Foto: DEFENSOR DEL PUEBLO/EUROPA PRESS
MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo que dirige María Luisa Cava de Llano afirma que es "frecuente la sobreocupación" de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), lo que "empeora las carencias y deficiencias estructurales de algunos de ellos", tal y como explica en los criterios generales de la institución con relación a estas instalaciones policiales.
Esta relación de ideas del Defensor del Pueblo sobre los nueve centros que existen en España, fundamentada en años de trabajo visitando las instalaciones e investigando quejas de los internos, coincide así con la percepción del juez de vigilancia del CIE de Madrid, que en un auto ha referido la situación de "hacinamiento" en que se encuentran las personas allí retenidas.
Para la Defensora del Pueblo, además de la citada "sobreocupación", en los CIE se da una "acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial, en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos y del mantenimiento de sus derechos no afectados por la privación de la libertad deambulatoria".
Sobre este centro en particular, los sucesivos informes de la institución han ido denunciando, desde el año 2007, "numerosas dificultades respecto a la asignación de un servicio médico estable y permanente". De hecho, aquel año la Oficina del Defensor emitió un recordatorio de deberes legales al director del CIE sobre este asunto, pero en lugar de mejorar, la situación empeoró.
"Se comprobó que el problema de la atención sanitaria, lejos de solucionarse había empeorado, al reducirse las visitas médicas a sólo dos días por semana, lo que claramente impedía la realización regular de las revisiones médicas de los internos en el plazo de veinticuatro horas desde su ingreso, según dispone la normativa reguladora de este tipo de establecimientos", explica el informe de aquel año.
Además, los investigadores del Defensor constataron "graves deficiencias" como que "no se estaban dispensando los medicamentos fuera del horario de trabajo del diplomado en enfermería asignado a las instalaciones" o que se interrumpían "tratamientos prescritos a los internos con anterioridad a su ingreso". No obstante, después de aquella visita, el centro informó de que había contratado "un servicio médico específico".
En general, la Defensora del Pueblo considera que el modelo de los CIE es "inadecuado" porque "básicamente supone la custodia directa por parte del Cuerpo Nacional de Policía en un periodo dilatado de tiempo de personas de muy diversa procedencia". "Sería más lógico que dicha custodia policial se realizara desde el exterior de las instalaciones, asignando el papel de coordinación de la convivencia en el centro a personal especializado en la intervención social", explica la Alta Institución.
SIN SERVICIOS SOCIALES, NI CONTROL DE LOS POLICÍAS
Así, señala la "ausencia generalizada de servicios de asistencia social dentro de los centros, a pesar de estar previsto en la normativa", lo que a juicio de la Institución, "ayuda a crear un difícil clima de convivencia, dificultando enormemente las labores de custodia de los funcionarios del cuerpo nacional de policía".
La institución también denuncia la "ausencia de mecanismos efectivos de control de la actuación policial dentro de los centros, debido principalmente a la falta de identificación de los funcionarios que trabajan en ellos", así como "las carencias y limitaciones del sistema de video vigilancia, que no se encuentra instalada en todas las zonas y solo permite una grabación limitada".
Tampoco hay, según sus informes, módulos adecuados de convivencia familiar, ni criterios uniformes para solicitar el ingreso en el centro, por lo que conviven personas cuya única falta fue no tener permiso de residencia, con delincuentes condenados a quienes se ha impuesto la expulsión del país.
"El problema principal es la propia concepción de los CIES en la Ley, que lo define de manera negativa, es decir, se establece un paradigma que es el penitenciario, para a continuación decir que debe haber una privación libertad distinta de esa pero sin regular cómo ha de ser ésta y cuales han de ser sus límites", explica la Oficina de la Defensora del Pueblo.
-- 