar las estructuras políticas
      El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, conversa con el presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, Marcelo Palacios, durante la clausura del VI Congreso Mundial de Bioética que ha debatido esta semana en Gijón aspectos relacionados con el hambre, la pobreza, la biotecnología y el consentimiento informado. EFE

      Múgica ha hecho esta declaraciones a los periodistas antes de clausurar el VI Congreso Mundial de Bioética titulado "Hambre, pobreza y bioética" celebrado en Gijón desde el pasado lunes 18 de mayo.

      A la clausura de las jornadas, organizadas por la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), han asistido el consejero de Salud del Gobierno asturiano, Ramón Quirós; la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el presidente del Comité Científico de la SIBI, Marcelo Palacios.

      Para el Defensor del Pueblo, combatir el hambre en el mundo es posible, y ha recordado que "la miseria y el hambre no son cuestiones inevitables, sino que asuntos que han de ser tenidos en cuenta por los gobiernos".

      Ha declarado que "en los tiempos más remotos de la Humanidad ha habido hombres y mujeres que se han dedicado a luchar por la libertad y por la igualdad".

      El Defensor del Pueblo ha apuntado que "no debemos cesar en esta lucha hasta que termine la injusticia que supone el hambre y la opresión de los pueblos".

      Para Múgica, este cambio es una cuestión de voluntad política, que puede hacer que "los pueblos sean protagonistas de su propia historia".

      En este sentido, ha señalado que el hambre y la miseria son cuestiones "prioritarias" en las políticas del Gobierno de España porque "han crecido los fondos destinados a la ayuda y cooperación internacional" en los últimos años.

      Múgica ha destacado que las ayudas son necesarias, pero ha comentado que "todo crecimiento es poco en relación a lo que esos pueblos necesitan".

      Para acabar con el hambre, el Defensor del Pueblo ha dicho que nos es partidario de condonar la deuda externa que España tiene con países tercermundistas porque "muchos de ellos están basados en sistemas corruptos en los que, a su juicio, el beneficio no repercutiría sobre la población, sino sobre sus dirigentes".

      En su intervención en la clausura del VI Congreso Mundial de Bioética, ha subrayado que la calidad de vida es un derecho que ha de reconocerse a todos los pueblos en una era de progreso que "debe hacerse efectivo para erradicar el hambre y las enfermedades de los pueblos".

      Ha señalado que el llamado Primer Mundo y las democracias tienen un papel esencial para combatir "las telarañas e injusticias" que se producen en el Tercer Mundo.

      Marcelo Morelo ha reconocido que el congreso ha sido "muy positivo", pero ha comentado que "es vergonzoso" que el hambre siga siendo una realidad en el mundo en el que vivimos.

      Durante el acto se ha leído una declaración de la ciudad de Gijón contra la pobreza y el hambre elaborado por profesores y alumnos de un instituto de secundaria, en la que han denunciado que toda persona tiene derecho a una alimentación, educación, asistencia sanitaria, tal y como reconocen las Naciones Unidas.

      En su declaración, han apuntado a que la crisis económica puede agudizar la hambruna y la pobreza en países como India, China, Bangladesh y El Congo.

      El congreso ha reunido a expertos en la materia,como el obispo y misionero Nicolás Antonio Castellanos, ganador del premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 1998, quien declaró que la crisis económica "es un buen momento" para debatir sobre la necesidad de llegar a un "un pacto social entre ricos y pobres que permita construir un mundo más justo

      MÁS INFORMACIÓN, PINCHA AQUÍ
      http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/200905212353-mugica-cree-que-combatir-hambre.html
      Fuente:QUE.ES
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      Wednesday, May 13, 2009

      defensor del pueblo: El Defensor del Pueblo Europeo investiga a la Comisión a instancias de Ecologistas en AcciónPublicado: | Fuente: Ecologistas en Acción| Categorías: Denuncias, Unión EuropeaEl Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman) ha abierto una inves

      El Defensor del Pueblo Europeo investiga a la Comisión a instancias de Ecologistas en Acción

      Fuente: Ecologistas en Acción
       
      El Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman) ha abierto una investigación de oficio para aclarar las presuntas irregularidades en el tratamiento de las denuncias ambientales por parte de la Comisión Europea. Dicha investigación se apoya en la evidencia aportada por Ecologistas en Acción, que ha recogido durante los últimos años ejemplos de dejación de funciones por parte de la Comisión Europea a la hora de registrar las denuncias de ciudadanos y organizaciones ecologistas.

      Ecologistas en Acción llevaba años alertando de que la Comisión Europea hacía dejación de funciones al incumplir sus propias normas relativas al registro de quejas ambientales. Una norma de la Comisión Europea obliga a esta institución a registrar como denuncia ambiental cualquier escrito de los denunciantes, que identifique una posible violación del Derecho Comunitario Ambiental. Sin embargo, la práctica en los últimos 5 años ha sido la de restringir el registro y reservarlo sólo a aquellos casos que la Comisión considera importantes. Esto excluye de facto multitud de proyectos impactantes que no llegan a la categoría de mega-proyectos del calado de la M501 o el macro-puerto industrial de Granadilla, pero que no dejan de tener un importante impacto ambiental.

      Para Ecologistas en Acción es inaceptable que la Comisión reduzca las estadísticas de infracciones ambientales por el burdo método de no registrarlas, aceptando la premisa de que lo que no se cuenta, no existe. Es preciso señalar que si bien los Estados miembro tienen la obligación de cumplir la normativa ambiental, es obligación de la Comisión Europea vigilar por el correcto cumplimiento de la misma. A falta de capacidad de inspección sobre el terreno, las organizaciones ecologistas y ciudadanas se convierten en los "ojos" de la Comisión Europea, que le advierten de lo que ocurre in situ. Renunciar a ellos y darles las espalda, negándose a investigar los casos denunciados, es una evidente dejación de funciones y un caso claro de mala administración.

      Esta idea se ve ahora reforzada por la decisión del Defensor del Pueblo Europeo de abrir una investigación de oficio ante la sospecha de que la Comisión incumple sus normas en materia de registro de quejas. Ecologistas en Acción ha aportado evidencias de un número importante de casos en los últimos años en los que la Comisión rechazó registrar las denuncias ambientales sin una base legal para hacerlo. Ecologistas en Acción espera que la investigación del Ombudsman sirva para que la Comisión Europea cambie su actitud, se tome en serio las infracciones ambientales y envíe señales fuertes a los gobiernos nacionales, regionales y locales de toda Europa, y especialmente de nuestro país, de que quien contamina y agrede al medio ambiente no sale indemne. España se encuentra a la cabeza en número de infracciones ambientales.

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