defensor del pueblo = defensoria de las personas
Para el defensor del pueblo, el Gobierno sostiene una metodología "inconstitucional" para renegociar las tarifas energéticas
Eduardo Mondino presentó un informe sobre la renegociación de los contratos entre el Estado y las empresas de servicios públicos, haciendo hincapié en el segmento energético. Como conclusión del estudio se desprende que en los últimos 6 años los procesos resultan "a todas luces" inconstitucionales "a partir de la aprobación ficta de múltiples contratos".
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En el marco de una conferencia de prensa, el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, presentó un informe sobre la renegociación de los contratos entre el Estado y las empresas de servicios públicos, haciendo hincapié en el segmento energético.
Según el análisis, "el servicio de distribución y transporte de gas por redes presenta como primer déficit la falta de inversiones en la producción", lo que deriva en menor volumen de producto disponible.
Agregó que "la caída de las reservas, la limitación del transporte y la falta de inversión en redes para incorporar nuevos usuarios denotan la deficiente situación del servicio". El defensor puntualizó que un grupo importante de empresas del sector gasífero "no cuenta con ningún avance en el proceso de renegociación" (MetroGas, TGS, TGN, y Gas del Centro).
En cuanto a las 3 distribuidoras eléctricas de jurisdicción nacional (Edenor, Edesur y Edelap), Eduardo Mondino criticó los aumentos tarifarios acordados, afirmando que no se puede establecer un aumento "sin evaluar en qué condiciones se encuentra el escenario de la prestación del servicio con posterioridad a la crisis", que es lo que se planteaba en la ley de emergencia al proyectar la renegociación global de los contratos.
Según el informe, "las tres empresas no cuentan con revisión tarifaria integral, no desistieron de sus reclamos ante el CIADI y limitaron sus ingresos destinados a la reposición y ampliación de los sistemas de distribución, afectando la calidad del servicio".
Añadió que lo mismo ocurrió con las transportistas. El informe también reveló que entre enero y agosto, el estado destinó $ 7.473 millones en concepto del subsidio al sistema eléctrico, mientras en los doce meses de 2007, alcanzó a $ 6.212 millones. Estos subsidios, sin embargo, no se destinan a las privatizadas de distribución y transporte, sino a cubrir la diferencia entre el precio mayorista que se incluye en las tarifas al público y el que se debe reconocer a las generadoras para que cubran sus costos.
Durante la conferencia, Mondino señaló que "habiendo efectuado un análisis integral del proceso de renegociación de contratos de servicios públicos, en los últimos 6 años, podemos concluir que el mismo resulta a todas luces inconstitucional a partir de la aprobación ficta de múltiples contratos"
En una parte de la conferencia, el Defensor del Pueblo de la Nación advirtió que esta metodología es sostenida por el Estado Nacional, " a quien le resulta funcional para su manejo" y que "en este esquema, el usuario es transformado en rehén, en tanto que los empresarios resultan ser cómplices, a partir de su rol pasivo, ante las inconsistencias en los procedimientos y la inseguridad jurídica que ello genera".
"A 6 años vista de iniciado el proceso, el nivel de acuerdos alcanzados conforme las previsiones de la Ley de 25.561 (que declaró la emergencia pública) , es prácticamente nulo, lo que demuestra a las claras un contexto de fragilidad jurídica de gran magnitud", señaló el Ombudsman nacional.
El Informe de la Defensoría indica que "tratándose de servicios públicos y siendo estos claves en el desarrollo económico y social del país, esta no renegociación afecta de forma clara y directa, ese desarrollo".
Por último, indicó Mondino que elevará el Informe Especial al Congreso de la Nación "con el objeto de solicitarle que requiera el reenvío de todos los acuerdos para su análisis y aprobación, única manera de lograr un encuadre jurídico sólido, acorde a ley y a la Constitución Nacional, otorgando así verdaderas garantías a los usuarios, consumidores, prestadores y al propio Estado Nacional".
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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