Bruselas aprobará mañana el proyecto del puerto industrial de Granadilla
Finaliza el periodo de tramitación y, según fuentes comunitarias, la respuesta será favorable
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ACN Press
Bruselas
La Comisión Europea dará mañana su visto bueno a la construcción del puerto industrial de Granadilla, en el sur de Tenerife, según revelaron fuentes comunitarias. Ese es el día en que concluye el procedimiento escrito, tras el cual Bruselas adoptará finalmente una decisión "favorable" al proyecto del polémico puerto, revelaron las mismas fuentes.
Hay que recordar que ese trámite arrancó al finalizar el proceso interno de consulta entre los distintos servicios del Ejecutivo comunitario, cuyo objetivo era verificar que ninguna dirección general mostraba pegas al expediente, y que se relanzó a finales de septiembre. La consulta interservicios quedó bloqueada nueve meses antes, en enero, cuando el propio comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, decidió frenar el proyecto de dictamen de sus servicios favorable a la construcción del puerto industrial, que debía ser adoptado poco después por el Colegio de Comisarios, motivado por las nuevas informaciones que había recibido, en particular, respecto a la alternativa del puerto de Santa Cruz. Por ese motivo, Dimas solicitó a los servicios comunitarios una serie de informes pormenorizados del proyecto y de sus implicaciones para poder adoptar una decisión irrefutable sobre el muelle proyectado para el sur de Tenerife.
Quejas
Paralelamente a los trámites en la Comisión Europea (única institución competente para tomar una decisión) la polémica sobre la construcción del puerto de Granadilla se contagió a la Eurocámara y al Defensor del Pueblo de la Unión Europea (UE). Hace diez días, el ombudsman europeo, Nikiforos Diamandouros, decidía archivar la reclamación contra la actuación de la Comisión Europea poniendo punto final a la investigación de oficio que anunció el 27 de enero en base a las quejas que había recibido, sobre todo de colectivos ecologistas.
Hasta el despacho del Defensor del Pueblo llegaron unas 5.000 reclamaciones -el mayor número recibido sobre un único asunto- contra la actuación del Ejecutivo comunitario en el expediente de Granadilla. El 16 de junio, un mes y medio después del plazo establecido, la Comisión Europea respondió a esta investigación explicando que aún no había tomado una decisión sobre el puerto. Lo que ha llevado a que el Defensor del Pueblo dé carpetazo al caso.
Las quejas también llegaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En concreto fueron tres reclamaciones presentadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife y Adena/WWF que alegaban que el puerto era incompatible con las normas comunitarias en materia de medio ambiente (Directiva Hábitat sobre protección de la naturaleza y flora y fauna silvestres).
El 21 de marzo, esta comisión parlamentaria acogió el primer debate en Bruselas entre los representantes de estas asociaciones detractoras del puerto y una amplia delegación de autoridades locales, regionales y nacionales defensoras del proyecto. Posteriormente, el 3 de mayo, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara archivaba las denuncias de los ecologistas. No obstante, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó a mediados de junio la reapertura del expediente en esa comisión ya que, en su opinión, el Ejecutivo comunitario había dado nuevas informaciones tras el cierre de las quejas. Una petición que no influye en la decisión final de Bruselas.
Bruselas
La Comisión Europea dará mañana su visto bueno a la construcción del puerto industrial de Granadilla, en el sur de Tenerife, según revelaron fuentes comunitarias. Ese es el día en que concluye el procedimiento escrito, tras el cual Bruselas adoptará finalmente una decisión "favorable" al proyecto del polémico puerto, revelaron las mismas fuentes.
Hay que recordar que ese trámite arrancó al finalizar el proceso interno de consulta entre los distintos servicios del Ejecutivo comunitario, cuyo objetivo era verificar que ninguna dirección general mostraba pegas al expediente, y que se relanzó a finales de septiembre. La consulta interservicios quedó bloqueada nueve meses antes, en enero, cuando el propio comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, decidió frenar el proyecto de dictamen de sus servicios favorable a la construcción del puerto industrial, que debía ser adoptado poco después por el Colegio de Comisarios, motivado por las nuevas informaciones que había recibido, en particular, respecto a la alternativa del puerto de Santa Cruz. Por ese motivo, Dimas solicitó a los servicios comunitarios una serie de informes pormenorizados del proyecto y de sus implicaciones para poder adoptar una decisión irrefutable sobre el muelle proyectado para el sur de Tenerife.
Quejas
Paralelamente a los trámites en la Comisión Europea (única institución competente para tomar una decisión) la polémica sobre la construcción del puerto de Granadilla se contagió a la Eurocámara y al Defensor del Pueblo de la Unión Europea (UE). Hace diez días, el ombudsman europeo, Nikiforos Diamandouros, decidía archivar la reclamación contra la actuación de la Comisión Europea poniendo punto final a la investigación de oficio que anunció el 27 de enero en base a las quejas que había recibido, sobre todo de colectivos ecologistas.
Hasta el despacho del Defensor del Pueblo llegaron unas 5.000 reclamaciones -el mayor número recibido sobre un único asunto- contra la actuación del Ejecutivo comunitario en el expediente de Granadilla. El 16 de junio, un mes y medio después del plazo establecido, la Comisión Europea respondió a esta investigación explicando que aún no había tomado una decisión sobre el puerto. Lo que ha llevado a que el Defensor del Pueblo dé carpetazo al caso.
Las quejas también llegaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En concreto fueron tres reclamaciones presentadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y Ecologistas en Acción, Seo/BirdLife y Adena/WWF que alegaban que el puerto era incompatible con las normas comunitarias en materia de medio ambiente (Directiva Hábitat sobre protección de la naturaleza y flora y fauna silvestres).
El 21 de marzo, esta comisión parlamentaria acogió el primer debate en Bruselas entre los representantes de estas asociaciones detractoras del puerto y una amplia delegación de autoridades locales, regionales y nacionales defensoras del proyecto. Posteriormente, el 3 de mayo, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara archivaba las denuncias de los ecologistas. No obstante, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, solicitó a mediados de junio la reapertura del expediente en esa comisión ya que, en su opinión, el Ejecutivo comunitario había dado nuevas informaciones tras el cierre de las quejas. Una petición que no influye en la decisión final de Bruselas.
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