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Friday, May 30, 2008

El Defensor insta a revocar la expulsiónde un padre boliviano

El Defensor insta a revocar la expulsiónde un padre boliviano

La institución recuerda a Subdelegación que es el progenitor de un niño español

J. J. M. / CÁDIZ | ACTUALIZADO 30.05.2008 - 11:40
El Defensor del Pueblo ha pedido por escrito a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz que anule, de manera urgente, la orden de expulsión a su país de Wilfredo Heredia, el padre boliviano de Xavier, un niño de nacionalidad española nacido en la localidad de Algeciras. El pequeño continúa viviendo en esta ciudad con su madre, también boliviana. No ve a su padre desde que fuese detenido por estancia ilegal y repatriado a su país hace un año.

En la carta remitida a la Subdelegación del Gobierno, la institución hace la siguiente sugerencia: "que se resuelva favorablemente la solicitud de revocación de la resolución de expulsión presentada el pasado 11 de marzo de 2008, de manera urgente, dadas las nuevas circunstancias personales acreditadas por el interesado". Estas circunstancias no son otras que "ser padre de un menor de edad de nacionalidad española". 

El Defensor del Pueblo propone que eso se haga "revocando la misma [la expulsión], siempre que no existan razones de orden público o de seguridad pública que lo impidan". Esta petición se suma a las ya efectuadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, la Asociación pro Derechos Humanos y el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras y está respaldada por jurisprudencia del Tribunal Supremo y de tribunales ordinarios.

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Wednesday, May 28, 2008

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECRIMINA AL CONSISTORIO SU FORMA DE INFORMAR

MUNICIPAL
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECRIMINA AL CONSISTORIO SU FORMA DE INFORMAR
El Ayuntamiento, a raíz del toque de atención de la institución, tras la explosión de gas en la calle Alejandro VI, mejorará sus comunicaciones
EMMA REAL
El Consistorio albaceteño, en su Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 16 de mayo, ha decidido que, a partir de ahora, va a mejorar su forma de comunicar a los ciudadanos sus razones de actuación y lo hará, además, apoyándose en la reproducción «total o parcial» de los informes técnicos que acrediten esa actuación.

Esta decisión la ha tomado el Ayuntamiento albaceteño después de que el pasado 21 de abril recibiera, en el Registro Municipal, una comunicación del defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha en la que, en relación a la explosión de la caldera de gas en la calle Alejandro VI de la capital, manifiesta que «podía haber sido mejor la forma en que se comunicó a los ciudadanos la ausencia de peligro en el caso de que optasen por la reocupación de sus viviendas».

Para evitar que esta escasa o mala información vuelva a repetirse, el defensor hace a la institución municipal una «propuesta de mejora» en la que le plantea que «ante futuras situaciones de esta naturaleza, emita comunicación, resolución o acuerdo escrito que permita conocer a los ciudadanos la razón de la actuación municipal, mediante la reproducción total o parcial de los informes técnicos que le sirvan de fundamento y que determinen la adopción de medidas que puedan incidir en la integridad física de las personas», reza el escrito de José Manuel Martínez Cenzano.

BIEN ACTUADO. Esa «propuesta de mejora», palabra por palabra, es lo que ha asumido el Consistorio albaceteño y cómo actuará a partir de ahora, si es que se producen incidentes similares.

Sin embargo, en el escrito del defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha también deja claro que de las actuaciones en el suceso en cuestión, en la explosión, «no se desprende que el derecho a la integridad física de los propietarios o los usuarios de las viviendas se haya visto afectado».

Es decir, la Defensoría del Pueblo señala que el Ayuntamiento actuó bien, pero informó mal.


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Gutiérrez se reúne hoy con Chamizo para estudiar medidas ante las irregularidades de los pisos de Mirador

DEFENSOR DEL PUEBLO; DEFENSORIA DE LAS PERSONAS

 

DEFENSOR DEL CIUDADANO, Gutiérrez se reúne hoy con Chamizo para estudiar medidas ante las irregularidades de los pisos de Mirador


El Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, se reunirá hoy miércoles con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y representantes de los afectados por la venta de viviendas promovidas por el grupo Mirador que no se han edificado, con el objetivo de estudiar las intervenciones que pueden realizar ambas instituciones, entre las que se encuentra remitir la información a la Fiscalía.


Así, la Oficina del Defensor del Ciudadano cuenta con documentación de más de medio centenar de afectados por los supuestos incumplimientos de Mirador en distintas promociones. No obstante, se estima que pueda haber más de 800 perjudicados en la provincia malagueña.

El objetivo, según indicó Gutiérrez a Europa Press, es que sea la propia Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en colaboración con la del Ciudadano de la provincia de Málaga, la que ponga estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se trata de personas que firmaron un contrato para comprar una casa en promociones de Fuente de Piedra, Benalmádena, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Villanueva del Rosario y Vélez-Málaga. Además, tienen constancia de situaciones similares en Loja (Granada) y Almería.

'Estas personas han estado dando dinero durante los tres o cuatro últimos años para viviendas que no tienen licencia de obra y cuyos terrenos están embargados', manifestó el Defensor del Ciudadano, quien hizo hincapié en que 'todos los días nos llegan peticiones solicitando nuestra intervención por este asunto'.

Gutiérrez entiende que 'hay unas irregularidades, pudiendo haber, incluso, un ilícito penal', por lo que, como subrayó, 'los estatutos de la Oficina del Defensor del Ciudadano y los del Defensor del Pueblo Andaluz obligan a dar cuenta de ello a Fiscalía'.

Terra Actualidad - Europa Pres
 
EN CHILE NO TENEMOS LA FIGURA DEL DEFENSOR CIUDADANO . SI HAY UNA LEY EN EL CONGRESO QUE VA A CREAR LA DEFENSORIA DE LAS PERSONAS, PROTESTEMOS ANTE LAS AUTORIDADES POR TARDANZA DE ESTAS INICIATIVAS LEGALES. CHILE REQUIERE DE UNA DEFENSORIA DE LAS PERSONAS

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Tuesday, May 27, 2008

Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU: ¿Logro o desafío?

Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU: ¿Logro o desafío?

Tanto el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas como Amnistía Internacional se refirieron a la reciente incorporación de Chile al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que, a pesar de mantener aún una impresentable situación de Derechos Humanos, resulta un nuevo desafío y contribución activa a mejorar en ese sentido.

"Esta es la ocasión para que Chile haga suya una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, que abarque acciones concretas y alcanzables en el bienio que queda por delante", señala Amnistía Internacional, por su parte, ODPI, "Aunque diversas organizaciones ciudadanas han condenado la incorporación de Chile a dicho Consejo, pensamos que ella resulta valorable desde la perspectiva de derechos humanos".

Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU: ¿Logro o desafío?

Fotografía: Archivo Internet / Origen Azkintuwe e informa HRW.

COMUNICADO AMNISTÍA INTERNACIONAL: CHILE Y SU INGRESO AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

El ingreso de Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe significar una contribución activa a la promoción y el respeto de los derechos fundamentales, y no debe quedarse en una retórica voluntarista.

Chile debe intervenir positivamente para que el Consejo de Derechos Humanos sea eficaz y cumpla los requisitos de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, porque una condición "sine qua non" es que la membresía del Consejo esté auténticamente comprometida con los derechos humanos. Los estados miembros elegidos para formar parte del Consejo "deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos [y] cooperar plenamente con el Consejo" y "las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto".

"A estas alturas debe ser claro que el ingreso al Consejo de Derechos Humanos no es ni un reconocimiento ni un "premio a la trayectoria" en materia de buen comportamiento de los Estados miembro. Si ese fuera el caso, es posible que la sede del Consejo estaría vacía, pues integran en organismo países donde hay violaciones y abusos de Derechos fundamentales, tan conspicuos como: Gabón, Ghana, Malí, Zambia; Japón, Pakistán, República de Corea, Sri Lanka; Rumanía, Ucrania; Brasil, Guatemala, Per; Francia y el Reino Unido" dijo el director de AI Chile, Sergio Laurenti.

"El acceso de Chile al Consejo de Derechos Humanos y la cercanía del Bicentenario debiera motivarnos –como sociedad– a marcar éste momento con una construcción sólida de una cultura de Derechos Humanos en que cada chileno y chilena y las personas extranjeras que son acogidas a compartir nuestro destino se sientan seguros en el goce de todos sus derechos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales" agregó el vocero.

Esta es la ocasión para que Chile haga suya una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, que abarque acciones concretas y alcanzables en el bienio que queda por delante, en materia de verdad, justicia y reparación; la promoción de los derechos fundamentales; la eliminación de toda forma de discriminación; la protección especial de los derechos humanos de las mujeres y menores de edad; la protección de las personas en riesgo, en particular los pueblos originarios; refugiados y migrantes y las personas gay, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneras; el acceso al trabajo, la salud, la justicia, la educación y la seguridad; en la educación en derechos humanos y en la participación y democracia.

Entre los temas pendientes, Chile debe firmar y ratificar todos los instrumentos internacionales que tiene pendientes: entre ellos, El Estatuto de Roma, que establece una Corte Penal Internacional (1998); el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte (1990); el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002); el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1999); el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, (UNESCO, Paris, 2005).

El Consejo de Derechos Humanos tiene 47 miembros. Basándose en una distribución geográfica equitativa, asigna el siguiente número de puestos a los grupos regionales: Grupo Africano, 13 puestos; Grupo Asiático, 13 puestos; Grupo de Europa Oriental, 6 puestos; Grupo de Latinoamérica y el Caribe, 8 puestos; y Grupo de Europa Occidental y Otros Países, 7 puestos. Para obtener un puesto en el Consejo, cada miembro debe obtener el apoyo de la mayoría absoluta (97 votos) de los 192 miembros de la Asamblea General. Los miembros pueden presentarse a la reelección una vez.

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Declaración Pública Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU: ¿Logro o desafío?

El 21 de mayo, en momentos en que Bachelet presentaba su cuenta anual ante el Congreso Nacional en Valparaíso, Naciones Unidas formalizaba la incorporación de Chile en su Consejo de Derechos Humanos.

Cabe recordar que el recientemente creado (2006) Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 47 Estados miembros de esa entidad, y es el responsable de promover el respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Dicho Consejo tiene por mandato, además, ocuparse de las situaciones de violación de los derechos humanos y formular recomendaciones para asegurar su protección y respeto.

Como sabemos, el gobierno de Bachelet desarrolló una fuerte campaña internacional para lograr la integración de Chile en este Consejo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, señaló que la decisión de la ONU de formalizar el ingreso de Chile al Consejo "representa un reconocimiento a un país, a un gobierno que ha sido muy claro en promover la defensa de los derechos humanos, no sólo en Chile, sino en el mundo".

Aunque diversas organizaciones ciudadanas han condenado la incorporación de Chile a dicho Consejo, pensamos que ella resulta valorable desde la perspectiva de derechos humanos. Ella debe asumirse, a nuestro entender, más que como un reconocimiento de los avances del Estado chileno en esta materia – que por cierto han existido luego de haber trascurrido casi dos décadas desde el término de la dictadura -, como una oportunidad para asumir los numerosos y graves déficits que Chile mantiene en este ámbito.

En efecto, como las autoridades de gobierno no pueden desconocer, las limitaciones de Chile en el campo de los derechos humanos son numerosas. Ellas tienen que ver tanto con la institucionalidad del Estado, como con las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de la Concertación. Tales limitaciones han sido representadas no solo por las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos del país, sino también por diversos órganos de las propias Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el plano institucional Chile no cuenta hasta la fecha con una institución nacional de derechos humanos, o un Defensor del Pueblo u Ombudsman que vele por la protección de los derechos de los ciudadanos. Más grave aún, el sistema electoral binominal no garantiza que los individuos tengan una adecuada representación parlamentaria en el ejercicio de sus derechos de participación política. Por otro lado, persiste la jurisdicción de los tribunales militares para procesar a civiles por cuestiones civiles. Además, los pueblos indígenas y sus derechos no han sido hasta la fecha reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Se trata de problemas que han sido representados al Estado de Chile por órganos de tratados de que es parte, como el Comité de Derechos Humanos en su informe sobre el cumplimiento por Chile del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2007). La persistencia de la jurisdicción militar sobre civiles también ha sido representada, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en el 2005 ordenó al Estado de Chile modificar su legislación interna para poner término a esta situación, sin que hasta la fecha tal modificación legislativa se haya materializado.

Siempre en el plano institucional, nuestro país no cuenta con una legislación que garantice adecuadamente los derechos económicos, sociales y culturales de la población, tal como constatara el Comité de la ONU para estos derechos en su informe sobre Chile el 2004. Ello en particular en materia laboral, donde el Código del Trabajo no asegura adecuadamente los derechos sindicales al prever la posibilidad de sustituir a los trabajadores en huelga; y en materia de previsión, en que el régimen de pensiones privado, basado en cotizaciones individuales, no garantiza una seguridad social adecuada a un gran sector de la población. Todo ello, sumado a las prácticas prevalecientes en el mercado de trabajo, determina una situación de grave precariedad en materia de derechos sociales en el país.

En el mismo plano, Chile no ha ratificado aún una serie de tratados internacionales de derechos humanos, como el que establece la Corte Penal Internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

En cuanto a las políticas públicas, posiblemente los mayores obstáculos para la vigencia efectiva de los derechos humanos son los que dicen relación con la persistencia de políticas que resultan discriminatorias en contra de sectores de la población en razón de su especificidad de género, edad o particularidades étnico-culturales.

En materia de género, y como reconociera la propia Presidenta Bachelet en su reciente mensaje, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación salarial, al obtener remuneraciones claramente inferiores a las de los hombres por el desempeño de las mismas funciones que los primeros.

Los derechos de los niños, de acuerdo al Comité de Derechos de Niño de Naciones Unidas (2007), no se encuentran suficientemente garantizados por el Estado chileno, constatándose la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes policiales en su contra.

Los pueblos indígenas, como lo hemos señalado como Observatorio en reiteradas ocasiones, han sido también objeto de políticas abiertamente discriminatorias por parte del Estado. Entre ellas las más graves dicen relación con la aplicación de legislación antiterrorista para perseguir a integrantes del pueblo mapuche por actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras, aquellas relacionadas con los malos tratos en su contra por parte de las fuerzas del orden, principalmente al momento de efectuar la detención, las derivadas de la lentitud de las políticas de demarcación de las tierras indígenas y la persistencia de la desprotección de las mismas, las que continúan en peligro debido a la expansión forestal y de megaproyectos de infraestructura y energía.

Un país que no protege y respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus habitantes a nivel doméstico, carece de autoridad moral para supervigilar el respeto de tales derechos a nivel internacional.

Por lo mismo, instamos al gobierno a asumir como desafío fundamental de su integración al Consejo de Derechos Humanos, el reconocimiento de las limitaciones del marco institucional y de su política pública en la materia. Consistentemente con ello, el gobierno debería otorgar máxima prioridad al trabajo - en forma conjunta con la ciudadanía- destinado a asegurar la protección y la vigencia efectiva de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos y todas quienes habitamos en este país.

De conformidad con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile será objeto de un examen general de la situación de derechos humanos en el país el próximo año. Tal vez sea esta la oportunidad que tendrán las autoridades para demostrar su compromiso con estos derechos y asumir los desafíos pendientes en esta materia.

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Temuco, Santiago, 23 de mayo de 2008.

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Monday, May 26, 2008

=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= SOCIEDAD > MACRI ADMITIO QUE 50 COLEGIOS PORTEÑOS PASARAN EL INVIERNO SIN SUMINISTRO DE GAS

defensor del pueblo: en Chile se llamará "defensoria de las personas "

 

SOCIEDAD › MACRI ADMITIO QUE 50 COLEGIOS PORTEÑOS PASARAN EL INVIERNO SIN SUMINISTRO DE GAS

Se viene la escuela-heladera

El jefe de Gobierno reconoció que en medio centenar de escuelas no se hicieron obras para resolver el sistema de calefacción. La Defensoría del Pueblo ya denunció el problema en marzo.

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Buenos Aires no va a estar bueno para los alumnos de 50 escuelas porteñas cuando llegue el invierno, ya que "van a tener problemas por el frío" debido a la falta de obras para resolver el problema del suministro de gas, según admitió ayer el propio jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El reconocimiento lo hizo acompañado por el ministro de Educación, Mariano Narodowski. Desde marzo, la Defensoría del Pueblo porteño viene denunciando la falta de obras necesarias para regularizar el suministro de gas en los colegios. "Se perdió tiempo realizando obras menores de albañilería y pintura por sobre las instalaciones de gas", apuntó a Página/12 el ombudsman adjunto Gustavo Lesbegueris.

Durante una conferencia de prensa realizada en la mañana de ayer en la sede comunal, el jefe de Gobierno dijo que "esperamos que para el año que viene el faltante de gas y el frío sean una anécdota y no entorpezcan en absoluto el normal proceso de educación de los chicos". Sin embargo, durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro, Macri había anunciado que se avanzaba para que "los chicos tengan gas en invierno".

En la Defensoría apuntaron que la deficiencia en las instalaciones es un problema de vieja data. "En las gestiones anteriores no se asignaba el presupuesto necesario y además se lo subejecutaba, mientras ahora hay presupuesto pero no se lo utiliza", remarcó. Al respecto, el ombudsman adjunto indicó que "de los 445 millones de pesos de presupuesto, sólo el 26 por ciento de ese dinero está en claro a qué obras se va a destinar".

De acuerdo al informe trimestral presentado por el subsecretario de Gestión Económica y Administración de Recursos del Ministerio, Andrés Ibarra, en la Comisión de Seguimiento del Plan de Infraestructura y Mantenimiento de escuelas hay 31 obras de infraestructura para conectar a la red de gas a licitar entre junio y diciembre próximo.

"Estamos haciendo mucho. Lamentablemente, hay obras que físicamente llevan más tiempo. Pero de más de cien escuelas que tenían problemas severos de falta de gas, hoy ese universo, en base al trabajo que se hizo estos meses, va a ser de menos de cincuenta", reconoció Macri.

Voceros del Ministerio de Educación de la ciudad señalaron que ante los problemas que se presentarán este invierno en los establecimientos educativos que no tengan gas, se utilizarán sistemas alternativos de calefacción. Al 7 de junio se prevé que 30 escuelas sean equipadas con sistemas de calefacción eléctrica y equipos generadores de energía. Lo cierto es que Macri admitió que "va a haber escuelas que en este invierno van a tener problemas por el frío, porque no se puede hacer todo en tan poco tiempo". "Igualmente están todas ya en los planes de refacción", dijo el jefe de Gobierno.

En abril, la Defensoría del Pueblo había asegurado que, según la empresa Metrogas, al 4 de marzo último cien escuelas públicas de la ciudad estaban sin conexión de fluido por deficiencias en la instalación. Todo eso sin contar que el 25 por ciento de los 709 colegios de la ciudad ni siquiera fue inspeccionado por la empresa distribuidora. Las inspecciones fueron ordenadas en 2005 por el Enargas y todavía no se cumplieron.

Según se desprende del informe presentado por Andrés Ibarra, son cien las escuelas que tienen obras pendientes para poner en regla sus instalaciones de gas y calefacción: 5 tienen obras en ejecución; 29 están con licitaciones avanzadas (aunque sólo se abrieron los sobres de 4 de ellas); 35 se licitarán entre abril y mayo y las otras 31 entre junio y diciembre. La cifra de 100 escuelas es idéntica a la que había enunciado la Defensoría del Pueblo porteño la primera semana de marzo como escuelas sin suministro de gas.

El lunes pasado, estudiantes del Instituto Superior de Lenguas Vivas realizaron una sentada en las puertas del establecimiento de Retiro para denunciar la falta de gas en el edificio.

 

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CCOO pide al Defensor del Pueblo que inste a la Comunidad de Madrid a poner en marcha la Ley de Dependencia

DEFENSOR DEL PUEBLO = EN CHILE SE LLAMARÁ DEFENSOR DE LAS PERSONAS

 

EXIJAMOS EN CHILE LA LEY QUE CREA LA DEFENSORIA DE LAS PERSONAS

 

CCOO pide al Defensor del Pueblo que inste a la Comunidad de Madrid a poner en marcha la Ley de Dependencia

Nino Olmeda / Madrid- 23/05/2008

Imagen de una persona en silla de ruedas y otra ayudandola 

CCOO de Madrid ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo en el que solicita su "intermediación" ante la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que ésta ponga en marcha la Ley de Dependencia.


"Está muy claro que la Comunidad de Madrid está poniendo obstáculos, que perjudican notablemente a todos los madrileños, para que esta ley sea efectiva, por lo que nos sentimos totalmente discriminados y consideramos que se están vulnerando los derechos de todos los dependientes", indica el escrito, firmado por el secretario general de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid, Santiago Cuervo Ayala, y al que tuvo acceso Servimedia.


Además de acusar a la Comunidad de Madrid de "boicotear" la Ley de Dependencia y de impedir su puesta en marcha en la región, CCOO denuncia que, según datos del Ministerio de Educación, no se ha reconocido todavía ninguna prestación, a pesar de que este Ministerio afirma que existen 9.991 casos.


En el escrito se informa de que, tras un año y dos meses de la entrada en vigor de la citada norma, "la Comunidad de Madrid no declara a organismos como CCOO la cantidad de solicitudes que se han presentado, ni a qué personas se le han asignado préstamos económicos a las que la Ley se refiere".

 

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Saturday, May 24, 2008

=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= Ya hay más de veinte defensores en municipios, universidades o mancomunidades

Ya hay más de veinte defensores en municipios, universidades o mancomunidades

 

Ya hay más de veinte defensores en municipios, universidades o mancomunidades

RAÚL DÍAZ José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz

 

MERCEDES BENÍTEZ

SEVILLA. La «ombudsmanía» se extiende. El término, extraído del inglés «ombudsman» que significa defensor del pueblo, puede servir para ilustrar lo que, según alerta el propio Defensor del Pueblo Andaluz, está ocurriendo. Cada vez hay más defensores en todos los frentes y todos los ámbitos: desde el local a los medios de comunicación, pasando por los bancos o incluso las universidades.

De hecho, según el recuento facilitado por el propio Chamizo, en Andalucía ya hay más de una veintena de defensores de todo tipo. Sólo en el ámbito municipal existen al menos seis: tres en capitales de provincia: en Sevilla, Huelva (este último pendiente de nombrarse) y Granada. Y otros tres en municipios: en Jerez, Marbella o La Línea. Se trata de los conocidos como «Defensor del Ciudadano».

Algunos de ellos, como el caso de Sevilla, han sido cuestionados por el coste de las dietas que cobran. Así, sin ir más lejos, el cargo que en la capital hispalense ocupa Francisco Romo, ha supuesto un coste de 3.700 euros sólo en dietas durante el pasado mes de febrero.

También en las diputaciones

Pero esos no son los únicos defensores que existen. A nivel provincial hay al menos dos: los de Córdoba y Málaga. Unos cargos que ocupan respectivamente Francisco García Calabrés y Francisco Gutiérrez.

De momento no hay más diputaciones provinciales pero algunas mancomunidades amenazan con crear el suyo propio. Puede que pronto exista incluso el Defensor de la comarca de La Janda o el de la ciudad de Velez-Málaga.

Pero en el ámbito universitario hay algunos más. De hecho, según ha contabilizado el propio Chamizo, existe uno por cada uno de las ocho universidades de las capitales a los que hay que sumar el que está pendiente de nombrarse en la Universidad Internacional de Andalucía. Ya son nueve más.

Pero a esos hay que añadirle también otros que, según Chamizo proliferan. Es el caso de los del Oyente, como el que hay en Canal Sur Televisión o el Defensor del Paciente. O también los de la banca que, aunque en este caso se trate de organismos que no dependan de la administración, también se han creado en bancos o cajas de ahorro. Incluso, si se hace caso al diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, habría que crear un Defensor del Preso que ha pedido.

Encuentro de defensores

El caso es que tanta «superproducción» de defensores ha provocado que el propio Chamizo alerte del «superavit» de cargos. Un fenómeno, la «ombudsmanía» que, según el propio Defensor se produce en todos los países europeos y al que España y, más concretamente Andalucía no ha escapado. Para muestra un botón: hace tres meses tenía lugar en Málaga el «primer encuentro estatal de defensores locales», un encuentro que reunió a más de 40 defensores autonómicos, locales e incluso al de Gibraltar, que también tiene el suyo.

«No hay quien lo entienda»

Seguramente por eso y, pese a que el Defensor del Pueblo asegura que en Andalucía no son tantos como los que hay en Cataluña, advierte que, si al final se crean, como pretenden, defensores hasta en las mancomunidades, la cuestión puede resultar «confusa» para el ciudadano. «Si se siguen creando defensores sin ton ni son, esto puede ser caótico», dice.

«Esto no hay quien lo entienda» dice Chamizo que advierte que puede darse el caso de que «haya muchos defensores y los ciudadanos estén menos defendidos que nunca». Y eso porque, a la larga, según advierte Chamizo, la mayoría de estos nuevos cargos sólo pueden tramitar asuntos puntuales pero las cuestiones que más quejas provocan y, seguramente las de más entidad como la educación o la sanidad, siguen siendo competencia de la oficina que dirige Chamizo. «Los temas que más preocupan siguen llegando al Defensor del Pueblo andaluz», recalca.

 

Por ello el Defensor aboga por una reforma de la Ley que especifique claramente sus funciones y diga cuáles son las figuras de defensores que se pueden crear a partir de ahora. Así, esa es una de las reivindicaciones para la reforma de la Ley del Defensor que el Parlamento comenzará a abordar a finales de año. «Hay que concretar los modelos concretos de defensores que se pueden crear y cerrar el círculo.» Mientras eso se refleja en la Ley siguen llegando noticias de nuevos defensores. ¿Quién nos defiende de tanto defensor?

 

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Thursday, May 22, 2008

Ex militar que tomó rehenes en Bogotá fue reducido por la policía

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Ex militar que tomó rehenes en Bogotá fue reducido por la policía

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Ex militar que tomó rehenes en Bogotá fue reducido por la policía

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BOGOTA (AFP) — La policía redujo a un militar retirado que, armado de una granada, mantuvo dos horas a decenas de rehenes en una oficina de Bogotá exigiendo que se le reconociera una pensión e hizo leer en televisión una proclama en la que vinculó a ex jefes del Ejército con grupos ultraderecha.

El hombre fue reducido por miembros del grupo antisecuestro Gaula, que asaltaron la oficina mientras un policía vestido de civil le arrebataba la granada en momentos en que se leía en directo su extensa declaración ante las cámaras, autorizadas a entrar luego de que liberara a varios rehenes.

El militar en retiro había pedido la presencia de la prensa, delegados del Defensor del Pueblo (Ombudsman) y del embajador de México en el lugar, lo que fue aprovechado por la policía para infiltrar agentes de civil.

El militar en retiro, de unos 52 años, explicó que realizó la acción para conseguir que se le reconozca una jubilación.

"Mi nombre es Edgar Paz Morales, soy un hombre que he defendido a mi patria y ahora no me responden mientras a los desmovilizados les dan de todo", dijo a la radio, en referencia a los beneficios que reciben ex guerrilleros y paramilitares que se entregan.

El comandante de la policía de Bogotá, general Rodolfo Palomino, explicó que ordenó rodear la oficina y tomar "las medidas de seguridad para garantizar la vida de las personas implicadas".

Las versiones radiales iniciales señalaron que los rehenes eran unos 30, aunque luego bajaron su estimación a unos 20.

El incidente ocurrió en un edificio de una compañía administradora de fondos de pensiones, en una concurrida zona, que fue acordonada.

En la proclama, Paz Morales aseguró que como parte de un batallón de inteligencia en los años 80 participó en operaciones contraguerrilla, antes de recibir entrenamiento para integrarse a un grupo paramilitar financiado por traficantes de cocaína.

Para ello, aseguró, recibió entrenamiento del israelí Yair Klein, actualmente detenido en Rusia y pedido en extradición por Colombia.

El documento que hizo leer ante la prensa y que tituló "Prontuario de un hombre que sirvió a su país", detallaba operaciones de asesinatos y torturas en los años 80 y 90 que aseguró fueron ordenadas por jefes militares y recibieron respaldo de las mafias del narcotráfico.

Esos operativos incluyeron atentados contra dirigentes de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19, izquierda nacionalista), que entregó las armas y se convirtió en partido político en 1990.

Gustavo Petro, un antiguo guerrillero del M-19, ahora congresista por el izquierdista Polo Democrático, pidió a la justicia investigar las afirmaciones de Paz Morales. "Su testimonio puede ser esclarecedor, especialmente para las nuevas generaciones", apuntó.

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Monday, May 19, 2008

Argentina: Avanza investigación por los accidentes viales en Ruta 9

defensor del pueblo
 
Avanza investigación por los accidentes viales en Ruta 9
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, ratificó la denuncia en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás. El funcionario acusa de "negligencia" a las autoridades provinciales
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, mantuvo una entrevista con el titular del Juzgado Federal N°2, Carlos Villafuerte Russo, ante quien ratificó los términos de la denuncia que presentara por los graves y repetidos siniestros viales ocurridos este año en la ruta nacional N° 9, causantes de ocho víctimas fatales y más de cincuenta heridos.

El Ombudsman fue San Nicolás para interiorizarse sobre la evolución de la causa donde planteó que se investigue la responsabilidad de los funcionarios nacionales y provinciales con competencia para ejercer el poder de policía y, consiguientemente, garantizar la seguridad vial en la ruta nacional N°9.

Al respecto, Mondino señaló que ya el 12 de julio de 2007, en la misma ruta y en proximidades de Arroyo Seco (Santa Fe), se produjo un accidente en el que colisionaron más de 30 vehículos. 

"Frente a estos antecedentes -señaló - las autoridades debieron haber estado alertadas acerca de que la conjunción de niebla y humo es una verdadera trampa mortal".

También reclamó que se determine la conducta y el grado de participación de la empresa concesionaria de la Ruta 9 y del ente de control (OCCOVI), en la obligación de garantizar la seguridad en el tránsito de esa autopista.
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Sunday, May 18, 2008

Afiliados que lograron frenar alzas de isapres cuentan cómo lo hicieron

cuidadanos estan en el desamparo por parte del estado. se requiere de un ombudsman que pueda defender al pueblo. Cautelar los derechos humanos y ciudadanos
 
Afiliados que lograron frenar alzas de isapres cuentan cómo lo hicieron
Cortes fallan a favor de pacientes ante cartas de reajuste donde no se entregan razones concretas.Hace una semana Lupy Aguirre, del CDE, ganó.Isapres advierten que recursos judiciales masivos producirían una "crisis" en el sistema. 

Por Paulina Salcedo G.

Y las temidas cartas comenzaron a llegar.

Su contenido ya está remeciendo a miles de afiliados de isapres que este año, al abrir el sobre, se encontraron (o encontrarán) con una desagradable sorpresa. 

Deberán pagar un 8% promedio más por su salud. En algunos casos, hasta 15% más... la mayor alza en los últimos tres años, desde que rige la reforma de salud que buscó evitar los aumentos excesivos en los precios de los planes del sistema privado.

Sin embargo, ahora hay usuarios que no están dispuestos a agachar la cabeza y aceptar.

Si bien aún no son muchos -considerando que el sistema tiene más de un millón 300 mil cotizantes-, varios han llegado a las Cortes de Apelaciones, con recursos de protección bajo el brazo, para defender en tribunales el valor de su plan de salud.

Una de ellas es la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Lupy Aguirre, que hace una semana logró ganar su batalla contra la isapre Cruz Blanca (ex ING). Por ende, no le reajustarán su plan.

Todo comenzó con la carta que le informó de un alza de 3,10%: "era la típica misiva en que no te dan una justificación real de por qué te cobrarán más caro", comenta a "La Segunda".

Anteriormente, agrega, "había tenido alzas, pero nunca reclamé. Pero considero que ya pago bastante en salud: $132.910 yo sola. No la ocupo en forma constante y nunca pido licencia. Por eso esto me pareció el colmo", cuenta.

Sabía que otras personas habían recurrido a la justicia y les había ido bien -entre ellas su mamá, Lucrecia Bravo-, por lo que pidió asesoría a otro abogado del CDE que había tramitado algunos de ellos: Marcelo Oyharcabal.

El profesional presentó el recurso de protección en la Corte de Apelaciones, la que acogió la acción y declaró ilegal el alza que la isapre quería aplicarle, básicamente por la falta de fundamentos que justifiquen el aumento.

"Si nos organizáramos como ciudadanos..."

Lupy Aguirre ya decidió seguir el mismo camino si el próximo año le llega otra carta de ese tipo. Y también tiene planeado qué hará para "castigar" como usuaria a su isapre.

-Estoy esperando que mi resolución quede bien afinada y pretendo cambiarme a Masvida que entiendo se ha portado bien (por tercer año consecutivo no subió los precios). Esa es mi forma como afiliada de sancionar a mi isapre y premiar a otra que ha sido leal-, revela.

A su juicio, "si hubiera una fuga masiva de personas desde algunas isapres hacia otras que muestran mejor comportamiento, sería bastante bueno, una buena señal" para el mercado.

-Si nos organizáramos como ciudadanos, las isapres tendrían que cambiar sus políticas de alzas. Si más gente reclamara, cambiarían de postura. Pienso que acciones colectivas podrían detener este tipo de abusos, pero hay que reconocer que es complicado organizar a la gente.

Abogado: Los tribunales han entendido que la carta es "débil"

A las manos del abogado del CDE Marcelo Oyharcabal han llegado varias cartas que informan sobre alzas de precios de planes. 

No porque se dedique a esto, sino porque quienes lo conocen saben que anteriormente trabajó en una oficina de abogados que defendía a una isapre. 

Entonces, sabe bien el teje y maneje.

Cuenta que la estrategia legal es "bastante simple". La jurisprudencia se empezó a uniformar el 2003, cuando la justicia comenzó a dar lugar a estos recursos de protección.

-La ley le da la facultad a las isapres de adecuar los planes. Pero, para mi gusto, ellas han malentendido que esta es una cláusula de reajustabilidad. Mandan cartas que hablan, en términos muy generales, del alza de los costos de las prestaciones médicas y que por ese motivo subirán el plan. Esa carta, y así lo han entendido los tribunales, es bastante débil porque esa facultad que tienen es restringida y está contemplada para eventos excepcionales que no se pudieron contemplar en el contrato. La corte correctamente ha entendido que esa facultad se está ejerciendo de manera arbitraria y está afectando el derecho de propiedad, pues hay una falta de justificación y acreditación-, explica.

Oyharcabal ha tramitado más de una veintena de casos y en todos le ha ido bien.

Asegura que este tipo de acción legal la puede presentar cualquier persona, con o sin abogado.

-Es una acción constitucional que tiene una tramitación desformalizada. El afectado podría interponerlo por sí solo. Para ello tiene un plazo de 30 días, desde que le llegó la carta, para acudir a la Corte de Apelaciones y hacer presente que se le hizo una adecuación del plan que considera arbitraria porque no está debidamente justificada y afecta su derecho de propiedad-, indica.

Y si la persona recurre a un abogado, el tema de los honorarios queda cubierto en el dictamen. Como los fallos son generalmente favorables al usuario, las costas terminan siendo pagadas por la isapre.

Advierte eso sí que el recurso no es aplicable cuando el alza de precio se debe, por ejemplo, a un cambio de tramo de edad.

Y agrega que este trámite debe hacerse cada vez que al afiliado se le informa de un alza. O sea, podría ser todos los años.

En su escritorio Oyharcabal ya tiene las cartas de dos personas cuya isapre (Banmédica) les acaba de informar que les subirá el plan en 8,3%. 

También recurrió a la justicia por su caso personal a principios de año, cuando Colmena le informó de un aumento de 3.8% y, cuenta, "me fue bien".

Abogado Barría ha defendido y triunfado en 100 casos

La pelea del abogado Pedro Barría contra el reajuste de las isapres comenzó en 1996. "Primero lo hice por mí. Y me empezó a ir bien. El 2000 se produjo un hito porque la Corte Suprema acogió un recurso de protección contra Banmédica que me quería subir 30% y eliminar varios beneficios. Gané el recurso y eso sentó jurisprudencia", comenta.

Agrega que desde entonces "todas las cortes de apelaciones sostienen que la isapre tiene que aplicar esto (el aumento de los precios base) en forma restrictiva y con fundamentos".

Barría ha representado a "más de 100" afiliados y asegura que en todos los casos ha ganado el juicio. 

Asegura que "no hay ni un recurso de protección por alzas de precios que no haya sido acogido. Si no es en primera instancia, la Corte Suprema lo aprueba". 

No obstante, admite que el porcentaje de personas que acude a tribunales por este motivo es "ínfimo, mínimo, considerando que son 2 millones y medio de beneficiarios y que todos los años se reajustan 1 millón 300 mil contratos".

Respecto a la posibilidad de que los afiliados recurran solos a los tribunales en defensa del precio de su plan, cuenta que "efectivamente hay gente que ha ido sola y le ha ido bien. Pero la persona tiene que ir todos los años y dedicar varios meses para pelear en tribunales con las isapres".

A su juicio, el camino es hacer un cambio de fondo: "Crear conciencia de que la ley de isapres debe modificarse".

Ex jefa de gabinete de Piedrabuena ha congelado dos reajustes

Blanca Alarcón, que durante tres años fue la jefa de gabinete del ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, también se atrevió a defender el precio de su plan de salud en la justicia.

Cuando se casó en el 2001, contrató un plan familiar junto a su marido. "De pronto me di cuenta de que el precio me lo subían a mí y no a él. Esa asimetría me pareció el colmo", comenta mientras espera su primer hijo.

El 2006, cuando Colmena Golden Cross le informó que su plan subía 3,8%, decidió tomar cartas en el asunto y, tras averiguar qué se podía hacer, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones.

-El argumento que me daban era el típico. Que había mayor uso de las prestaciones, nuevas tecnologías y aumentos de los costos de la salud. Hasta entonces, yo había tenido una buena salud, no había tenido guagua ni iba al médico. Nunca impliqué un mayor gasto para la isapre.

Si bien la justicia acogió su recurso, llegó a un acuerdo extrajudicial con la isapre y le mantuvieron el valor de su plan. 

El 2007 se repitió la historia. "Me llegó la carta informándome del alza, recurrí de protección y gané en la Corte de Apelaciones. El fallo señalaba que la isapre no entregaba razones concretas que justificaran el reajuste", comenta.

Este año su situación es más compleja. Tiene 7 meses de embarazo y en junio debería recibir la nueva carta de readecuación de su isapre.

-Tengo listo el recurso (si le suben el precio). Como estoy esperando guagua no puedo cambiarme de isapre. Estoy cautiva. Entonces, es más complicado, añade.

Blanca Alarcón -que sigue trabajando en el Ministerio Público, pero como abogado asesor de la Fiscalía Metropolitana Occidente- cuenta que "a persona que conozco, le digo que haga lo mismo porque la disposición de la corte es bastante favorable. Es sensible al tema. En esta materia le tengo mucha fe a la justicia. Es ejercer un derecho que nos corresponde como ciudadanos". 

Isapres: "Inflación en el área médica es superior a la de otros sectores"

"Si todo el mundo paralizara los reajustes de los planes de salud de las isapres, habría un deterioro de la calidad de los servicios médicos que son financiados por el sistema porque lo que hacen las isapres es reflejar la mayor demanda de los usuarios y la complejidad de los prestadores".

Categórica es la postura de Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de Isapres, frente a la mayor presión que están ejerciendo los afiliados, vía judicial, para evitar que suban de precio sus planes.

Admite que el tema es "complejo", pero afirma que las entidades privadas "están actuando de acuerdo a la ley aprobada en 2005. Ella permite a las isapres readecuar los precios de los planes una vez al año. Y establece un criterio de solidaridad al fijar un reajuste único que deben informar a la Superintendencia de Salud el 31 de marzo, con una variación máxima de 30% dentro de un promedio que se entrega a todos los afiliados por igual". 

Caviedes recalca que los costos de la medicina son superiores al IPC y que "esta realidad se da en Chile y en todos los países. Hay una medicina más especializada, con mayor tecnología, y la gente demanda más atenciones. Esto hace que la inflación que se produce en el área médica sea superior a la de otros sectores".

-¿Cómo observan este fenómeno de que la gente acuda a la justicia?

-Eso se produce porque la gente no comprende la necesidad que tiene el sistema de reflejar los costos de la medicina. Las isapres tienen la responsabilidad social de mantener finanzas sanas y equilibradas. Por lo tanto, tienen la obligación de regular sus tarifas de acuerdo a las demandas de prestaciones médicas de sus afiliados.

-¿Y por qué las isapres no disminuyen sus utilidades en vez de traspasar los costos a los afiliados?

-Las utilidades de las isapres son más bajas que las de cualquier otro sector económico: banca, seguros, concesiones... Están al límite en cuanto a la rentabilidad. Dentro de los mitos y falsedades, se ha inventado que se obtienen rentabilidades millonarias y eso no es efectivo. 

-¿Qué pasaría si la gente acudiera en masa a los tribunales?

-No podría solventarse este sistema. Simplemente se produciría una crisis que afectaría también a los prestadores (doctores, clínicas, centros médicos). Las isapres no hacen más que reflejar la mayor demanda de atención y la complejidad de los prestadores.

-¿Temen que con las mayores alzas que se anuncian, más usuarios recurran a la justicia?

-No sé. En primera instancia las personas deben recurrir a la Superintendencia que puede actuar como árbitro. No me parece que todos estos casos deban llegar a los tribunales, que ya están suficientemente copados como para estar atendiendo estos reclamos que muchas veces no son alzas significativas.

Según Caviedes, "el peso de la verdad debiera triunfar. Hay un hecho que en cualquier momento los tribunales tendrán que tener en cuenta: el incremento de los gastos médicos y la existencia de una salud más compleja que requiere más financiamiento. Creo que esto en algún momento se verá reflejado en los fallos judiciales".
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