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Sunday, June 28, 2009

La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, viajó hasta Iquique

La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, viajó hasta Iquique





 

La presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, viajó hasta Iquique para sostener encuentros con autoridades y organizaciones sociales con el fin de promover la defensa de los derechos ciudadanos y difundir el rol que tiene en esta tarea la Comisión que ella preside.

La primera actividad de la asesora presidencial en la capital de la Región de Tarapacá fue sostener un encuentro con Intendente Miguel Silva,  y con Seremis y  jefes de servicio de alta demanda ciudadana, para analizar la calidad de la atención que están brindando los diversos organismos públicos de la región y suscribir un compromiso por mejorar la atención que realizan.

Esto, al precisar que si bien, muchas personas reconocen que tienen derechos en distintos ámbitos de su vida (92%), un 43% no sabe que tienen derechos frente a los servicios públicos, cuáles son o cómo exigir su cumplimiento.

Danae Mlynarz, sostuvo que los procesos de modernización han avanzado en brindar una atención de calidad y oportuna en los últimos años, sin embargo, falta aun atender situaciones que comúnmente son reclamadas ante la Comisión Defensora Ciudadana como la falta de respuesta.

Según estudios de la Comisión Defensora Ciudadana,  un 71 % de las consultas que los ciudadanos formulan a los servicios públicos no reciben respuesta. Por ello, Mlynarz afirmó "ha sido un tema relevante para la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,  y nuestro gobierno atender la realidad del nuevo ciudadano más empoderado y conciente de sus derechos y por eso, es que estamos suscribiendo este compromiso con las autoridades regionales de mejorar la atención y difundir la existencia de derechos ciudadanos".

 INSTITUCIONES EN SILENCIO

 Entre el 1 de enero de 2008 y el 20 de junio de 2009, la Comisión Defensora Ciudadana Defensora Ciudadana recibió un total de 19 presentaciones provenientes de la Región de Tarapacá,lo que representa sólo un 2 por ciento del total nacional. De éstas, 9 fueron reclamos, 6 consultas y 4 correspondieron a solicitudes.

 

En general, los servicios e instituciones públicos de la I Región registran una baja tasa de presentaciones, siendo el Servicio Electoral y la Superintendencia de Seguridad Social las únicas entidades que registran dos reclamos, ya que el resto sólo tiene una presentación.

 

El derecho que más fue vulnerado por los servicios de la Región de Tarapacá entre enero de 2008 y junio de 2009 fue el de recibir respuesta a una solicitud o reclamo en un tiempo prudente (5 casos). Este dato está en línea con las cifras generales registradas por la Comisión Defensora Ciudadana en el primer trimestre del año, donde precisamente la vulneración del derecho a recibir una respuesta en tiempo oportuna fue el que presentó la mayor alza con respecto al período octubre-diciembre de 2008.

            Para la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial, Danae Mlynarz, "cuando un servicio no responde en forma oportuna a aquella respuesta que busca el ciudadano o no le da una solución satisfactoria y rápida a su problema, se genera una desconfianza hacia el Estado, que ve desvalorizado su rol como ente que está al servicio de las personas":

            Por ello, Mlynarz hizo hincapié que cuando un ciudadano acude a la Comisión y ésta interviene, "este proceso debiera ser asumido por el servicio como una alerta para que mejore su gestión y como una segunda oportunidad para que el ciudadano retome la confianza en una institucionalidad que es capaz de responder de manera profesional y eficiente".

            Si bien el artículo 19, inciso 14 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas el derecho de presentar peticiones a la autoridad, no habla acerca del derecho a la correspondiente respuesta a estas presentaciones, existen una serie  preceptos constitucionales y normas de rango legal que obligan a los funcionarios públicos a contestar las solicitudes de los ciudadanos en tiempos establecidos. 

            Lo anterior se vio reforzado con la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, que establece un plazo máximo de 20 días para que los Órganos requeridos se pronuncien respecto de cualquier solicitud de información de los ciudadanos. Si la solicitud es denegada, quien la pidió puede llevar su caso ante el Consejo para la Transparencia, llegando en última instancia, a la Corte de Apelaciones respectiva. De aprobarse la entrega de la información, el Consejo para la Transparencia está facultado para sancionar a la autoridad o funcionario con multas que van desde el 20 al 50 por ciento de su sueldo, y de persistir en la conducta, se le suspenderá de su cargo por un plazo de cinco días. 

DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS

Junto con difundir la labor de la Comisión, Danae Mlynarz aprovechó también los encuentros que sostuvo con los medios locales de comunicación para hablar sobre la situación legislativa del proyecto que crea la Defensoría de las Personas.

Los periodistas tuvieron un alto interés en este tema, por lo que solicitaron ahondar en la historia del proyecto y en las dificultades que éste ha tenido en su proceso legislativo.

Danae Mlynarz recordó que en la campaña de 2005 todos los candidatos presidenciales tuvieron presente en su programa de gobierno la idea de crear un Defensor Ciudadano en nuestro país. Por ello, la asesora presidencial expresó a los periodistas que está confiada en que la iniciativa tras 18 años de fracasos legislativos, verá finalmente la luz este 2009 y en ese sentido hizo un llamado a los Senadores de la Alianza para que entreguen sus respaldo al proyecto que hoy se encuentra entrampado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta.

 

ENCUENTROS CON LA CIUDADANÍA

La Comisión Defensora Ciudadana tiene el deber de tener encuentros permanentes con la ciudadanía. Es por ello que en Iquique el segundo gran objetivo fue sostener reuniones con organizaciones sociales y desarrollar una atención de casos en un espacio público de la ciudad.

 

En la Plaza Prat, aprovechando la instalación de una Feria Ciudadana y una actividad del Conace, se ubicó un stand de la Comisión Defensora Ciudadana a cargo de la asistente social Andrea Leonahardt. La profesional no sólo atendió casos (11 de los cuales fueron registrados para procesarlos en Santiago) sino que también aprovechó la ocasión para dar a conocer la existencia de esta Comisión, destacando el rol que cumple en la defensa de los derechos ciudadanos.

 

Además, en el auditorium de la Seremi de Educación, Danae Mlynarz encabezó una reunión con 17 representantes de juntas de vecinos y de diversas organizaciones sociales y culturales de la Región de Tarapacá. En el encuentro se difundió la labor que realiza esta Comisión y también se escucharon los principales inconvenientes que enfrentan diariamente los ciudadanos de Iquique y de otras ciudades de la región, ya sea en los servicios públicos o en el ámbito de seguridad. Algunos vecinos aprovecharon la ocasión para ingresar con Andrea Leonahardt reclamos contra alguna institución pública con la cual tuvieron problemas.
Autor: Prensa Comisión Defensora Ciudadana
Fecha: 26/06/2009

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santo domingo: El Defensor del Pueblo en la Constitución


El Defensor del Pueblo en la Constitución
Saturday, June 27, 2009 -

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 Esa figura del Defensor del Pueblo tiene su origen en Suecia, y se le conoce igualmente como Ombudsman
 
Por Angel Canó, Santo Domingo.- La figura del Defensor del Pueblo (Ombudsman) resurge del rincón más apartado del olvido institucional gracias a los trabajos de la Asamblea Revisora que, como parte de sus labores de modificación de la Constitución y en atención a una propuesta del Presidente de la República,  le ha aprobado elevándole a categoría constitucional, luego de permanecer oculto por un espacio de ocho años.

En el 2001 fue aprobada la Ley 19-01 en la que se consagra la figura del Defensor del Pueblo como una autoridad independiente, no sujeto a ninguna limitante que no sea el apego a la ley, con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, teniendo como objetivo esencial salvaguardar y defender los derechos de los ciudadanos plasmados en la Constitución cuando sean vulnerados por funcionarios de la administración pública.  

 

No resulta extraño que la clase política no se haya puesto de acuerdo para que a través de sus delegados en el Congreso pudieran seleccionar la persona que ocuparía el cargo de Defensor del Pueblo, por cuanto la propia ley consagra que de una terna sometida por la Cámara de Diputados se escoge a la persona con el voto favorable de las dos terceras partes de la matricula de los senadores.  Aquí es donde se levanta el muro invisible que ha impedido su escogencia: los senadores extrañamente nunca han logrado el quórum reglamentario para escogerlo, bajo todos los argumentos y excusas de cualquier naturaleza pero que en el fondo obviamente indican la falta de voluntad política de instituir una figura que deviene en un fiscalizador de la actividad y actuación de los funcionarios públicos.

 

Resulta obvio que esta figura del Defensor del pueblo se erige con un rango superior de fiscalización y supervisión de la actividad de la administración pública y de las agencias  privadas prestadoras de servicios públicos, con lo cual se puede estar afectando muchos intereses reales y potenciales, actuales y futuros, dentro de la administración pública, mucho más cuando la propia ley, partiendo de la naturaleza de esas funciones, le confiere el poder de atender las quejas de los ciudadanos afectados en sus derechos fundamentales como consecuencia del accionar de la administración pública y motorizar acciones penales a través del misterio público,  lo que parece que viene a ser la única razón por lo que la clase política no haya asumido con la debida responsabilidad en el tiempo su designación.

 

Esta figura del Defensor del Pueblo tiene su origen en Suecia, y se le conoce igualmente como Ombudsman, y desde el inicio este funcionario tenía competencia para ejercer una estricta vigilancia para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas y velar porque los servidores públicos cumplieran sus obligaciones.  Entrado el Siglo XX se difundió a una gran cantidad de países, incluyendo al Continente Americano, y a partir de finales de la década de los ochenta empezó a ser insertado en el marco legal de muchos países latinoamericanos tales como Costa Rica, Venezuela, Nicaragua,  adaptándose en cada caso a las necesidades propias del sistema social, político y jurídico de aquellos que lo han adoptado.

En palabras claras, el Defensor del Pueblo prácticamente llega a nuestro país como una figura prácticamente superada su novedad en lo que es la trayectoria moderna de la defensa de los derechos de los ciudadanos, por cuanto no es menos cierto que en algunos de los países latinoamericanos donde ha sido adoptada la figura, se han generado situaciones particulares de importancia que deben ser referentes obligados para nosotros.   La implementación de ésta figura, ocho años después de la ley, más el que tome la reforma de la Constitución, debe implicar un proceso de concretización más acabado de manera que el desfase creado entre la Ley 19-01 y el nuevo carácter constitucional que se le impregne pueda recogerse fielmente en un trabajo de adaptación a la realidad social, política y jurídica actuales.

 

Esta aprobación de rango constitucional debe promover la reapertura del proceso de selección de aquel que debe ser escogido como Defensor del Pueblo, una posición que conlleva un importante nivel de responsabilidad frente a la sociedad y al poder político, por lo que no puede ser festinado con una designación complaciente sino que, por el contrario, debe ser el resultado de una participación activa de los grupos de la sociedad civil más que de la clase política.  

 

Nada nuevo bajo el sol salvo que, de formalizarse la reforma constitucional, debe sacarse la ley del olvido, puesto que el Defensor del Pueblo ya no tiene más excusas para su retardo.



 
Ángel Canó

Abogado y Profesor Universitario

Akno_law@yahoo.com

Rodríguez - Estrella & Canó
C/Luis F. Thomen No.. 110, Torre Gapo, Suite 702
Evaristo Morales, Santo Domingo, R.D.
Telf.. 809 566 1122; 809 620 2066; Fax 809 620 1828


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La Defensoría del Pueblo porteño tiene una nueva defensoría adjunta dedicada al ... La iniciativa fue realmente original: un ombudsman adjunto que recogiera ...
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Wednesday, June 24, 2009

DEFENSOR DEL PUEBLO: Panamá Defensor del pueblo defiende su institución

Panamá
Defensor del pueblo defiende su institución
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Ricardo Vargas, Defensor del pueblo, durante la conferencia de prensa. Foto/Defensoría

Luego que el diputado José Luis Varela, del partido panameñista, diera a conocer su intención de eliminar la Defensoría del Pueblo, en el programa Cara a Cara de Telemetro, el titular de entidad a defenderse.

El defensor del pueblo, Ricardo Vargas, organizó una conferencia de prensa, en la cual resaltó que este tipo de instituciones sirven como puente entre el ciudadano común y el Estado, precisamente por abusos del Estado.

Vargas añadió que el cierre la defensoría signifacaría un retroceso político. A la vez, ratificó su deseo de reunirse con Varela, una vez él regrese a la país.

 

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Tuesday, June 23, 2009

DEFENSOR DEL PUEBLO: Defensora insiste en denunciar apremios ilegales

Defensora insiste en denunciar apremios ilegales
Martes 23 de Junio de 2009 00:00


 La defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, afirmó que se sigue muriendo gente en las comisarías y que continúan llegándole denuncias por apremios ilegales. Se refirió también a otros temas, en el marco de una conferencia de prensa en Río Colorado.

La defensora del Pueblo, Ana Piccinini,  manifestó que es mala su relación con la Policía de Río Negro "porque en las comisarías se sigue muriendo gente, ciudadanos que están bajo la guarda de la policía, como la chica de 23 años que presuntamente se ahorcó con un cordón de su zapatilla, cordón que nunca debería haber estado allí, no debería haber pasado la requisa, si en cambio las zapatillas que llamativamente no las tenia puestas". En este sentido la Defensora dijo: "esto que es tan elemental no se está haciendo bien en las comisarías".

"Desde el comienzo de mi gestión –agregó Piccinini- es que yo estoy enfrentada con la policía porque desde un principio dije que no iba a tolerar apremios ilegales y a mi todos los días me hacen denuncias por este motivo. La pocilla, siempre lo dije, no tiene que pegar a nadie".

Asimismo la Defensora del Pueblo indicó que hace poco presentó una denuncia ante el Auditor de Asuntos Internos de la Policía,  Dr. Hugo Concellon "y todo el bagaje de denuncias  y de pruebas que tenemos en la Defensora se lo llevé  y además hicimos una denuncia penal de investigación".

En otra parte de la conferencia de prensa brindada por la Defensora del Pueblo en ocasión de su visita a Río Colorado para atender los reclamos de los vecinos expresó que "hay una situación de abandono por parte del gobierno provincial que es al que yo debo controlar".

Agregó que "nosotros, estamos consustanciados en recorrer la provincia y estar personalmente junto a los vecinos, en los hospitales, en las escuelas y atendiendo a la gente y es una gran satisfacción poder hacerlo y es la base fundamental de mi tarea, a más realidad mayor posibilidad de hacer propuestas de cambio".

La defensora también expresó que le parece muy bien que el vecino participe "que se interese en las cosas que le pasan y que sea el propio vecino el que se preocupe en pedir la solución a sus problemas", cuando le anticiparon que mas de 3.000 ciudadanos del lugar pedirá su intervención ante reiterados problemas en el suministro de energía eléctrica.

Respecto a la pregunta de una periodista en referencia a la relación existente entre la Defensora del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos de la provincia la Dra. Piccinini expreso: "nos relacionamos bastante poco , yo creo que el defensor de los derechos humanos por excelencia es el Ombudsman que es el defensor de los derechos humanos independiente, no nos olvidemos que esta Dirección de Derechos Humanos pertenece a un Ministerio, que  es el Ministerio de Gobierno que tiene como primo hermano  dentro del Ministerio nada más ni nada menos que a la policía, o sea que se hace un poquito difícil la convivencia  entre los dos organismos que dependen del mismo Ministro, esto no quiere decir que no se pueda lograr".

Con respecto a la causa Flavors la Defensora dijo que finalmente tenemos juez en la causa "porque estaba boyando entre un juez y otro, con jueces sumamente ocupados y esta es una causa grande. A mi entender, el Dr. Funes incurre en mal desempeño de sus funciones en dos oportunidades por eso le pido al Instructor que tiene que proveer algo a la causa porque ya ha pasado demasiado tiempo y el instructor, Dr. Edgardo Albrieu, utiliza la licencia del juez Funes para no hacer caminar el expediente   de juicio político, cuando la ley señala que: "iniciado el sumario,  el mismo no podrá suspenderse";  y solo la "declaración judicial de incapacidad, que impida al denunciado concurrir a la sustanciación"  permitirá excepcionalmente dilatar el procedimiento hasta la designación de un representante legal o Defensor Oficial en caso de incumplimiento.

En referencia a la denuncia por enriquecimiento ilícito del legislador Sartor la Dra. Piccinini expresó: "Uno no viene a la función publica para enriquecerse  sino que uno viene para servir, si yo hubiese querido ser rica me hubiese dedicado a la función de abogada  que es una profesión libre y muy redituable, yo elegí otra cosa de manera que esa opción también la tuvo Sartor; creo que cuando un funcionario público se hace rico tiene que justificarlo porque se invierte la carga de la prueba, el legislador Sartor tiene que demostrar su patrimonio no por sus ingresos de funcionario público sino porque se ha ganado la lotería, por una herencia , o por negocios que no sean incompatibles con la función pública, él ahora va a tener la posibilidad de defenderse y de demostrar  su  patrimonio.  Nosotros lo seguimos investigando, pero que quede claro que no es una cuestión personal con Sartor".


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Friday, June 19, 2009

Juan J. Minguez, adjunto II de la Defensoría Nacional visitara la provincia de Jujuy

Juan J. Minguez, adjunto II de la Defensoría Nacional visitara la provincia de Jujuy

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Jujuy al día – Mañana, viernes 19, el Adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan Jesús Minguez, visitará la provincia de Jujuy donde mantendrá distintas audiencias y reuniones con funcionarios, representantes de organismos públicos, de Defensa del Consumidor y de ONGs.

El Dr. Minguez fue invitado para mantener una Audiencia Institucional relacionada con la prestación y facturación de los servicios públicos de esa provincia, y una conferencia sobre el tema.

Recordemos que el 10 de diciembre último el Dr. Minguez asumió como Adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Previamente se había desempeñado como diputado nacional por la provincia de San Juan en el período 2001-2005, y como Presidente y asesor letrado de la Comisión de Acusaciones del Consejo de la Magistratura.

Síntesis

El 27 de enero pasado, la justicia hizo lugar a la medida cautelar que había pedido del entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, "ordenándose a las empresas EDENOR S.A, EDESUR S.A y EDELAP, se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la forma pago de las facturas emitidas en base a las resoluciones cuya impugnación el Defensor pretende".

El Defensor Nacional promovió el 16 de enero una demanda contra el Estado Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a fin de que se declare la nulidad por ilegitimidad de las Resoluciones Nº 1169/08 y Nº 745/05 de la Secretaría de Energía, y sus modificatorias Nº 797/08, Nº1170/08, y las Nº 628/08 y Nº 654/08 dictadas por el ENRE, pues la aplicación de las mismas, a partir de las facturaciones del servicio de distribución de energía eléctrica de las empresas EDENOR S.A., EDESUR S.A., y EDELAP, cuyos vencimientos operan durante los meses de diciembre 2.008 y enero del corriente año 2009, "generó facturaciones que contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en la Constitución Nacional".

Paralelamente, en febrero pasado, el Ombudsman nacional, entabló otra demanda contra el Estado Nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) para que se declare la nulidad, por ilegítimas, de las resoluciones que dieron lugar a facturaciones con adicionales en las tarifas de gas.

En su accionar, la Defensoría Nacional pidió la nulidad del Decreto Nº 2067 del 27 de noviembre de 2008 (B.O. 3/12/08), Resolución Nº 1451/2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y Resolución Nº 536 dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), ambas publicadas en B.O. con fecha 23/12/08; y "de toda otra norma que se dicte como consecuencia de las aquí cuestionadas".

El Ombudsman, a fin de evitar el daño inminente e irreparable a los usuarios del servicio público de distribución de gas, pidió una medida cautelar para que en forma urgente se disponga "la suspensión de los efectos derivados de los instrumentos impugnados, esto es: el Decreto 2067/2008 dictado por el PEN, la Resolución 1451/2008 dictada por el MPIPyS y la Resolución 536/2008 dictada por el ENARGAS, y en consecuencia que dicho organismo regulador, instruya quienes han sido designados como agentes de recaudación del cargo tarifario, a que se abstengan de percibir las facturaciones emitidas mediante la aplicación de las resoluciones referidas. Asimismo, del mismo modo y por idéntico procedimiento, se deberá instruir dichos agentes a fin de que se abstengan de efectuar cortes en el suministro de gas motivado en la falta de pago de tales facturas que contengan ese cargo tarifario."

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Thursday, June 18, 2009

DESARROLLO-PERÚ: Modelo para desarmar

DESARROLLO-PERÚ: Modelo para desarmar
Por Milagros Salazar


Estación Nº 6 de la empresa Petroperú en Bagua, Amazonas, custodiada por el ejército

Crédito: Milagros Salazar/IPS

LIMA, 17 jun (IPS) - Al aceptar la derogación de dos de los decretos que encendieron un sangriento conflicto indígena en la región de Amazonas, el gobierno de Perú demostró que esas normas no eran, como alegaba, una exigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, apuntan analistas y críticos.

Lima escuchó parcialmente el reclamo indígena y anunció el martes que presentará un proyecto para derogar los dos principales decretos cuestionados, el 1.090 y el 1.064, que promueven la explotación de recursos naturales en la Amazonia y que son considerados inconstitucionales por legisladores, juristas y organizaciones nativas.

El primer ministro Yehude Simon señaló a la prensa que "el TLC no corre ningún peligro con ello" y señaló su compromiso de pacificar el país, tras lo cual abandonaría el gabinete.

Con ese paso se contribuyó a calmar en algo los ánimos.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que condujo desde el año pasado la campaña contra esas reformas, reconoció el martes en un comunicado la nueva actitud del Poder Ejecutivo y "su proclamada voluntad política de resolver" sus demandas.

Además, la Aidesep resaltó "el sacrificio y la firmeza de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonia por el logro de estos reconocimientos" y pidió el cese del estado de emergencia en las zonas afectadas y la creación de una comisión de la verdad para investigar las muertes de al menos 34 personas --incluyendo 24 policías, cinco indígenas y cuatro mestizos-- en la provincia nororiental de Bagua, Amazonas.

La Aidesep reclama también que cesen las incursiones del ejército y los sobrevuelos en las comunidades, y que se retiren las denuncias penales contra sus dirigentes regionales y nacionales, se brinde atención humanitaria y se reivindique y repare la dignidad de los heridos y deudos de los fallecidos en los enfrentamientos.

Además, el martes llegó a este país el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Pero el cuerpo legal que dio origen al conflicto subsiste.

El Poder Ejecutivo aprobó un centenar de normas en junio del año pasado, en el marco de las facultades legislativas que le había otorgado el Congreso legislativo en diciembre de 2007 para implementar el TLC.

En diciembre de 2008, una comisión multipartidaria del parlamento determinó que el gobierno se había excedido en el uso de esas facultades, decretando por ejemplo algunas normas que contravenían el derecho consagrado a la consulta previa a las comunidades para disponer acciones que afecten sus territorios.

Los decretos 1.090 y 1.064 modifican el régimen de manejo forestal y el uso de tierras agrarias, vulnerando la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmaron los legisladores.

En opinión del analista de políticas y legislación ambiental Alberto Barandiarán, el gobierno "ha dejado en evidencia que estos decretos no eran necesarios para el TLC con Estados Unidos, y que solo aprovechó la situación para promover un modelo económico que privilegia la inversión privada".

Según dijo el experto a IPS, el Ejecutivo modificó el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia no sólo en un decreto o dos, sino "diseminando esos propósitos en varias normas", por lo menos 10 relativas a la selva, "que han complicado el análisis" y la búsqueda de "una solución".

En 2007, el gobierno de Alan García había pretendido abordar todos esos aspectos en un único proyecto de ley de promoción de inversión privada en la Amazonia. Ante el rechazo que despertó en el Congreso, el Ejecutivo solicitó la delegación de facultades parlamentarias para realizar las reformas necesarias a la aplicación del TLC.

Las líneas maestras del plan habían sido expuestas por García en dos artículos que publicó en el periódico El Comercio, en octubre y noviembre de 2007, en los que calificaba a los críticos de la inversión privada como "perros del hortelano", que no comen ni dejan comer, y consideraba ociosas las tierras amazónicas porque "el dueño (el comunero) no tiene formación ni recursos económicos".

El decreto 1.090, suspendido desde el lunes 8 y por 90 días por el Congreso, modificó la ley de flora y fauna silvestre, abriendo la posibilidad de cambiar el uso de tierras forestales para otros fines, como explotación de hidrocarburos.

Su aplicación entrañaría que 60 por ciento de los bosques primarios, unas 45 millones de hectáreas, dejarían de ser patrimonio forestal y podrían ser vendidos. Las concesiones petroleras y gasíferas ya cubren más de 70 por ciento del territorio amazónico.

Para aplicarlo se requiere del decreto 1.064, que dejó sin efecto la ley de tierras de 1995. Éste último, según Barandiarán, es más lesivo por lo que deroga que por sus nuevas disposiciones.

Por ejemplo, la ley anterior contemplaba dos opciones para autorizar el desarrollo de las industrias extractivas: la negociación directa con las comunidades y el proceso de servidumbre.

La servidumbre permitía que la empresa solicitara un permiso al sector competente del gobierno central para ejercer su actividad en cierta zona por un período determinado, a cambio de una compensación a las comunidades dueñas de las tierras.

El decreto 1.064 eliminó esa modalidad que, si bien era criticada, representaba al menos un mecanismo para que las poblaciones locales expresaran su posición, indicó el experto.

Sin la servidumbre, quedó un vacío legal que las empresas pueden aprovechar para solicitar el cambio de uso de tierras forestales para cualquier actividad o para "apelar al derecho de desbosque, es decir que se tale una determina zona para desarrollar la minería o los hidrocarburos", expuso Barandiarán.

En su opinión, "las comunidades cuestionan principalmente que no se respete su visión de desarrollo y su opinión", quitándoles la garantía de la consulta, contemplada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1.064, alegando que vulnera derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa a las comunidades nativas, consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por este país.

Además, la ley de tierras, por ser orgánica, sólo podía ser derogada por la mitad más uno de los miembros del parlamento, y no por un decreto del Poder Ejecutivo.

La dirigencia indígena cuestionó en total 10 decretos legislativos. Si bien la comisión del Congreso los había considerado inconstitucionales en diciembre, el bloque oficialista se negó a tratar su derogación, llevando a las organizaciones nativas a retomar sus protestas en la primera semana de abril, bloqueando carreteras, puertos fluviales y estaciones de bombeo de gas y petróleo.

En agosto de 2008, los nativos amazónicos ya se habían conseguido derogar otras dos de esas normas, los decretos 1.015 y 1.073, que habilitaban la venta de tierras comunales autorizada apenas con los votos de la mitad más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria.

Los acontecimientos prueban que "el proyecto político de García, sustentado en la inversión privada a toda costa, ha entrado en crisis. La derogatoria de estos decretos es un primer paso, pero no la solución", dijo a IPS el historiador Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pero, además, se ha instalado la sospecha.

Algunos decretos, como el 994, son rechazados sobre todo por temor, dijo a IPS el especialista en recursos naturales Laureano del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.

Ese decreto promueve inversiones en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola en tierras eriazas que se ubican sobre todo en la costa y no en la Amazonia, señaló el estudioso.

Pero, "como el gobierno siempre ha manipulado la entrega de tierras en la selva, hay mucha desconfianza", aseguró el especialista. (FIN/2009)

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Friday, June 12, 2009

QUE EN CHILE OPERA UN TRAFICO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y PERSONAL ES UNA REALIDAD. NO ES DE AHORA ES DE HACE MUCHOS AÑOS.

QUE EN CHILE OPERA UN TRAFICO DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y PERSONAL ES UNA REALIDAD.
 
  •  NO ES DE AHORA ES DE HACE MUCHOS AÑOS.

El Boletín de informaciones Comerciales- que se confunde con DICOM-  es la base del tráfico de información ya que se la venden a quien la solicite y pague.Es fuente de financiamiento de un Gremio . Tanto es así , que los Bancos e instituciones Financieras emplean lo que se llama el "Histórico" haciendo  caso omiso a la legislación vigente.
La Información personal y de empresas, los usuarios se sienten cada vez más desprotegidos y exigen leyes más estrictas para defender su intimidad. Es preciso abrir un debate sobre la necesidad de mejoras legales para conseguir una protección de los ciudadanos más eficiente.
Debemos considerar que las nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos años han  permitido que ciertas personas , determinadas empresas y Gremios  se comporten  en detrimento de la esfera privada de los individuos. Nuestros datos personales fluyen por todo el mundo, con o sin nuestro consentimiento. Nadie escapa a ello , asi es que e l Estado , entidades  privadas  tienen acceso a nuestro material más sensible, a nuestra privacidad  y todo ello con un tremendo lucro tras ellos. Es un negocio fabuloso el traficar información de las personas y empresas.  Necesitamos una Ley de Protección de Datos que resguarde nuestros derechos y libertades.
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Tuesday, June 02, 2009

DEFENSOR DEL PUEBLO: Binner elevará el pliego de Bistoletti próximamente

Binner elevará el pliego de Bistoletti próximamente

01/06/2009 06:30 | Pese a los cuestionamientos dentro del propio Frente Progresista (el PDP), el gobernador aseguró que enviará el pliego del Dr. Edgardo Bistoletti para Defensor del Pueblo a la Asamblea Legislativa, sin más precisiones. Desde el oficialismo dicen que será después de las elecciones.

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Varios meses después de haberlo propuesto, y pese a los severos cuestionamientos de uno de los bloques que integra el Frente Progresista, el gobernador Hermes Binner confirmó que "en breve" enviará a la Legislatura el pliego del juez correccional Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de Santa Fe. 

El jefe de la Casa Gris fue extremadamente escueto en su respuesta y se excusó de dar mayores precisiones, a sabiendas que el proceso legislativo para ungir como ombudsman al magistrado no será sencillo: sobre 69 integrantes de la Asamblea Legislativa, el PJ posee 35 y al menos tres diputados del PDP, dentro de la coalición oficialista, ya adelantaron su voto negativo. Más aún: un cuarto legislador del Frente, Marcelo Brignoni, deslizó en el verano pasado que no acompañaría la propuesta de la gobernación. Las distintas vertientes del peronismo aún no definieron la postura a adoptar aunque algunos operadores justicialistas no descartaban la figura de la abstención, para restarle legitimidad a la designación del futuro titular de la Defensoría.

A fines de diciembre, Binner recibió a Bistoletti en su despacho de la delegación local de la Gobernación. En aquella oportunidad el gobernador oficializó el ofrecimiento que le hizo al juez correccional para ocupar la vacante generada tras la finalización del mandato de Carlos Bermúdez. Desde diciembre la Defensoría está acéfala, y la ejercen de manera interina las defensoras adjuntas Liliana Meotto y Liliana Loyola.

Tras la publicación del edicto con los antecedentes del magistrado, a mediados de enero comenzó la etapa de objeciones e impugnaciones. En total fueron seis los cuestionamientos presentados, que luego fueron respondidos por el postulado. La más contundente de las respuestas fue a la impugnación presentada por el diputado reutemista Alberto Monti: en la nota remitida a la Directora Provincial del Consejo de la Magistratura, Carolina Zancada, el juez Bistoletti recordó que cuando fue votado en la Legislatura su pliego como magistrado "el entonces senador Monti era presidente de bloque del partido gobernante, e integraba la Comisión de Acuerdos para el nombramiento de magistrados, tanto así que fue uno de los que votaron favorablemente e hicieron posible mi designación".

"No alcanzo a salir de mi asombro -continuó Bistoletti al observar que el ahora impugnante, es la misma persona que junto a otros miembros de la Comisión de Acuerdos hizo posible con su aprobación y voto afirmativo en la Asamblea Legislativa mi nombramiento como Juez, y ello lo descalifica para impugnar lo que antes había aprobado".

En su nota, Bistoletti refuta otro cuestionamiento de Monti, referido a la "falta de prestigio e independencia ante la sociedad", instancia en la que el diputado del PJ cita argumentos del líder de la democracia progresista, Carlos Favario, quién dos décadas atrás impugnó su designación. Al respecto, Bistoletti señaló: "Debo remarcar una vez más que yo nunca fui funcionario de ningún régimen militar, y menos aún del más cruento y sanguinario que existió en el país; al cual sí podemos afirmar, coadyuvó la persona que ahora el impugnante trae a colación como abanderado de la democracia, siendo colaboracionista de dicha dictadura ejerciendo un importante cargo en la Municipalidad de Rosario. Creo que sobre esto más no se puede decir".

Para la Casa Gris, las respuestas de Bistoletti a las impugnaciones fueron "satisfactorias", razón por la cual el propio gobernador resolvió ratificar su decisión de promover al juez rosarino como ombudsman provincial. "Lo vamos a enviar al pliego", dijo Binner ante la consulta de Rosario/12, tras lo cual se excusó de dar precisiones sobre plazos, aunque desde la gobernación deslizaron que el mensaje llegará a la Legislatura "seguramente después de las elecciones" para evitar una mayor politización del debate.



Fuente: Rosario 12

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Monday, June 01, 2009

defensor del pueblo Un año de quejas ante el Defensor

Un año de quejas ante el Defensor

Una selección de los casos más llamativos tramitados por Chamizo en 2008

REYES RINCÓN - Sevilla - 31/05/2009

 
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El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, presentó esta semana en el Parlamento su informe de 2008. El documento resume la actividad de su oficina el año pasado, en el que las dificultades relacionadas con la financiación de la vivienda, el pago de hipotecas y la morosidad de las administraciones centraron buena parte de las más de 5.600 quejas presentadas. Al margen de la crisis, el quipo de Chamizo se ocupó de materias muy diversas. Lo que sigue es una selección de algunas de las más llamativas.

      La noticia en otros webs

      Una maltratada se queja de que la Junta estudie declarar en desamparo a su hijo

      La orientación sexual de un hombre figuraba en su historial médico

      - Violencia de género. El defensor admitió a trámite el año pasado 41 quejas relacionadas con políticas de igualdad de género. Entre ellas cuenta el caso de una usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla (IAM) como víctima de malos tratos. La mujer se dirigió al defensor para protestar por el funcionamiento del programa Cualifica (formación para encontrar empleo) y para mostrar su "indignación" por una de las consecuencias de su paso por el IAM.

      Según recoge el informe, en una de las entrevistas con el personal del centro, la mujer expresó deseos de suicidio, lo que supuso que el IAM diera parte al Servicio de Protección de Menores por la "posible situación de riesgo de su hijo". El expediente de desamparo acabó archivado, pero después de que Bienestar Social llevara a cabo las indagaciones habituales para valorar si la mujer estaba en condiciones de cuidar del niño: visitas a su casa de la unidad de policía adscrita a la Junta, petición de un informe al pediatra y al colegio, consultas a los servicios sociales que habían atendido a la mujer.

      Chamizo alerta de que "no era la primera vez" que su oficina tiene conocimiento de casos similares que acaban archivados, pero después de ocasionar "numerosos trastornos" a la afectada. El defensor entiende que, como prevé la ley contra la violencia de género, el IAM tenía que tener información de la mujer y el niño como para no necesitar estas nuevas indagaciones.

      A la vista del caso, Chamizo recomendó al IAM que diera "instrucciones precisas" al personal de atención de víctimas de malos tratos sobre los criterios "objetivos" que deben motivar denuncias por desamparo de los hijos, para que "incluyan siempre" un informe del trabajador social y el psicólogo que esté tratando a la mujer. El IAM aceptó la recomendación, por lo que el defensor ha archivado el caso.

      - Derecho a la intimidad. Varias de las quejas más llamativas relacionadas con la salud tienen que ver con el contenido de la historia clínica del paciente. El informe se detiene en el caso de un hombre que al acudir por primera vez a su centro de salud, tras cambiarse desde otro, se da cuenta de que en su historial digital está escrita la palabra "homosexual". A instancias del defensor, Salud contesta que esta indicación consta en un apartado de la historia destinado a que el médico haga anotaciones "que puedan resultar de interés clínico".

      El afectado, sin embargo, asegura que nunca ha ido al médico por nada que tenga que ver con su orientación sexual. Además, según el defensor, lo que aparece en el historial es la palabra "homosexual" seguida de un signo de interrogación de cierre, de lo que se deduce que no es "información clínica".

      Tras la queja, Salud se comprometió a ordenar a los centros que cuando sea necesario anotar aspectos del paciente "relacionados con factores de riesgo (orientación sexual, prácticas de riesgo, etc)" se haga garantizando la intimidad y la dignidad del usuario. Chamizo cree "insuficientes" estas instrucciones, que además de considerar la homosexualidad un factor de riesgo, obvian que anotaciones de este tipo deben contar con el consentimiento del interesado, según las leyes españolas y europeas.

      Después de estudiar el caso, el defensor recomienda que las historias clínicas "no contengan valoraciones o apreciaciones" que puedan afectar a la intimidad y la dignidad del paciente y que, si se hace, se recabe su consentimiento. Además, pide a Salud que valore abrir una información reservada para depurar responsabilidades. La consejería no ha asumido ninguna de las peticiones. Fuentes de este departamento niegan que estas anotaciones atenten contra la intimidad ya que la historia clínica "pertenece" al paciente y sólo se accede a ella cuando él da sus datos.Salud alude también a una excepción de la ley de protección de datos para los casos de asistencia sanitaria.

      - Educación. Los asuntos relacionados con educación acapararon el año pasado una de las mayores bolsas de quejas (680). Aunque la casuística es muy diversa, Chamizo dedica un capítulo a los problemas de convivencia en los centros. Y, dentro de este apartado, llama la atención la queja de una madre cuya hija de 13 años había sido expulsada de un instituto sevillano tras pelearse con otra compañera. Cuando la mujer se dirigió al defensor (en enero de 2008) hacía ya tres meses que la chica no acudía a clase porque seguía a la espera de que le asignaran otro centro. Por fin se incorporó a su nuevo instituto el 25 de febrero.

      Chamizo califica de "lamentable" este retraso, que supera con mucho los 20 días que marca la ley, por lo que pidió un informe a la Delegación provincial de Educación, que, a una primera consulta del defensor, había justificado el retraso en el "exceso de celo garantista" con el que se estaba tratando el caso. Educación señala luego a las vacaciones de Navidad y a la dificultad de la búsqueda de vacantes en otro centro como causas del retraso, pero las explicaciones no convencen al defensor, que recomienda a la Administración que adopte las medidas necesarias para que no se repitan situaciones similares. "Aún a fecha de hoy estamos a la espera de que nos manifiesten la aceptación de dicha recomendación o, en su caso, las razones para no asumirlas", concluye el informe.

      - Carril-bici. Chamizo abrió de oficio una queja para valorar el carril-bici de Sevilla. En su informe, incide en las ventajas de esta infraestructura y recomienda que se extienda por otros municipios. Pero el defensor ve también puntos negros en el proyecto de la capital. Sus críticas se centran en actual diseño de este carril, que, en su opinión, "ocupa en exceso las aceras", por lo que los peatones "han visto reducido su espacio de forma ostensible" e incluso se han creado situaciones de riesgo. Chamizo entiende, además, que la ordenanza municipal que autoriza a los ciclistas a circular sobre las aceras y zonas peatonales es "nula de pleno derecho" porque contradice el reglamento general de circulación de 2003.

      Tanto el Ayuntamiento como la asociación ciclista A contramano manifestaron su disconformidad con la queja, pese a lo cual el defensor ha recomendado al Ayuntamiento de Sevilla que confeccione un proyecto de mejora del carril y deje sin efecto la autorización que permite a los ciclistas circular por las zonas peatonales.

      - Retraso en el SAS. Entre las quejas relacionadas con la gestión de Salud, Chamizo destaca el caso de una mujer a la que, tras haber padecido un cáncer de ovarios, se le vuelven a detectar en unos análisis indicadores tumorales muy elevados, por lo que el médico de cabecera le recomienda un PET, un tipo de prueba diagnóstica. Le dan cita en el SAS para varios meses después y, tras protestar sin éxito, se hace la prueba en una clínica privada, donde le descubren un tumor avanzado. La mujer reclama a Salud el reintegro de los gastos de la asistencia, pero se lo rechazan por entender que ésta no era "urgente, inmediata y vital". El defensor recomienda que el reintegro del dinero.


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      Rodrigo González Fernández
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