| Solicitan veto supresivo para fortalecer la institucionalidad de Derechos Humanos: Instituto + Defensoría | ||
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| Frente a la decisión del Gobierno de tramitar un veto aditivo para lograr la aprobación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y mediante el cual se dé solución a diversos cuestionamientos de entidades emblemáticas, Amnistía Internacional y el Capitulo Chileno del Ombudsman piden que, además del veto aditivo, haya un veto supresivo que elimine del proyecto las facultades que directa o indirectamente corresponden a una Defensoría de las Personas (ombudsman), de acuerdo a la doctrina y experiencia internacionales. Animados con la voluntad del Gobierno de perfeccionar incluso en las etapas finales de la tramitación, advertimos de una situación que si bien no es de las más comentadas, podría incidir en la institucionalidad en materia de protección de los derechos humanos y ciudadanos. En efecto, el proyecto de Instituto de Derechos Humanos obtenido en comisión mixta y aprobado por la Cámara, mantiene algunas facultades redactadas en forma ambigua, que serían propias de un ombudsman o defensor de las personas. Sumado a la dificultad que se ha tenido para consagrar nuevas instituciones, la actual inexistencia de la figura defensorial y la evidente necesidad de un órgano de protección, esta situación podría radicar en el Instituto las quejas ciudadanas frente a situaciones violatorias de los derechos fundamentales. No obstante, la autonomía relativa prevista para el Instituto, si bien podría ser suficiente para sus principales funciones, aún con los perfeccionamientos anunciados, no califica para asumir atribuciones de Defensoría de las Personas, que requiere para su eficacia la plena autonomía orgánica y funcional frente a los poderes del Estado. Incumple los estándares internacionales que para tareas de representación, crítica y propuestas frente a actos vulneratorios principalmente por parte de órganos de la Administración del Estado, que participen en el órgano de decisión representantes del Gobierno y de los legisladores (seis) que incluso hacen mayoría. El Instituto de Derechos Humanos, aún cuando será una corporación autónoma de derecho público, tendrá una vinculación institucional con la Presidencia de la República por intermedio del Ministerio de Justicia. Tramitar un veto supresivo serviría para preservar más efectivamente el espacio institucional y político que permita aprobar pronto una genuina Defensoría de las Personas, como lo promueve el Gobierno y que -según una reciente encuesta- es percibida como necesaria por el 90 por ciento de la población. Estudios en la materia se encuentran a disposición de la Presidencia, parlamentarios/as y personas interesadas. | ||
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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