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Friday, February 26, 2010

Roberto Garretón, nominado Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos

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Roberto Garretón, nominado Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos

 

 

ROBERETO GARRETON DIRECTOR CAPITULO CHILENO DEL OMBUDSMAN

El connotado abogado de derechos humanos, Roberto Garretón Merino, de larga y fructífera trayectoria en el movimiento de derechos humanos y que ha ocupado significativos cargos a nivel nacional e internacional, entre otros el de representante para América Latina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH y el de relator ONU y que ha sido vicepresidente y es director del Capítulo Chileno del Ombudsman, ha sido designado consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por la Cámara de Diputados de Chile.

De conformidad a la reciente ley que creó el Instituto, el Consejo del organismo se compone de 11 miembros, dos designados por el Presidente de la República, dos por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, uno por los Decanos universitarios de Derecho y cuatro por organizaciones de derechos humanos.

Es el reconocimiento de un poder del Estado a un luchador, desde el golpe de Estado de 1973, por la causa de los derechos humanos y que ha continuado con energía la misión de hacer de estos derechos el paradigma de la sociedad chilena en democracia. La primera institución estatal de promoción y protección de los derechos humanos que se crea en Chile, contará pues con su valiosa colaboración.

Nuestro director representó adecuadamente la posición del Capítulo -y es también su convicción personal- en sentido que, no obstante el enorme beneficio para la cultura y políticas públicas en derechos humanos, el nuevo Instituto no debe asumir funciones de ombudsman o defensoría del pueblo, pues no le corresponden; y que por su naturaleza y diversas disposiciones, no cumple cabalmente con los Principios de Paris, no calificando como institución nacional de derechos humanos. Confiamos que su designación responda al interés de pluralismo y equilibrio de visiones en el Instituto y que nadie piense que con una nominación se acallará una voz fuerte y necesaria, pues estamos claros que la Defensoría del Pueblo es aún una tarea pendiente.

Juan Domingo Milos
Presidente Capítulo Chileno del Ombudsman

FUENTE:
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RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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Despreciable transfuguismo

Despreciable transfuguismo

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Danae Mlynarz
Trabajadora social y cientista política. Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana.
http://comisiondefensoraciudadana.cl

El 10 de marzo dejo mi puesto como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas. Siempre supe que ese día dejaría mi cargo, no sólo porque es un puesto de confianza de la Presidenta de la República, de esos que llaman "puestos políticos".Dejo el cargo, porque es lo que corresponde. Me honra hacerlo.

Las personas con vocación pública creemos en proyectos políticos, en el valor de la lealtad y por supuesto realzamos la importancia de la historia, allí donde otros aprovechan discursillos mediáticos del momento para encajar su nada disimulado oportunismo.

Hoy se ve, por ejemplo, que la expresión "gabinete técnico" se vuelve sustantiva en los diarios representantes de grandes intereses corporativos. "Gabinete técnico" aquí. "Gabinete técnico" allá. Se atribuye a las nuevas autoridades (cito textualmente al diario  El Mercurio) "sentido de grandeza, elevación de miras e independencia de criterios", como si fueran de otro planeta y estuvieran dotadas de una naturaleza aséptica y sublime.

Las personas con vocación pública creemos en proyectos políticos, en el valor de la lealtad y por supuesto realzamos la importancia de la historia, allí donde otros aprovechan discursillos mediáticos del momento para encajar su nada disimulado oportunismo.

Ante esta extraña dinámica del discurso, parece necesario mostrar las credenciales propias: En mi caso, como es sabido, tengo dos carreras profesionales de la universidad que hoy concita el mayor número de ministros del nuevo gabinete designado y un magíster.

Luego, como abriendo espacio al transfuguismo, la administración entrante aduce el "amor a Chile" para convocar a un supuesto "gobierno de unidad nacional". Ahí se ve otra vez el jueguito de palabras para dar cabida a que los oportunistas del momento tengan de qué agarrarse para aparecer presentables y serios. ¿Qué significa todo esto? Los diarios ensalzan a aquellos que ayer adherían al proyecto concertacionista porque ahora se requeriría una supuesta "unidad nacional", y así no falta el que trafica su consistencia, que en realidad era puro espejismo:

"Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros". El dicho acuñado por Groucho Marx está más vigente que nunca por estos días en Chile. Y es delirante. Y muestra la obscenidad de algunos.

Con toda honra les digo a ustedes que a mí me gustó mucho trabajar por Chile estos cuatro años junto a la Presidenta Michelle Bachelet  en un proyecto que compartía, donde la prioridad era mayor inclusión social, un Chile con mayor protección y justicia social para todos y todas. Un Chile menos discriminador, un Chile que asume la diversidad, un Chile que cree en la igualdad de oportunidades, en la equidad de género y en la corresponsabilidad de las familias.

Yo no trabajo en cualquier proyecto y bajo el mando de cualquier jefe.

Creo que efectivamente la oportunidad de trabajar en el servicio público es única. Es una forma de entregar lo que se ha aprendido y se va descubriendo en el camino para avanzar en mayor desarrollo y justicia, no sólo para que un empleador se enriquezca más, sino para que tú país, sus ciudadanos, tengan mayores oportunidades, más derechos y mejor calidad de vida. Eso sin duda no se encuentra en cualquier trabajo.

Como dijo Confucio: "En un país bien gobernado, debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado, debe inspirar vergüenza la riqueza".

Agradezco la confianza y la oportunidad de haber trabajado desde la campaña con la Presidenta Bachelet para luego aportar a su gobierno desde la Comisión Defensora Ciudadana; haber dirigido un equipo con todas las dificultades y aprendizajes que eso conlleva; haber podido conocer el funcionamiento de todas las reparticiones públicas y los principales problemas del Estado en la entrega de servicios y la efectividad de garantizar derechos hacia sus ciudadanos; y haber sugerido políticas concretas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Me refiero al:

  • Proyecto que tipifica el "grooming" como delito; hoy en segundo trámite legislativo.
  • Necesario cambio en la política de licencias médicas y modernización de las COMPINES, que ha mostrado avances, pero que sin duda queda mucho por hacer.
  • Proyecto que pretende evitar la victimización secundaria en niños y niñas víctimas de delitos violentos.
  • La implementación del Ciudadano Incógnito en los servicios públicos, como una herramienta para mejorar la atención al usuario.
  • El desarrollo de la Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos, que permitió conocer la percepción de las personas en relación con la vulneración de derechos en los servicios públicos del país.
  • Necesario cambio en el currículum escolar, donde se incluya un curso en Derechos Humanos desde la infancia, que permita a los futuros ciudadanos conocer sus derechos y deberes y aportar así a la democratización del país.
  • Y formas de mejorar la política carcelaria, en pos de garantizar los derechos de las personas y su rehabilitación en el nuevo sistema de cárceles concesionadas.

Sin duda, la materia pendiente de la gestión es no haber logrado la tramitación final del proyecto que crea la Defensoría de las Personas en Chile, como un órgano autónomo y descentralizado, que vele por la promoción, defensa y protección de los derechos de las personas en los servicios públicos. Aunque al menos avanzamos en el primer trámite legislativo, el proyecto se encuentra en el Senado, en espera de la consecuencia de la clase política, que ha señalado en campaña que está de acuerdo con su aprobación.

Desde otros espacios seguiremos expectantes a su tramitación, porque estoy convencida que Chile necesita esta institucionalidad, que no sólo protege a las personas, sino que permite avanzar en democracia, en garantías de protección social y en la eficiencia del aparato público.

FUENTE: el mostrador
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Saturday, February 20, 2010

INDIGENA CHILE: Comunidades indígenas impulsan creación de Defensor Social Autónomo Mapuche

Comunidades indígenas impulsan creación de Defensor Social Autónomo Mapuche

autor Pamela Sepúlveda

 

Mientras aumenta la tensión en territorios mapuches, surge una nueva herramienta de resistencia y defensa desde los

propios indígenas frente a un Estado en cuya justicia no confían. “Nosotros como comunidad estamos

prácticamente todos encarcelados, y el que no está en la cárcel está con alguna medida cautelar con

arraigo”, relató a IPS Antonio Cadín, Werkén (vocero) de la Comunidad Juan Paillalef, ubicada a 730 kilómetros al

sur de la capital.

Este dirigente mapuche cumple prisión de cinco años y un día, con beneficio de reclusión nocturna, por atentado contra la

autoridad y desórdenes. Su esposa, la Lonko (máxima autoridad tradicional) Juana Calfunao, cumple condena de cuatro

años y medio por el mismo delito. La hija menor de ambos, de 12 años, pidió asilo político en Suiza hace más de un

año.

Cadín sostiene que la protesta de su pueblo es contra la indiferencia y la represión sostenida desde los inicios del Estado

chileno, y que no ha encontrado respuestas en los últimos veinte años de vida democrática.

“No ha habido un reconocimiento hacia nuestra estructura político, social y jurídica que tenemos como pueblo, no

se ha respetado a las autoridades tradicionales y no se ha respetado el derecho territorial”, enfatizó.

Para luchar por sus derechos y enfrentar las injusticias de que sostienen ser objeto, la Comunidad Juan Paillalef se

coordinó con más de veinte comunidades mapuche para impulsar la creación del Defensor Social Autónomo Mapuche.

Esta inédita defensoría se basa en los lineamientos de sus autoridades tradicionales junto a “seis abogados,

más un equipo multidisciplinario que son psicólogos, asistente social, antropólogo y sociólogo, para acompañar los

informes ante los tribunales cuando los hermanos estén siendo enjuiciados”, dijo Cadín.

Para el abogado del Observatorio Ciudadano Matías Meza-Lopehandia, la generación del Defensor Autónomo es un signo

de madurez del movimiento en sus derechos y autonomías.

“Tienen que ver con esto, con que los pueblos indígenas se hacen cargo de sus propios problemas, revalidan sus

propias organizaciones, y ese es el proceso que se está viviendo hoy día”, indicó el jurista.

Los mapuches constituyen el pueblo originario más numeroso en Chile, con cerca de un millón de personas. Casi la

mitad vive en la capital y el resto principalmente en la región de la Araucanía, a unas 10 horas al sur de Santiago.

Es precisamente en esa zona donde el conflicto se enciende con ocupaciones de predios, quemas de camiones

forestales o bosques que reclaman como ancestrales.

Seis atentados incendiarios han ocurrido en lo que va del 2010, cuatro de los cuales se habría atribuido la Coordinadora

Arauco Malleco.

“No tenemos duda que el trabajo de las policías y de los fiscales permitirá atrapar a estos delincuentes, ponerlos

tras las rejas, y nosotros esperamos que la Justicia aplique, como en todos los casos anteriores, el máximo rigor de la

ley”, dijo el ministro del Interior interino, Patricio Rosendea, a la prensa ante el último episodio.

Durante enero se conoció la formalización cargos de cuatro mapuches, entre ellos un menor de edad, bajo la Ley

Antiterrorista, por su supuesta participación en un ataque incendiario; y otros 23 mapuche también fueron llamados por la

justicia por supuestas amenazas y asociación ilícita terrorista.

Pero también se interpusieron dos querellas criminales por torturas, una cometida por policías a un mapuche de la

Comunidad Temucuicui, y otra que presentó el Defensor Jurídico Autónomo Mapuche en contra de Gendarmería

–encargada de la seguridad penitenciaria- por tortura y apremios ilegítimos cometidos por contra una mujer de la

comunidad Juan Paillalef.

Para el abogado no es un indicador de que el conflicto se haya recrudecido en la Araucanía ni que efectivamente todos

los hechos que se les imputan sean causados por mapuche.

Actualmente hay 52 indígenas encarcelados -que se autodenominan como “presos políticos mapuche”-,

imputados por actos de violencia en el marco de sus reivindicaciones.

http://www.tribunadelbiobio.cl

http://www.tribunadelbiobio.cl/portal Tribuna del Bio-Bio Creado el: 20 February, 2010, 17:57

Cuarenta de ellos están procesados o cumplen condenas de hasta 10 años de prisión por supuestos delitos terroristas,

en hechos donde, según observa Meza-Lopehandia, nunca hubo “desprecio por la vida humana” ni

muertos como consecuencia, como supone el concepto de terrorismo

Como contraste, por dar muerte al joven comunero Matías Catrileo, la sentencia del tribunal militar determinó que el policía

uniformado responsable de su muerte tendrá una condena de sólo 2 años con pena remitida, es decir, no cumplirá

prisión efectiva.

La Ley Antiterrorista, promulgada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), según diversos organismos

de derechos humanos no es aplicable a la protesta mapuche.

Investigaciones judiciales secretas, uso de testigos protegidos que impiden una legítima y oportuna defensa, aumento de

la detención preventiva y duplicación de las penas para los condenados son algunos de sus vicios.

Según detalla el abogado se rompe la presunción de inocencia, manteniendo privados de libertad a indígenas que se

“presumen culpables” sin, muchas veces, existir pruebas contra ellos.

También genera preocupación que en la práctica rebaja el estándar de acción y respeto a los derechos fundamentales

desde policías y fiscales.

La lógica que hay detrás de la Ley Antiterrorista es la lógica del “derecho penal del enemigo”, analizó Meza-

Lopehandia. “Entonces, se deshumanizan, ya no son objetos de derecho, se los puede torturar”, agregó.

En octubre pasado, el representante de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en este país, Gary Stahl

hizo un llamado “a parar la violencia que involucra a niños, de cualquier lado que venga”, luego de

reunirse con tres ministros del gobierno de Michelle Bachelet para manifestarles la preocupación del organismo

internacional frente a las graves denuncias de violencia policial contra niños y niñas mapuche.

Todas esta situación explica que muchos indígenas no confían en el Estado ni en la defensoría pública que les ofrece,

buscando sus propios instrumentos como el Defensor Autónomo Mapuche.

“No hay garantías” en procesos judiciales “manipulados por el Estado”, señaló a IPS el

coordinador el Defensor Autónomo, argumentando que “te persigue con la policía, te pone el fiscal y por otra parte

te pone abogados (…) defensores públicos que obedecen a un sistema y obedecen a un patrón político del Estado,

y a un patrón de intereses económicos de este país”.

PROYECCIÓN ANTE NUEVO GOBIERNO

Las diversas organizaciones mapuches no creen que la política del Estado variará con el gobierno de Sebastián

Piñera, en cuanto a seguir negando sus derechos, pero sí temen aumente la represión y la aplicación de la Ley

Antiterrorista.

El derechista Sebastián Piñera, que asumirá el gobierno en marzo, amenaza burlar parte de su forma colectiva de

organizarse como una de sus estrategias para apagar el foco de protesta.

Su política de tierras la enfocará en la entrega de subsidios individuales y no reconociendo derechos colectivos, lo que

podría aumentar el nivel de conflictividad.

Piñera también apunta a reestructurar la institucionalidad pública dedicada a temas indígenas para, según él, hacerla

más eficiente.

Pero “cualquier cambio en la institucionalidad de los pueblos indígenas hoy día no se puede hacer sin consulta a

los pueblos indígenas”, advierte el abogado, en referencia al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que

el 15 de septiembre entró en vigencia en Chile

El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya señaló el uso de la

ley antiterrorista y la extrema violencia en la Araucanía, entre los temas que le preocupan, llamando al nuevo gobierno a

respetar los acuerdos en materias indígenas.

Para Meza-Lopehandia es fundamental dar ciertas señales como la “desmilitarización del territorio mapuche,

amnistía a los presos”, y hacer un reconocimiento y pedir perdón “no sólo por las atrocidades que se

cometieron 100 años atrás, sino las que se han cometido los últimos veinte años”

Por Pamela Sepúlveda

FUENTE:
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