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Thursday, July 09, 2009

ARGENTINA Confirman el fallo que prohíbe a GASNOR cortar el servicio por falta de pago

Confirman el fallo que prohíbe a GASNOR cortar el servicio por falta de pago

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                   Defensor del Pueblo

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el fallo de fecha 15/04/09 emitido por el Juez Federal Nº 2 de Jujuy, por cuanto hace lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, que ordena a la empresa GASNOR S.A. que se abstenga de efectuar cortes en el suministro de gas a los usuarios de esta provincia, motivado en la falta de pago de los importes correspondientes a nuevo cuadro tarifario, según cargo creado por el Decreto Nº 2067/08, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la acción de amparo promovida por el Ombudsman jujeño. 

 

Con motivo del Recurso de Apelación promovido por el Defensor del Pueblo de Jujuy ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que solicitaba se amplíe la medida cautelar dispuesta por el Juez Federal Nº 2 de Jujuy, por considerar necesario se disponga la suspensión en su aplicación del Decreto Nacional Nº 2067/08 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en la Acción de Amparo. 

El tribunal jerárquico consideró que lo resuelto por el Juez Federal Nº 2 es correcto, por cuanto confirma que la medida cautelar innovativa, importa una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que se configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. Más aún tratándose de un acto administrativo, para pedir la suspensión de sus efectos en sede judicial, es necesario extremar el análisis de los recaudos. 

El tribunal ponderó lo resuelto por el juez de primera instancia, por cuanto consideró la situación de los usuarios, dando calce a la solicitud de que se impida el corte de gas por falta de pago del cargo tarifario, y evitar así el menoscabo de sus derechos. Dejando así, que se disponga la recepción por separado del pago del consumo efectivo, sin el cargo cuestionado. 

Finalmente, resta apuntar que la naturaleza jurídica de los cargos creados por Decreto 2067/08, que según el demandante son una especia de tributo ( y no como un rubro más del régimen tarifario), presenta una complejidad que demanda análisis en la etapa procesal oportuna con suficiente espacio de debate. 

Nuevos Decretos 

Cabe destacar que el problema del aumento en las tarifas del servicio de gas se agravaría aún mas cuando se ponga en ejecución a través de los instrumentos pertinentes el Decreto 246/09 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que establece un aumento adicional a la tarifa de gas natural, producto de la renegociación que se comenzó en la audiencia pública del año 2005 y que quedó suspendida hasta mayo de 2008 donde se firmó el Acta Acuerdo aprobado por el Decreto 246/09. Existiendo la posibilidad según el anexo del mismo decreto, que dicho aumento se haga en forma retroactiva a agosto de 2008. 

Entonces, la vigencia en las tarifas de gas del decreto 2067/08 mas la posible aplicación del decreto 246/09 que imponen aumentos de tarifas, o el traslado de impuesto al usuario con efecto retroactivo, son y serían manifiestamente inconstitucionales e ilegítimos, porque lesionan gravemente los derechos de los mismos colocándolos en una situación de inseguridad jurídica, lo que significa que el usuario nunca quedaría liberado por el pago del servicio, ya que siempre se le podrían imponer cargos retroactivos.


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Rodrigo González Fernández
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Wednesday, July 08, 2009

ARGENTINA Trato indigno" de Edenor a sus clientes

Trato indigno" de Edenor a sus clientes

La empresa eléctrica pegó carteles con la leyenda "cliente moroso" en los medidores de usuarios que se habían negado a asumir el último aumento de tarifas. Defensa del Consumidor aplicó la nueva ley de protección de los usuarios y sancionó a la compañía.

 Por Sebastián Premici

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor condenó a Edenor por pegar carteles con la leyenda "cliente moroso" en los medidores de usuarios de la compañía que habían rechazado pagar los aumentos tarifarios dispuestos por la Secretaría de Energía. Quienes no abonaron esos incrementos lo hicieron amparados en una medida cautelar impulsada en su momento por el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Defensa del Consumidor señaló que los carteles violaron el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), por lo que obligó a la compañía a remover las pegatinas. "Lo que se condenó fue el trato indigno hacia los clientes de Edenor", resumió a Página/12 el abogado Claudio Boada, integrante de Unión de Usuarios y Consumidores, entidad que denunció el hecho. Este caso tiene la particularidad de que por primera vez se aplica aquel artículo de la reformada ley de protección de los usuarios, aprobada a principios del año pasado, luego de un fuerte lobby empresario en su contra.

"La empresa Edenor habría desplegado conductas que colocaron a los usuarios del servicio y clientes de la firma en situaciones vergonzantes y vejatorias ante el resto de sus vecinos y de la comunidad", señaló el fallo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, fechado el pasado 18 de junio, cuyo número de expediente es 0245182/2009. Producto de la violación a la ley 24.240, el organismo dispuso la remoción de esos carteles en el término de cinco días luego de publicada la sanción. Página/12 se comunicó con Edenor, adonde manifestaron su desconocimiento del fallo de Defensa del Consumidor.

La dependencia que conduce María Lucila "Pimpi" Colombo llegó a esta resolución luego de una denuncia de la Unión de Usuarios y Consumidores. "Aquellos que no pagaron no lo hicieron por desinterés, sino amparados en las excepciones establecidas por el Ministerio de Planificación. Los carteles señalándolos como morosos no son más que un método de presión por parte de Edenor", indicó a este diario Boada.

Las pegatinas fueron detectadas en Barrio Norte y en Villa Celina. En uno de los casos, un usuario solicitó ante la compañía la excepción del aumento y realizó un pago a cuenta de su factura de luz. "La empresa no sólo no le tomó la excepción, sino que tampoco aceptó el pago a cuenta. Con el agravante de que al otro día apareció el cartel de moroso", denunciaron a este diario desde la asociación de consumidores.

El artículo 8 bis de la ley 24.240 establece que "los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidantes". Todo lo contrario a lo realizado por Edenor, según el dictamen de Defensa del Consumidor.

Según el especialista Roberto Zorzoli, la actitud de Edenor también violaría otros artículos de la ley 24.240. "El artículo 4 obliga a las empresas a dar información confiable y veraz. Si colocan un cartel diciendo que en ese domicilio vive un moroso, cuando en realidad no lo es, se está desinformando", resumió Zorzoli.

Quienes decidieron no pagar los aumentos tarifarios lo hicieron avalados en una resolución judicial interpuesta por el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. El ex ombudsman presentó una medida cautelar para "suspender los efectos derivados de los aumentos tarifarios", entre ellos la imposibilidad de que Edesur, Edenor y Edelap puedan recibir los aumentos y que se les prohíba cortar el suministro a aquellos clientes que no pagasen su factura. La jueza Cecilia Gilardi, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 9, sólo aceptó este último punto.

Según indicó a este diario Boada, Edenor ya habría retirado los carteles. De no cumplirse con esta medida, Defensa del Consumidor estipuló una pena contemplada en el artículo 239 del Código Penal: de 15 días a un año de cárcel por desobedecer a un funcionario público.

La política intimidatoria de Edenor fue similar a la aplicada por otras compañías –como bancos y aseguradoras– que ante la falta de pago de un cliente envían cartas como cédulas judiciales a vecinos o empleadores, advirtió Boada.


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Partidarios de Micheletti buscan apoyo en EE.UU. alegando legalidad del golpe

Partidarios de Micheletti buscan apoyo en EE.UU. alegando legalidad del golpe

07 de Julio de 2009, 08:10pm ET

Washington, 7 jul (EFE).- Una delegación de políticos y empresarios partidarios del nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, defendieron el derrocamiento de Manuel Zelaya amparándose en la Constitución y mostraron su disposición a iniciar un diálogo.

La delegación compuesta por congresistas hondureños, empresarios y representantes sindicales como el congresista Enrique Rodríguez, del Partido Liberal, el ex secretario de Exteriores, Leonidas Rosa y el ex embajador de Honduras en EE.UU., Roberto Flores, pidió en una rueda de prensa que se escuche "a todas las partes".

Rosa, que fue uno de los miembros que redactó la actual Constitución hondureña de 1982, aseguró que el derrocamiento de Zelaya "fue una solución constitucional, no fue un golpe de Estado", momento en el que 3 activistas desplegaron una pancarta y gritaron "fuera golpistas" y "Mel amigo el pueblo está contigo", a lo que algunos miembros del público reaccionaron con un "fuera chavistas".

El político aseguro que "los organismos internacionales le dieron un nombre a los hechos ocurrido en Honduras y le denominaron golpe de Estado, pero si uno busca en un libro académico y compara con lo que ha ocurrido en Honduras no hay manera de decir que es un golpe de Estado".

"En ninguna parte ocurre un golpe de Estado en el que las instituciones siguen funcionando. El Congreso, los mecanismos de derechos humanos, el Ministerio Público y el Ombudsman (defensor del pueblo) está de acuerdo con que el procedimiento ha sido correcto", agregó.

Según explicó el ex embajador Flores a la prensa, la delegación estará en Washington, hasta el viernes para busca apoyos y se reunirá con algunos legisladores como el líder demócrata Eliot Engel, el congresista republicano Lincoln Díaz-Balart y la congresista demócrata Gabrielle Gifford.

El diplomático dijo que la intención de esta comisión es "contribuir al diálogo" y valoró el apoyo que dio Estados Unidos al proceso de mediación que va a iniciar el presidente de Costa Rica, Óscar Arias.

"He recibido con una enorme alegría que Estados Unidos haya apoyado esta iniciativa, que el presidente Micheletti apoya", afirmó Flores.

Esta voluntad política significa que "este es un proceso que va a comenzar, y espero que llegue a buen término", señaló.

El ex embajador lamentó que los organismos internacionales "no hayan escuchado todas las partes del conflicto" y que Honduras haya sido condenada "sin tener todos los elementos de juicio delante".

Honduras fue suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado fin de semana después de que el Gobierno de Micheletti no aceptara el ultimátum de 72 horas que le dio el organismo para que aceptara la vuelta al poder de Zelaya.

"Hubiéramos preferido que antes de que se tomen decisiones por parte de las instituciones internacionales hubiera habido una misión que obtuviera todos los datos de que fue lo que sucedió", agregó.

Sin embargo, preguntado por la prensa sobre si el nombramiento de Arias deja en entredicho a la autoridad de la OEA, Flores señaló que el organismo "siempre tendrá un papel que jugar", lo importante es que ya hay "un mecanismo de solución siempre marcado entre los mecanismos de la diplomacia".

Esta delegación coincide con la presencia en Washington del presidente depuesto, que esta mañana se reunió con la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.

Preguntado por la posibilidad de entablar diálogo con Zelaya señaló: "no hemos programado nada de momento, pero el diálogo está ahí abierto".

"Desconozco la posición de Zelaya, pero creo que el camino que se abre del dialogo con la figura de Óscar Arias y la expresión de voluntad de contribuir a este proceso por parte de la secretaria Clinton es extraordinaria", agregó.

También se encuentra en Washington el ex presidente del país Ricardo Maduro (2002-2006), quien aunque no forma parte de la delegación, se ha reunido con el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Thomas Shannon, y algunos funcionarios que no quisieron revelar.

"Hay contactos, hay intercambio de cómo se están llevando a cabo las conversaciones", señaló el diplomático, quien subrayó que "no se puede decir que sean una sola misión".

La comisión la completan, entre otros, el candidato presidencial en las elecciones de noviembre del Partido Cristiano Felicito Ávila, el congresista Rolando Dubon del partido Nacional; el congresista del partido Liberal Enrique Rodríguez Buchard; el empresario Jacobo Kattan y el representante de la Asociación de Manufactureros hondureños, Daniel Facusse. EFE

elv/pgp/lnm

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Friday, July 03, 2009

defensoria: Comisión Defensora Ciudadana condena nuevos errores en cuentas de la luz

Comisión Defensora Ciudadana condena nuevos errores en cuentas de la luz
Viernes 3 de Julio de 2009
Fuente :El Mercurio Online
Chilectra ya pagó dos multas de más de un millón de dólares impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustible por cobros indebidos.
SANTIAGO.- La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, dijo que es inaceptable que nuevamente vecinos de Huechuraba estén recibiendo cobros abultados en sus cuentas de la luz por parte de Chilectra, por lo que emplazó a la empresa a entregar respuestas claras y oportunas a los afectados.

"No basta con decir que sus medidores funcionan correctamente, porque es claro que acá existe un problema técnico, ya que no puede ser que alguien que antes pagaba 60 mil pesos ahora tenga una deuda de casi un millón de pesos en su boleta mensualmente", afirmó Mlynarz.

La asesora presidencial criticó además que la empresa esté dando cómo única solución a los afectados efectuar convenios de pagos. "Acá está siendo vulnerado el derecho a obtener una respuesta oportuna y de calidad, porque hay gente que ya repactó la vez anterior y de nuevo les están llegando cuentas abultadas", afirmó.

A juicio de Mlynarz, está claro que esa alternativa no es la adecuada por lo que Chilectra debe dar otras soluciones a sus clientes. Añadió que lo preocupante es que la empresa incurra nuevamente en estos cobros indebidos, pese a que ya tiene en su contra dos multas de más de un millón de dólares, aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por problemas en los cobros por medición y facturación.

"Si una compañía, pese a haber sido sancionada, sigue cometiendo las mismas irregularidades por las que fue multada, entonces está claro que necesitamos otras herramientas legales que complementen lo que están haciendo las autoridades fiscalizadoras".

Mlynarz señaló que lamentablemente los vecinos y vecinas afectados no les queda otra opción que recurrir a demandas colectivas que sin duda contarán con el apoyo del SERNAC para lograr reestablecer sus derechos y lograr indemnizaciones por lo vivido.

Además, recordó que el proyecto que crea la Defensoría de las Personas estipula que este organismo también debe velar por los derechos ciudadanos que son vulnerados por las empresas privadas que brindan un servicio público, como ocurre en este caso.

"Sin embargo, el proyecto aún no es votado en el Senado aunque ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ojala que los senadores se den cuenta de que los ciudadanos, sin instancias que complementen la labor de las Superintendencias y el SERNAC, seguirán sintiendo sus derechos vulnerados por abusos de parte de las empresas y se sentirán desprotegidos", sostuvo Mlynarz.

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Thursday, July 02, 2009

"¿Qué es lo que quieren los pueblos del mundo?"

"¿Qué es lo que quieren los pueblos del mundo?"

Custodio instó a la comunidad internacional a conocer a profundidad la situación del país.
Custodio instó a la comunidad internacional a conocer a profundidad la situación del país.
Mel Zelaya no atendía razones jurídicas, ni éticas, ni políticas, dice Ramón Custodio
30.06.09 - Actualizado: 01.07.09 12:56am - Redacción: redaccion@laprensa.hn

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Tegucigalpa,

Honduras

"La comunidad internacional que señala las acciones en Honduras no está aquí ni ha vivido la intransigencia con que Manuel Zelaya Rosales pretendía seguir gobernando el país", dijo ayer, en un comunicado de prensa, el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López.

El ombudsman pidió a los pueblos de Latinoamérica y a quienes pretenden entrometerse y dirigir la existencia de Honduras "que tomen en cuenta el derecho a la autodeterminación y la actitud sensata de la sociedad hondureña, que en este momento está dedicada a olvidar los conflictos políticos generados por el autoritarismo" del ex gobernante.

Custodio, férreo defensor de los derechos humanos, expresó que la condena internacional sobre lo ocurrido en Honduras es porque la mayoría de las personas que lo hacen no han vivido el proceso y no han estado presentes en el país para hablar con una persona que no atendía razones jurídicas, ni éticas, ni políticas, por lo que el diálogo se volvió imposible.

Agregó que el golpe de Estado del que hablan en el ámbito internacional tiene otras características que lo diferencian de los verdaderos golpes de Estado, si es que así le quieren llamar en otras partes del mundo.

Suficientes razones
Las autoridades legalmente constituidas en el país han actuado sin balas de por medio y sí con sobradas argumentaciones, sentencias y decisiones de los cuerpos del Estado. "Entonces, ¿qué quieren los pueblos del mundo?", se preguntó Custodio.

Señaló que cuando un poder elegido por el pueblo cae en la arbitrariedad, la Constitución de la República dice a los ciudadanos hondureños que tenemos derecho a la insurrección y no a la insubordinación.

"Los pueblos del mundo deben tomar un ejemplo de cómo una sociedad sensata, basada en principios y valores constitucionales, retoma el curso y vuelve a la constitucionalidad a través del nombramiento de un nuevo presidente del Ejecutivo", indicó.

Explicó que la presidencia de la República recayó en el titular del Poder Legislativo, como corresponde constitucionalmente, porque el ex presidente Manuel Zelaya sustituyó al Vicepresidente por un comisionado vicepresidente que él nombró de dedo, violentando la norma constitucional (Arístides Mejía).

"Cuando usted está tratando con una persona que no escucha, sólo él dicta órdenes y quiere que ésa sea la verdad absoluta", recalcó.

Autodeterminación

Según el defensor de los derechos humanos, parece que los pueblos del mundo hubieran querido que el Presidente estuviera en funciones y que el domingo recién pasado nos hubiera llevado a un escenario de violencia y la violencia todo mundo sabe cómo comienza pero no cómo termina.
"Ojalá los pueblos de Latinoamérica y quienes quieren dirigir la existencia de este Estado tomen en cuenta la autodeterminación y la actitud sensata de toda la sociedad hondureña que, en este momento, está dedicada a demostrar y quiere olvidar los conflictos políticos generados por el autoritarismo", acotó.
Figuras legales de consulta
Custodio opina que no se puede confiar en una persona que pone las urnas, los votos y los votantes sin ningún control y al margen de la ley.
Explicó que hay una figura constitucional llamada plebiscito y referéndum, que ya cuenta con una ley especial y es la forma institucional y constitucional de hacer la consulta popular.
El titular del organismo humanitario mostró su preocupación la ingobernabilidad causada por el conflicto y la confrontación permanente surgida desde el titular del Poder Ejecutivo contra el Legislativo y el Judicial.
"De alguna manera era una crisis que no se pudo resolver a través del diálogo porque siempre que se llegaba a un acuerdo, el presidente de la República continuaba en su misma actitud de desafío a las leyes del país".
Agregó que el mandatario insistía en hacer un uso de una consulta pese a los señalamientos de que eso no estaba contemplado en el proceso electoral ni en la norma constitucional y además había un mandato judicial que debía cumplirse.
A pesar de todo, él insistió, hasta el último momento, en montar una consulta organizada por él. Las urnas las tenía la gente de su confianza, que iban a hacer el recuento y todo esto al margen de lo legal, aseguró.
Custodio argumentó que cada Estado tiene mecanismos para solucionar sus problemas de gobernabilidad dentro de la constitucionalidad.
En Ecuador hacen las cosas de una manera, en Venezuela y en Argentina la hacen de otra manera y aquí en Honduras quisimos y creemos haber actuado de acuerdo a la carta interamericana que habla que un Estado del hemisferio debe superar los obstáculos y que el pueblo debe tener acceso a escoger sus autoridades supremas.
"En pleno siglo XXI, un poder del Estado, ejercido por una persona que dice 'el Estado soy yo', causa que vayamos al anacronismo histórico. No puede ser que todas las mayorías del pueblo estemos equivocados y que sólo él tenga la razón", agregó el defensor del pueblo hondureño.


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Sunday, June 28, 2009

La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, viajó hasta Iquique

La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, viajó hasta Iquique





 

La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, viajó hasta Iquique para sostener encuentros con autoridades y organizaciones sociales con el fin de promover la defensa de los derechos ciudadanos y difundir el rol que tiene en esta tarea la Comisión que ella preside.

La primera actividad de la asesora presidencial en la capital de la Región de Tarapacá fue sostener un encuentro con Intendente Miguel Silva,  y con Seremis y  jefes de servicio de alta demanda ciudadana, para analizar la calidad de la atención que están brindando los diversos organismos públicos de la región y suscribir un compromiso por mejorar la atención que realizan.

Esto, al precisar que si bien, muchas personas reconocen que tienen derechos en distintos ámbitos de su vida (92%), un 43% no sabe que tienen derechos frente a los servicios públicos, cuáles son o cómo exigir su cumplimiento.

Danae Mlynarz, sostuvo que los procesos de modernización han avanzado en brindar una atención de calidad y oportuna en los últimos años, sin embargo, falta aun atender situaciones que comúnmente son reclamadas ante la Comisión Defensora Ciudadana como la falta de respuesta.

Según estudios de la Comisión Defensora Ciudadana,  un 71 % de las consultas que los ciudadanos formulan a los servicios públicos no reciben respuesta. Por ello, Mlynarz afirmó "ha sido un tema relevante para la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,  y nuestro gobierno atender la realidad del nuevo ciudadano más empoderado y conciente de sus derechos y por eso, es que estamos suscribiendo este compromiso con las autoridades regionales de mejorar la atención y difundir la existencia de derechos ciudadanos".

 INSTITUCIONES EN SILENCIO

 Entre el 1 de enero de 2008 y el 20 de junio de 2009, la Comisión Defensora Ciudadana Defensora Ciudadana recibió un total de 19 presentaciones provenientes de la Región de Tarapacá,lo que representa sólo un 2 por ciento del total nacional. De éstas, 9 fueron reclamos, 6 consultas y 4 correspondieron a solicitudes.

 

En general, los servicios e instituciones públicos de la I Región registran una baja tasa de presentaciones, siendo el Servicio Electoral y la Superintendencia de Seguridad Social las únicas entidades que registran dos reclamos, ya que el resto sólo tiene una presentación.

 

El derecho que más fue vulnerado por los servicios de la Región de Tarapacá entre enero de 2008 y junio de 2009 fue el de recibir respuesta a una solicitud o reclamo en un tiempo prudente (5 casos). Este dato está en línea con las cifras generales registradas por la Comisión Defensora Ciudadana en el primer trimestre del año, donde precisamente la vulneración del derecho a recibir una respuesta en tiempo oportuna fue el que presentó la mayor alza con respecto al período octubre-diciembre de 2008.

            Para la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial, Danae Mlynarz, "cuando un servicio no responde en forma oportuna a aquella respuesta que busca el ciudadano o no le da una solución satisfactoria y rápida a su problema, se genera una desconfianza hacia el Estado, que ve desvalorizado su rol como ente que está al servicio de las personas":

            Por ello, Mlynarz hizo hincapié que cuando un ciudadano acude a la Comisión y ésta interviene, "este proceso debiera ser asumido por el servicio como una alerta para que mejore su gestión y como una segunda oportunidad para que el ciudadano retome la confianza en una institucionalidad que es capaz de responder de manera profesional y eficiente".

            Si bien el artículo 19, inciso 14 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas el derecho de presentar peticiones a la autoridad, no habla acerca del derecho a la correspondiente respuesta a estas presentaciones, existen una serie  preceptos constitucionales y normas de rango legal que obligan a los funcionarios públicos a contestar las solicitudes de los ciudadanos en tiempos establecidos. 

            Lo anterior se vio reforzado con la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, que establece un plazo máximo de 20 días para que los Órganos requeridos se pronuncien respecto de cualquier solicitud de información de los ciudadanos. Si la solicitud es denegada, quien la pidió puede llevar su caso ante el Consejo para la Transparencia, llegando en última instancia, a la Corte de Apelaciones respectiva. De aprobarse la entrega de la información, el Consejo para la Transparencia está facultado para sancionar a la autoridad o funcionario con multas que van desde el 20 al 50 por ciento de su sueldo, y de persistir en la conducta, se le suspenderá de su cargo por un plazo de cinco días. 

DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS

Junto con difundir la labor de la Comisión, Danae Mlynarz aprovechó también los encuentros que sostuvo con los medios locales de comunicación para hablar sobre la situación legislativa del proyecto que crea la Defensoría de las Personas.

Los periodistas tuvieron un alto interés en este tema, por lo que solicitaron ahondar en la historia del proyecto y en las dificultades que éste ha tenido en su proceso legislativo.

Danae Mlynarz recordó que en la campaña de 2005 todos los candidatos presidenciales tuvieron presente en su programa de gobierno la idea de crear un Defensor Ciudadano en nuestro país. Por ello, la asesora presidencial expresó a los periodistas que está confiada en que la iniciativa tras 18 años de fracasos legislativos, verá finalmente la luz este 2009 y en ese sentido hizo un llamado a los Senadores de la Alianza para que entreguen sus respaldo al proyecto que hoy se encuentra entrampado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta.

 

ENCUENTROS CON LA CIUDADANÍA

La Comisión Defensora Ciudadana tiene el deber de tener encuentros permanentes con la ciudadanía. Es por ello que en Iquique el segundo gran objetivo fue sostener reuniones con organizaciones sociales y desarrollar una atención de casos en un espacio público de la ciudad.

 

En la Plaza Prat, aprovechando la instalación de una Feria Ciudadana y una actividad del Conace, se ubicó un stand de la Comisión Defensora Ciudadana a cargo de la asistente social Andrea Leonahardt. La profesional no sólo atendió casos (11 de los cuales fueron registrados para procesarlos en Santiago) sino que también aprovechó la ocasión para dar a conocer la existencia de esta Comisión, destacando el rol que cumple en la defensa de los derechos ciudadanos.

 

Además, en el auditorium de la Seremi de Educación, Danae Mlynarz encabezó una reunión con 17 representantes de juntas de vecinos y de diversas organizaciones sociales y culturales de la Región de Tarapacá. En el encuentro se difundió la labor que realiza esta Comisión y también se escucharon los principales inconvenientes que enfrentan diariamente los ciudadanos de Iquique y de otras ciudades de la región, ya sea en los servicios públicos o en el ámbito de seguridad. Algunos vecinos aprovecharon la ocasión para ingresar con Andrea Leonahardt reclamos contra alguna institución pública con la cual tuvieron problemas.
Autor: Prensa Comisión Defensora Ciudadana
Fecha: 26/06/2009

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santo domingo: El Defensor del Pueblo en la Constitución


El Defensor del Pueblo en la Constitución
Saturday, June 27, 2009 -

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 Esa figura del Defensor del Pueblo tiene su origen en Suecia, y se le conoce igualmente como Ombudsman
 
Por Angel Canó, Santo Domingo.- La figura del Defensor del Pueblo (Ombudsman) resurge del rincón más apartado del olvido institucional gracias a los trabajos de la Asamblea Revisora que, como parte de sus labores de modificación de la Constitución y en atención a una propuesta del Presidente de la República,  le ha aprobado elevándole a categoría constitucional, luego de permanecer oculto por un espacio de ocho años.

En el 2001 fue aprobada la Ley 19-01 en la que se consagra la figura del Defensor del Pueblo como una autoridad independiente, no sujeto a ninguna limitante que no sea el apego a la ley, con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, teniendo como objetivo esencial salvaguardar y defender los derechos de los ciudadanos plasmados en la Constitución cuando sean vulnerados por funcionarios de la administración pública.  

 

No resulta extraño que la clase política no se haya puesto de acuerdo para que a través de sus delegados en el Congreso pudieran seleccionar la persona que ocuparía el cargo de Defensor del Pueblo, por cuanto la propia ley consagra que de una terna sometida por la Cámara de Diputados se escoge a la persona con el voto favorable de las dos terceras partes de la matricula de los senadores.  Aquí es donde se levanta el muro invisible que ha impedido su escogencia: los senadores extrañamente nunca han logrado el quórum reglamentario para escogerlo, bajo todos los argumentos y excusas de cualquier naturaleza pero que en el fondo obviamente indican la falta de voluntad política de instituir una figura que deviene en un fiscalizador de la actividad y actuación de los funcionarios públicos.

 

Resulta obvio que esta figura del Defensor del pueblo se erige con un rango superior de fiscalización y supervisión de la actividad de la administración pública y de las agencias  privadas prestadoras de servicios públicos, con lo cual se puede estar afectando muchos intereses reales y potenciales, actuales y futuros, dentro de la administración pública, mucho más cuando la propia ley, partiendo de la naturaleza de esas funciones, le confiere el poder de atender las quejas de los ciudadanos afectados en sus derechos fundamentales como consecuencia del accionar de la administración pública y motorizar acciones penales a través del misterio público,  lo que parece que viene a ser la única razón por lo que la clase política no haya asumido con la debida responsabilidad en el tiempo su designación.

 

Esta figura del Defensor del Pueblo tiene su origen en Suecia, y se le conoce igualmente como Ombudsman, y desde el inicio este funcionario tenía competencia para ejercer una estricta vigilancia para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas y velar porque los servidores públicos cumplieran sus obligaciones.  Entrado el Siglo XX se difundió a una gran cantidad de países, incluyendo al Continente Americano, y a partir de finales de la década de los ochenta empezó a ser insertado en el marco legal de muchos países latinoamericanos tales como Costa Rica, Venezuela, Nicaragua,  adaptándose en cada caso a las necesidades propias del sistema social, político y jurídico de aquellos que lo han adoptado.

En palabras claras, el Defensor del Pueblo prácticamente llega a nuestro país como una figura prácticamente superada su novedad en lo que es la trayectoria moderna de la defensa de los derechos de los ciudadanos, por cuanto no es menos cierto que en algunos de los países latinoamericanos donde ha sido adoptada la figura, se han generado situaciones particulares de importancia que deben ser referentes obligados para nosotros.   La implementación de ésta figura, ocho años después de la ley, más el que tome la reforma de la Constitución, debe implicar un proceso de concretización más acabado de manera que el desfase creado entre la Ley 19-01 y el nuevo carácter constitucional que se le impregne pueda recogerse fielmente en un trabajo de adaptación a la realidad social, política y jurídica actuales.

 

Esta aprobación de rango constitucional debe promover la reapertura del proceso de selección de aquel que debe ser escogido como Defensor del Pueblo, una posición que conlleva un importante nivel de responsabilidad frente a la sociedad y al poder político, por lo que no puede ser festinado con una designación complaciente sino que, por el contrario, debe ser el resultado de una participación activa de los grupos de la sociedad civil más que de la clase política.  

 

Nada nuevo bajo el sol salvo que, de formalizarse la reforma constitucional, debe sacarse la ley del olvido, puesto que el Defensor del Pueblo ya no tiene más excusas para su retardo.



 
Ángel Canó

Abogado y Profesor Universitario

Akno_law@yahoo.com

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Por primera vez, la Defensoría del Pueblo será observadora en los ...

Por primera vez, la Defensoría del Pueblo será observadora en los ...
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La Justicia habilitó a la Defensoría del Pueblo porteña a supervisar los comicios ... La ombudsman de la Ciudad, Alicia Pierini, definió en diálogo con ...
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Defendiendo el patrimonio
Página 12 - Argentina
La Defensoría del Pueblo porteño tiene una nueva defensoría adjunta dedicada al ... La iniciativa fue realmente original: un ombudsman adjunto que recogiera ...
defensor1 . jpg
El Defensor del Pueblo en la Constitución
RD Noticias - Dominican Republic
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Wednesday, June 24, 2009

DEFENSOR DEL PUEBLO: Panamá Defensor del pueblo defiende su institución

Panamá
Defensor del pueblo defiende su institución
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Ricardo Vargas, Defensor del pueblo, durante la conferencia de prensa. Foto/Defensoría

Luego que el diputado José Luis Varela, del partido panameñista, diera a conocer su intención de eliminar la Defensoría del Pueblo, en el programa Cara a Cara de Telemetro, el titular de entidad a defenderse.

El defensor del pueblo, Ricardo Vargas, organizó una conferencia de prensa, en la cual resaltó que este tipo de instituciones sirven como puente entre el ciudadano común y el Estado, precisamente por abusos del Estado.

Vargas añadió que el cierre la defensoría signifacaría un retroceso político. A la vez, ratificó su deseo de reunirse con Varela, una vez él regrese a la país.

 

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Tuesday, June 23, 2009

DEFENSOR DEL PUEBLO: Defensora insiste en denunciar apremios ilegales

Defensora insiste en denunciar apremios ilegales
Martes 23 de Junio de 2009 00:00


 La defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, afirmó que se sigue muriendo gente en las comisarías y que continúan llegándole denuncias por apremios ilegales. Se refirió también a otros temas, en el marco de una conferencia de prensa en Río Colorado.

La defensora del Pueblo, Ana Piccinini,  manifestó que es mala su relación con la Policía de Río Negro "porque en las comisarías se sigue muriendo gente, ciudadanos que están bajo la guarda de la policía, como la chica de 23 años que presuntamente se ahorcó con un cordón de su zapatilla, cordón que nunca debería haber estado allí, no debería haber pasado la requisa, si en cambio las zapatillas que llamativamente no las tenia puestas". En este sentido la Defensora dijo: "esto que es tan elemental no se está haciendo bien en las comisarías".

"Desde el comienzo de mi gestión –agregó Piccinini- es que yo estoy enfrentada con la policía porque desde un principio dije que no iba a tolerar apremios ilegales y a mi todos los días me hacen denuncias por este motivo. La pocilla, siempre lo dije, no tiene que pegar a nadie".

Asimismo la Defensora del Pueblo indicó que hace poco presentó una denuncia ante el Auditor de Asuntos Internos de la Policía,  Dr. Hugo Concellon "y todo el bagaje de denuncias  y de pruebas que tenemos en la Defensora se lo llevé  y además hicimos una denuncia penal de investigación".

En otra parte de la conferencia de prensa brindada por la Defensora del Pueblo en ocasión de su visita a Río Colorado para atender los reclamos de los vecinos expresó que "hay una situación de abandono por parte del gobierno provincial que es al que yo debo controlar".

Agregó que "nosotros, estamos consustanciados en recorrer la provincia y estar personalmente junto a los vecinos, en los hospitales, en las escuelas y atendiendo a la gente y es una gran satisfacción poder hacerlo y es la base fundamental de mi tarea, a más realidad mayor posibilidad de hacer propuestas de cambio".

La defensora también expresó que le parece muy bien que el vecino participe "que se interese en las cosas que le pasan y que sea el propio vecino el que se preocupe en pedir la solución a sus problemas", cuando le anticiparon que mas de 3.000 ciudadanos del lugar pedirá su intervención ante reiterados problemas en el suministro de energía eléctrica.

Respecto a la pregunta de una periodista en referencia a la relación existente entre la Defensora del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos de la provincia la Dra. Piccinini expreso: "nos relacionamos bastante poco , yo creo que el defensor de los derechos humanos por excelencia es el Ombudsman que es el defensor de los derechos humanos independiente, no nos olvidemos que esta Dirección de Derechos Humanos pertenece a un Ministerio, que  es el Ministerio de Gobierno que tiene como primo hermano  dentro del Ministerio nada más ni nada menos que a la policía, o sea que se hace un poquito difícil la convivencia  entre los dos organismos que dependen del mismo Ministro, esto no quiere decir que no se pueda lograr".

Con respecto a la causa Flavors la Defensora dijo que finalmente tenemos juez en la causa "porque estaba boyando entre un juez y otro, con jueces sumamente ocupados y esta es una causa grande. A mi entender, el Dr. Funes incurre en mal desempeño de sus funciones en dos oportunidades por eso le pido al Instructor que tiene que proveer algo a la causa porque ya ha pasado demasiado tiempo y el instructor, Dr. Edgardo Albrieu, utiliza la licencia del juez Funes para no hacer caminar el expediente   de juicio político, cuando la ley señala que: "iniciado el sumario,  el mismo no podrá suspenderse";  y solo la "declaración judicial de incapacidad, que impida al denunciado concurrir a la sustanciación"  permitirá excepcionalmente dilatar el procedimiento hasta la designación de un representante legal o Defensor Oficial en caso de incumplimiento.

En referencia a la denuncia por enriquecimiento ilícito del legislador Sartor la Dra. Piccinini expresó: "Uno no viene a la función publica para enriquecerse  sino que uno viene para servir, si yo hubiese querido ser rica me hubiese dedicado a la función de abogada  que es una profesión libre y muy redituable, yo elegí otra cosa de manera que esa opción también la tuvo Sartor; creo que cuando un funcionario público se hace rico tiene que justificarlo porque se invierte la carga de la prueba, el legislador Sartor tiene que demostrar su patrimonio no por sus ingresos de funcionario público sino porque se ha ganado la lotería, por una herencia , o por negocios que no sean incompatibles con la función pública, él ahora va a tener la posibilidad de defenderse y de demostrar  su  patrimonio.  Nosotros lo seguimos investigando, pero que quede claro que no es una cuestión personal con Sartor".


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Friday, June 19, 2009

Juan J. Minguez, adjunto II de la Defensoría Nacional visitara la provincia de Jujuy

Juan J. Minguez, adjunto II de la Defensoría Nacional visitara la provincia de Jujuy

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Jujuy al día – Mañana, viernes 19, el Adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan Jesús Minguez, visitará la provincia de Jujuy donde mantendrá distintas audiencias y reuniones con funcionarios, representantes de organismos públicos, de Defensa del Consumidor y de ONGs.

El Dr. Minguez fue invitado para mantener una Audiencia Institucional relacionada con la prestación y facturación de los servicios públicos de esa provincia, y una conferencia sobre el tema.

Recordemos que el 10 de diciembre último el Dr. Minguez asumió como Adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Previamente se había desempeñado como diputado nacional por la provincia de San Juan en el período 2001-2005, y como Presidente y asesor letrado de la Comisión de Acusaciones del Consejo de la Magistratura.

Síntesis

El 27 de enero pasado, la justicia hizo lugar a la medida cautelar que había pedido del entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, "ordenándose a las empresas EDENOR S.A, EDESUR S.A y EDELAP, se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la forma pago de las facturas emitidas en base a las resoluciones cuya impugnación el Defensor pretende".

El Defensor Nacional promovió el 16 de enero una demanda contra el Estado Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a fin de que se declare la nulidad por ilegitimidad de las Resoluciones Nº 1169/08 y Nº 745/05 de la Secretaría de Energía, y sus modificatorias Nº 797/08, Nº1170/08, y las Nº 628/08 y Nº 654/08 dictadas por el ENRE, pues la aplicación de las mismas, a partir de las facturaciones del servicio de distribución de energía eléctrica de las empresas EDENOR S.A., EDESUR S.A., y EDELAP, cuyos vencimientos operan durante los meses de diciembre 2.008 y enero del corriente año 2009, "generó facturaciones que contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en la Constitución Nacional".

Paralelamente, en febrero pasado, el Ombudsman nacional, entabló otra demanda contra el Estado Nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) para que se declare la nulidad, por ilegítimas, de las resoluciones que dieron lugar a facturaciones con adicionales en las tarifas de gas.

En su accionar, la Defensoría Nacional pidió la nulidad del Decreto Nº 2067 del 27 de noviembre de 2008 (B.O. 3/12/08), Resolución Nº 1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y Resolución Nº 536 dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), ambas publicadas en B.O. con fecha 23/12/08; y "de toda otra norma que se dicte como consecuencia de las aquí cuestionadas".

El Ombudsman, a fin de evitar el daño inminente e irreparable a los usuarios del servicio público de distribución de gas, pidió una medida cautelar para que en forma urgente se disponga "la suspensión de los efectos derivados de los instrumentos impugnados, esto es: el Decreto 2067/2008 dictado por el PEN, la Resolución 1451/2008 dictada por el MPIPyS y la Resolución 536/2008 dictada por el ENARGAS, y en consecuencia que dicho organismo regulador, instruya quienes han sido designados como agentes de recaudación del cargo tarifario, a que se abstengan de percibir las facturaciones emitidas mediante la aplicación de las resoluciones referidas. Asimismo, del mismo modo y por idéntico procedimiento, se deberá instruir dichos agentes a fin de que se abstengan de efectuar cortes en el suministro de gas motivado en la falta de pago de tales facturas que contengan ese cargo tarifario."

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