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Wednesday, May 23, 2012

El Defensor del Pueblo

Chile no tiene la institución del defensor del pueblo

El Defensor del Pueblo

La capacidad de procurar y mediar, no de negociar. 

Edwin J. Asturias

Fuente menor Fuente normal Fuente grande

La figura del Ombudsman o defensor del pueblo tiene su inspiración en el Cadí, juez islámico que aplica la Sharia creado por el segundo califa turco en el año 640.  El rey Carlos XII de Suecia, exilado en Turquía en 1713, erigió la oficina suprema del Ombudsman para asegurarse que sus servidores públicos cumplían con las leyes.

 

La creación de la Procuraduría de Derechos Humanos en nuestra constitución de 1985 fue un gran avance e innovación.  Su mandato es claro: mediar entre el Estado y el pueblo, y representar y proteger los derechos que los ciudadanos tenemos asegurando que quienes gobiernan cumplan con la ley.

 

Con la excepción de este último comisionado, nuestros procuradores han sido hombres probos, no perfectos, pero con clara visión de su mandato.  Morales, por el contrario, trajo a la oficina el clientelismo, el narcisismo y la errónea idea de que él era imprescindible.  La primera lección que debe llevar en el morral el próximo procurador, es que esta allí para "servir y guiar" al pueblo sobre sus derechos y responsabilidades.  ¡No para hacer carrera política! Segundo, nadie es indispensable en la vida, pero sí necesario.  Morales quiso convencernos de que sin él la institución se iba a pique. Evitar enamorarse de su propia imagen e investidura es algo que pocos líderes logran, y que el presidente George Washington, como otros, dejó como legado.  Y la más importante: la capacidad de procurar y mediar, no de negociar.  Los principios que fundamentan nuestros derechos: la vida, la libertad, la justicia, y la educación, y la salud como premisas, no son negociables.  Que el gobierno no tenga la capacidad o voluntad de cumplir con ellos no es más que deuda del mismo Estado.   Por ello, el procurador es independiente y su misión es clara: vigilar y señalar a quien vulnere los derechos de los demás; y hasta hoy el mayor violador en Guatemala ha sido el Estado.

 

Los legisladores mal harían de elegir a un candidato con poca historia, sin experiencia ni cátedra en derechos humanos, y que lleve las manos deshonradas.  Nuevos aires se avecinan para nuestros derechos humanos, y nadie mejor para el puesto que quien tiene un nombre que mantener en alto.  El nuevo procurador deberá llevar clara la premisa del presidente Teodoro Roosevelt: "Ningún hombre está por encima de la ley, y nadie por debajo de ella".



Saludos
Rodrigo González Fernández
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Friday, May 18, 2012

España: Hacienda sancionará a los altos cargos que incumplan la Ley de Estabilidad

Anteproyecto de Ley de Transparencia

Hacienda sancionará a los altos cargos que incumplan la Ley de Estabilidad

Soraya Sáenz De Santamaría En La RDP Del Consejo
Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda podrá sancionar a los altos cargos de cualquier administración pública que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. En el caso de que los incumplidores sean miembros del Gobierno, el Consejo de Ministros será el encargado de imponer la sanción.

Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha subrayado que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a la pérdida de la condición de alto cargo. "La inhabilitación, como es una pena, lo hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.

La Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.

La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.

AFECTA A LOS ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS PUBLICOS

Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.

Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

Entre las novedades hay un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.

MÁS INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE TRANSPARENCIA

La vicepresidenta ha indicado que las indicaciones de los ciudadanos han llevado al Ejecutivo a "dotar de más independencia" a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equiparan a los de los organismos reguladores.

Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.

PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR

El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración democrática y considera que "tendrá efectos económicos porque genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Sáenz de Santamaría ha señalado que se trata de una norma "compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, ya que, hay que poner en marcha las aplicaciones informáticas para colgar la información en las páginas web

Fuente:

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Wednesday, May 09, 2012

El Defensor del Pueblo acumula ya "algunas" peticiones de recurso de inconstitucionalidad contra los recortes en Sanidad

defensor del pueblo: una institución que en Chile no tenemos, exijamos su creación legislativa

El Defensor del Pueblo acumula ya "algunas" peticiones de recurso de inconstitucionalidad contra los recortes en Sanidad

9/05/2012 - 14:44
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La Oficina del Defensor del Pueblo acumula ya "algunas peticiones" para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real-Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que, entre otros recortes, retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes empadronados que se encuentren en España en situación irregular.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Oficina del Defensor del Pueblo acumula ya "algunas peticiones" para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real-Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que, entre otros recortes, retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes empadronados que se encuentren en España en situación irregular.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, los servicios jurídicos del Defensor del Pueblo analizarán las peticiones registradas para dirimir si hay o no inconstitucionalidad en la norma y obrar en consecuencia, ya que la Institución tiene competencia para acudir directamente al Tribunal Constitucional.

Con todo, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, dispone de tres meses para plantear el posible recurso de inconstitucionalidad que empezaron a contar el pasado 24 de abril, por lo que aún hay plazo para que la Institución reciba y analice nuevas peticiones de recurso.

Una de ellas podría ser del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que tras estudiar a fondo el Real Decreto del Gobierno concluyó que podría ser inconstitucional porque pretende modificar leyes orgánicas, los estatutos de autonomía de distintas comunidades autónomas que, como Cataluña, Andalucía o País Vasco, reconocen el derecho a la sanidad a todos los habitantes del territorio, al margen de su situación administrativa.

Precisamente este ha sido el argumento esgrimido por el Gobierno del País Vasco, cuyo 'lehendakari', Patxi López, ha anunciado que recurrirá al Constitucional por entender que los recortes en Sanidad, así como los de Educación aprobados por el Ejecutivo, "invaden el autogobierno vasco" al tocar asuntos recogidos en su Estatuto y "rompen el principio básico de igualdad y universalidad" en el acceso a los servicios públicos esenciales.

La Generalitat de Cataluña, por su parte, también ha acusado una invasión de competencias y un afán de "recentralización" en el Gobierno, así que ha iniciado los trámites para presentar su propio recurso, enviando el decreto al organismo asesor que analiza la compatibilidad de la normativa estatal con el Estatuto de Autonomía (Consell de Garanties Estatutàries) a fin de que analice si hay o no inconstitucionalidad y, en su caso, prepare el argumentario.

En el caso de Andalucía, que se encuentra inmersa en un proceso de renovación de gobierno tras las elecciones autonómicas, aún no se han anunciado medidas concretas, pero la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha afirmado que los servicios jurídicos de la Junta están "estudiando con detenimiento" el posible recurso y que este asunto será "uno de los primeros que se pongan sobre la mesa" del recién conformado Consejo de Gobierno.

Desde la sociedad civil, además de movilizaciones y actos de protesta contra los recortes en general, FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una iniciativa para promover otro recurso de inconstitucionalidad, habilitando en su página web un apartado en el que los internautas pueden enviar un escrito a diputados y senadores pidiéndoles que hagan grupo y recurran la nueva norma. En la actualidad, cincuenta parlamentarios bastan para instar un recurso de este tipo

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