MONDINO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN VISITA AL PAPA |
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Rodrigo González Fernández
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santiago-chile
PRIMER BLOG EN CHILE SOBRE EL OMBUDSMAN .DEFENSOR DE LAS PERSONAS : RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ- MIEMBRO DEL CAPITULO CHILENO DEL OMBUDSMAN PROMUEVE EN CHILE LA introducción al estudio del Ombudsman UNA INSTITUCIÓN QUE SIRVA AL CIUDADANO Y A SUS DERECHOS HUMANOS Es este un homenaje al Profesor Jorge Mario Quinzio Figueiredo que es y ha sido un impulsor incansable de este Instituto. TENEMOS CURSOS , CHARLAS DISPONIBLES.Consultennos Cel.93934521
MONDINO Y LOS DERECHOS HUMANOS EN VISITA AL PAPA |
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El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, saludó durante la audiencia general al papa Benedicto XVI, quien le transmitió "bendiciones a todo el pueblo argentino".
Mondino realiza una gira por distintos organismos vaticanos, y se entrevistó con el subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos, profesor Guzmán Carriquiry, con quien abordó temas vinculados al rol de los laicos en la sociedad.
También dialogó sobre la problemática del Sida con el presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral Sanitaria, cardenal Javier Lozano Barragán; y analizó la situación de los derechos humanos con el vicecanciller de la Curia Romana, monseñor Pietro Parolin.
El Defensor del Pueblo se reunió, además, con monseñor Giampaolo Crepaldi, secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, y este jueves mantuvo una audiencia con el arzobispo argentino Leonardo Sandri, sustituto para los Asuntos Generales de la Santa Sede y recientemente designado prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales.+
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La primera ronda para elegir al nuevo defensor del Pueblo, se realizó ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional a puertas abiertas y se eligió a diez de los 21 candidatos que aspiraban por el cargo de ombudsman. Los nombres de estos diez candidatos serán presentados hoy ante el pleno de diputados por el presidente de dicha comisión, Rogelio Paredes. Los siete diputados de la Comisión de Derechos Humanos realizaron una votación secreta mediante la cual cada uno escogía a los candidatos de su preferencia y de acuerdo con el análisis de su perfil. En la votación el candidato más votado fue Alfredo Castillero Hoyos. Otros que se colocaron entre los 10 fueron el director de Migración, Ricardo Vargas, y la actual defensora del Pueblo, Mónica Pérez, quien ostenta el cargo desde que Liborio García fuese destituido por el mismo Legislativo en 2006. Hoyos es el candidato que apoya la oposición, por ello, el diputado panameñista y miembro de la citada comisión, Alcibiades Vásquez, exaltó que el proceso de elección en su primera ronda no fue político sino que se realizó de manera clara y transparente. En la votación debían elegirse siete candidatos que serían presentados ante el pleno. El diputado perredista Dorindo Cortés, presentó una propuesta para que se eliminara esta disposición y se eligieran diez candidatos en vez de siete como lo estipulaba la resolución que fue aprobada para la elección del nuevo defensor. Al ser cuestionado sobre si se incumplió con dicha resolución, el diputado Rogelio Paredes, manifestó que no se ha faltado a esta resolución porque desde un principio se determinó que el tope de candidatos era diez. Hoy el pleno decidirá cuándo se dará seguimiento a este proceso de elección. El proceso de elección para el nuevo Defensor del Pueblo se da luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara un recurso contra la apertura del proceso en la Asamblea Nacional, presentado por el destituido ombudsman, Liborio García. |
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. (EFE)
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, definió hoy la institución que preside como un "paladín de los derechos humanos en la democracia" en el Senado, durante el acto conmemorativo del 25 Aniversario de la institución.
"La historia del Defensor del Pueblo corre en paralelo a la consolidación democrática de España", apuntó Múgica, que recordó el origen de la figura durante la transición para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Por su parte, el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo destacó el "arduo trabajo y labor abnegada en defensa de los derechos humanos". "En estas fechas tan importantes, espero que el espíritu que alumbró el inicio de la democracia nos inspire", subrayó.
Posteriormente, la sesión solemne conmemorativa del XXV Aniversario de la Institución del Defensor del Pueblo contará con la presencia del Príncipe de Asturias. La jornada, en la que se debate sobre el papel de los 'ombudsman' (mediadores oficiales) en la democracia, cuenta con la presencia de el Defensor del Pueblo Europeo, así como comisionados autonómicos, latinoamericanos y europeos.
Recibirá a los objetores
Durante un receso, Múgica confirmó que recibirá "en el momento oportuno" a un grupo de padres que pretenden acogerse a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, miembros de la plataforma HazteOir, que han pedido entrevistarse con el.
Aunque haya defendido la asignatura, recordó, su obligación es recibir a todo el mundo, "piense como piense, proceda de donde proceda y manifiese lo que manifieste". "Por tanto, también voy a recibir a este grupo en el momento oportuno", dijo.
Por su parte, fuentes de HazteOir señalaron que "era de esperar esa reacción" por parte de Enrique Múgica, ya que "es un hombre muy proclive a recibir a quien por algún motivo desea verle".
Defensores de todas las ideologías
Elegido cada cinco años por el Congreso y el Senado entre candidatos presentados por los grupos políticos, el Defensor del Pueblo es un cargo con independencia garantizada del resto de las instituciones.
Enrique Múgica, ministro de Justicia entre 1988 y 1991, ocupa este puesto desde 2000, cuando fue elegido para sustituir al veterano Fernando Álvarez de Miranda, destacado defensor de la monarquía durante el franquismo, nombrado para el cargo en 1994. Su ejercicio del cargo ha saltado a la actualidad recientemente por su oposición a los nuevos estatutos de autonomía vasco y catalán.
El primer Defensor del Pueblo (1982 - 1987) fue Joaquín Ruiz Giménez, conocido por haber chocado con los elementos más inmovilistas de la dictadura durante su etapa como ministro de Educación, cargo del que fue destituido en 1956.
2007-06-23 00:00:00 Nota correspondiente a la publicación del día Sábado de 23 de Junio de 2007 AVELLANEDA I CONCEJO DELIBERANTE El PJ logró modificar la elección del Defensor del Pueblo Con una inédita mayoría con relación a las últimas iniciativas que sancionó en el recinto, la modificación para el proceso de selección del ombdusman propuesta por el oficialismo recogió además de los 11 votos propios, seis provenientes de los bloques del ARI, la UCR y el PRO. El Frente para la Victoria rechazó esa iniciativa, que implica que la primera mayoría legislativa ya no tendrá injerencia en la designación del Defensor. | |||||||||
El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó por inédita mayoría la introducción de cambios a la modalidad de elección del defensor del Pueblo, en la que ya no intervendrá la primera minoría legislativa sino que los candidatos a ocupar el cargo saldrán de una nómina sugerida por entidades intermedias reconocidas por la Municipalidad, en una sesión que el oficialismo logró definir a su favor con sus 17 votos, contra los siete en contra del Frente para la Victoria. Con la demora acostumbrada, la reunión prevista para las 13 arrancó alrededor de las 15.30 e ingresó de inmediato en la primera controversia de la tarde entre el justicialismo y la oposición que animan el Frente para la Victoria, el ARI y el PRO cuando debió abordarse la convalidación de un convenio con el ministerio de Desarrollo Social de la Nación para un plan alimentario para sectores de bajos ingresos que involucra alrededor de 2.200.000 pesos y que serán asignados a razón de 40 pesos mensuales por cada núcleo familiar. La iniciativa, que fue presentada sobre tablas por el oficialismo dio pié a un moroso debate que en lo esencial giró sobre la letra del proyecto oficial y en particular sobre el número de comercios habilitados en Avellaneda para canalizar la ayuda asistencial y sobre el tipo de alimentos que recibirán los beneficiarios de ese programa. La kirchnerista Gladys Pestillo resultó la más enérgica en reclamar ese tipo de precisiones que no fueron abordadas por el PJ, aunque su posición mereció la réplica del titular de la bancada justicialista, Jorge D´Egli Innoccenti quien aseguró que "este tipo de ayuda no es la panacea pero es necesario paliar la emergencia por la que atraviesa la gente que depende de esta ayuda, así que hay que resolverlo." Pestillo también había hecho hincapié en la necesidad de explicitar si las grandes cadenas de hipermercados intervendrían en la distribución de esa ayuda, lo que sí fue respondido desde el justicialismo que aseguró que solo se tendría en cuenta para ello a los comercios minoristas de la zona. Marcelo Marciano del PRO, en tanto, fijó la posición de su bloque: "Nosotros acompañamos la iniciativa y estamos de acuerdo en que se lleve adelante pero no estamos de acuerdo en convalidarla de esta forma", recalcó en alusión a que el convenio fue suscripto el pasado 19 de junio. "No hubo tiempo material para un análisis detenido y no queremos que se repitan situaciones", añadió sobre la presunta aplicación de planes de este tipo, que en apariencias se habría concretado por un muy reducido número de comercios minoristas. Cuando la Presidencia dio por cerrada la lista de oradores, el convenio resultó convalidado por una abrumadora mayoría de 22 votos aunque con la abstención de los dos miembros de la bancada del PRO, Marcelo Marciano y Sebastián Vinagre. Recién cerca de las 18 comenzó a tratarse el orden del Día previsto para la sesión ordinaria, donde el tema destacado resultó sin dudas las modificaciones alentadas por el bloque del PJ para modificar la modalidad de elección de los representantes de la Defensoría del Pueblo. Los rechazos más enfáticos a la iniciativa del oficialismo provinieron, en efecto, de la primera minoría legislativa que es en este caso el Frente para la Victoria, quien con las modificaciones introducidas por el justicialismo vio diluida la oportunidad de ejercer desde la Defensoría un monitoreo de las acciones desarrolladas desde la gestión del gobierno municipal. "El apremio en sancionar este proyecto tiene que ver con una especulación política y no por un real interés en las instituciones. Se trata de una participación demagógica y no formal porque la mayoría que elegirá al ombudsman está en manos del J", aseguró el kirchnerista Hernán Doval. Alberto Roberti del justicialismo rechazó esa postura y acusó en cambio a "los seguidores de Oscar Laborde de estar infiltrados en el Frente para la Victoria" y de "perseguir un botín de guerra por si pierden las próximas elecciones", en alusión al rechazo a la propuesta oficialista. Finalmente y alrededor de las 20.20 se procedió a votar y el PJ logró reunir en torno a su iniciativa no solo los 11 votos de su bloque sino los de la UCR(2), el ARI (2) y el PRO(2), mientras que el Frente para la Victoria confirmó su rechazo. más informacion , pincha aquí |
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=52254&id=125839&dis=1&sec=2 |
Justicia panameña rechaza querella presentada por ex Ombudsman
Prensa Latina - Cuba
Panamá, 21 jun (PL) La Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó hoy una querella presentada por el destituido Defensor del Pueblo Liborio García, ...
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"No está claro cuál es la minoría que designa al ombudsman"
InfoRegión - Lomas de Zamora,Buenos Aires,Argentina
... Jorge Degli Innoccenti, instó a la oposición a no temer a los cambios que ese bloque quiere introducir a la designación del Defensor del Pueblo que, ...
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La creación del Defensor del Pueblo ha estado expresamente incluida en todos los programas de Gobierno de la Concertación, pero sólo la administración de Ricardo Lagos envió al Congreso una reforma constitucional al respecto. Esa iniciativa no prosperó y desde 2004 otro proyecto referido al tema duerme en el Congreso, sin que se la haya colocado urgencia legislativa.
Hoy en Chile, las pensiones jubilatorias tardan en salir; en los hospitales se producen errores con los enfermos, y no se reconocen ni reparan; muchas licencias médicas son rechazadas por las Isapres, aunque el enfermo esté temporalmente inhabilitado para trabajar; en variadas situaciones, Carabineros hace un uso indebido de la fuerza, o no cumple con su deber frente a determinadas denuncias; las organizaciones sociales tienen dificultades para llegar a dialogar con la autoridad; muchos sentenciados que ya han cumplido sus condenas siguen encarcelados, simplemente por trabas burocráticas; el acceso a la justicia depende del nivel económico de las personas; poblaciones enteras están prácticamente aisladas, a raíz de la construcción de nuevas vías; en la Región Metropolitana, la mayoría de la gente tiene severos problemas para desplazarse a través del transporte público
¿Dónde acuden a reclamar las víctimas de todas estas violaciones a los derechos ciudadanos? No existe hasta ahora una instancia que les resuelva efectivamente sus problemas.
Lo cierto es que no contamos con la figura imprescindible del Defensor del Pueblo, presente en la gran mayoría de los países incluidos Guyana y Trinidad Tobago-, pero no aquí, ni en Uruguay.
Pero, ¿qué es un Defensor del Pueblo? Surgida en Europa, la palabra Ombudsman en su origen significa "representar al otro". El proyecto en Chile indica que, antes de nombrarlo, hay que crear una Ley Orgánica que reglamente la estructura, los temas adjuntos que tendrá a su cargo, por materias y por regiones. Debe ser propuesto por el Ejecutivo y elegido por los dos tercios del Congreso y después reportar a éste; será inviolable y autónomo de todos los poderes del Estado, de modo de dar cuenta de las violaciones sin temor a ser impugnado por parte de la autoridad. Sus facultades son designar a su equipo; dar cuenta pública al Congreso, con recomendaciones y propuestas; incoar independientemente acciones judiciales; investigar in situ, constituyéndose de pleno derecho y con todas las facilidades por parte de todos los organismos públicos.
Todos los gobiernos democráticos post-dictadura han hecho intentos, enviando al Congreso proyectos para crear esta figura. En la administración de Aylwin , se llamó el Defensor del Pueblo; en la de Frei se envió como el Defensor del Usuario; Lagos envió un tercero en el año 2000. Todos ellos "sin urgencia" y todos se cayeron. Luego, este último mandatario mandó otro en 2003, llamado el Defensor del Ciudadano, y antes, en 2001, creaba la Comisión Defensora Ciudadana (nombre completo: Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas). Su proyecto, después de dormitar durante años en el Parlamento, recién ha entrado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y el tránsito hasta que se convierta en Ley podría ser accidentado, quedando más heridos en el camino.
Heridos como la abogada Marta de la Fuente, quien renunció a su cargo de Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana en febrero pasado, porque no detectó una voluntad política clara por parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno -al cual está adscrita esta entidad-, para impulsar la concreción del proyecto. En marzo fue reemplazada por la asistente social y cientista política Danae Mlynarz además Concejal de Ñuñoa-, quien venía directamente de la División de Políticas Públicas del gabinete presidencial.
PESE A NO SER AUTÓNOMA
En la iniciativa de Lagos, la Comisión Defensora se concibió como una instancia transitoria -de dos o tres años, según Marta de la Fuente- "y como una experiencia piloto de lo que debería ser el Defensor del Ciudadano, y en conjunto con esta Comisión se iba a tramitar el proyecto legislativo que le daría vida a esta figura".
Con Francisco Fernández como Presidente y esta abogada como Secretaria Ejecutiva, a fines de 2001 se da el vamos a la entidad regional (sólo funciona en Santiago). Su objetivo fue y es hacer de puente entre los ciudadanos y los servicios públicos, verificando si estos últimos vulneran, o no, los derechos de las personas, y a partir de ello hacer sugerencias, propuestas y recomendaciones no vinculantes- directamente a la Presidencia de la República.
La integra un Presidente/a, designado por la Presidenta de la República, y ocho personas más: cuatro de la sociedad civil, designados también por la autoridad (del mundo de los trabajadores, del empresarial, de los consumidores y un representante del Capítulo chileno del Ombudsman), y cuatro representantes de altos cargos públicos: el superintendente de las AFPs, el Director del Sernac, el Director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Encargada del Programa de Modernización del Estado. Pero la Comisión cuenta con un equipo de abogados que gestionan los casos.
En 2006, Michelle Bachelet nombra a Marta de la Fuente Presidenta de la Comisión. Pese a que la entidad no es autónoma del gobierno y cuenta con escasos recursos, desde su inicio sus funcionarios trabajan incesantemente, tanto a partir de denuncias o reclamos directos de los ciudadanos, como realizando exploraciones in situ.
Y son muchas las violaciones a los derechos ciudadanos que detecta en estos cinco años; algunas de ellas se señalan al inicio de este artículo. Pero el balance de sus responsables no es menor: "En el tiempo en que yo estuve indica de la Fuente-, del 100% de los reclamos ciudadanos que nos llegaron, 60% los resolvimos a través de intermediaciones o requerimientos a los servicios públicos" objetos de reclamo. Recuerda, por ejemplo, el trabajo que hicieron para limpiar los antecedentes penales de muchos ex presos políticos, coordinando esfuerzos con el Servicio de Registro Civil.
El resto de los reclamos que llegaban, señala, eran insuficiencias de gestiones, estructurales o normativas, "y no había posibilidad de resolverlas porque no podíamos accionar judicialmente ni contábamos con la institucionalidad que lo permitiera".
El balance de la actual Presidenta respecto al anterior periodo también es positivo: "Creo que el trabajo realizado desde el 2001 a la fecha, ha permitido que en el 2003 ingresara un proyecto nuevo al Congreso, el que se trabajó con apoyo de esta Comisión; se estableció un sistema piloto de atención y, pese a no difundir sus acciones, ha venido in crescendo el número de personas que vienen a hacer denuncias y se van contentas con la solución".
URGE UN DEFENSOR DEL CIUDADANO
Sin embargo, de la Fuente apunta que los elementos más positivos fueron probar "primero, que es posible resolver los problemas ciudadanos cuando hay voluntad de hacerlo, y segundo, que (una instancia de este tipo) es insuficiente y es necesario pasar a un nivel superior". Advierte que en este país la dignidad de las personas es vulnerada habitualmente por los servicios públicos "básicamente porque la gente tiene una baja cultura del reclamo, a veces conoce sus derechos y a veces no, pero si los conoce no sabe ejercerlos, entonces requiere de una institucionalidad que le permita ejercer esos derechos, reclamar bien, tocar el timbre donde corresponde, saber los plazos que tiene para que le contesten
en ese camino todavía hay mucho que recorrer: lograr que la gente tenga conciencia, promover sus derechos".
Mlynarz sostiene que la Comisión debe entrar a operar luego que el ciudadano ya ha efectuado su denuncia en la "primera ventanilla", y "si allí no ha existido respuesta en los tiempos que establece la ley, es admisible que venga acá o establezca su queja por distintas vías y entonces intermediamos con el servicio o superintendencia correspondiente".
Pero ambas coinciden en que es urgente crear un Defensor del Ciudadano. Esta última, reconociendo que el proceso para resolver los problemas es lento "porque la Comisión no es efectivamente este Defensor (
) y, por lo tanto, no tiene un poder real", y Marta de la Fuente al percibir que esta entidad "ya no podía seguir ocupando un nicho jurídico institucional porque las demandas ciudadanas eran mayores" y los sobrepasaban.
¿Y qué es lo que impide entonces que Chile tenga, ya, un Defensor del Ciudadano?
SIN URGENCIA
Según las entrevistadas, las cortapisas son variadas. Al hecho de que ninguno de los proyectos se ha enviado "con urgencia" lo que en general los mata-, se suma que hay ignorancia, desconocimiento y también temor respecto al tema, tanto entre algunos parlamentarios como de parte de la propia administración pública. Que podría reemplazar a otros órganos ya existentes, como la Contraloría, el SERNAC, el Instituto de Derechos Humanos, o la propia Cámara de Diputados, opinan muchos. Por ejemplo, "hoy el trabajo legislativo es muy mediático señala de la Fuente- y si hay un Defensor que esté colocando los temas en los medios, quizás los parlamentarios sentirán que les va a quitar parte de esta labor mediática, pero en realidad la labor parlamentaria no es denunciar el caso concreto de vulneración sino que fiscalizar los actos de gobierno".
Y despejan dudas en cuanto a los roles de esta potencial figura respecto a los de otras instituciones Mlynarz piensa que aún "no se entiende que el vacío que llenaría este proyecto hoy día no lo tiene nadie; su existencia no le va a quitar atribuciones a nadie (
), por ejemplo, a las denuncias de aquellos diputados que viven de ellas hay que hacerles seguimiento, y muchas veces ahora quedan en el aire". En el caso del Instituto de Derechos Humanos, donde efectivamente podrían existir aristas comunes, "hay que revisar ambos cuerpos legales, y afinar", admite la ex Presidenta de la Comisión. Respecto a las razones de las "no urgencia" y del posible boicot por parte de la ex Ministra Secretaria General de la Presidencia, definen su puntos.
Para Danae Mlynarz, lo primero se debe a que desde el inicio de la democracia había otras prioridades. "Recién en el 2005 se cambiaron elementos claves para el proceso democratizador: los relacionados con las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, los senadores designados (
), reformas democráticas de primera generación". Opina que entre optar por un Defensor, aunque sea una institución muy importante, y por destrabar los amarres que teníamos, había que empezar por lo primero, y cree que ahora es el momento de pelear por éste, así como terminar con la exclusión expresada en el sistema binominal.
Marta de la Fuente no focaliza en ningún sector político el que este proyecto haya estado tanto tiempo dormido, "es transversal, pero indudablemente el que tiene la iniciativa legislativa en este país es el Ejecutivo, no es la Alianza (
). Creo que no hay voluntad política de atreverse a generar una instancia autónoma, que escrute, que sea un colaborador crítico para el Estado".
En cuanto a la ex Ministra Paulina Veloso, Mlynarz sostiene que estaba de acuerdo con la transitoriedad de la Comisión y con la figura del Defensor. "Su idea, a partir del tiempo que había demorado el proyecto en el Congreso y la poca viabilidad política de hacer un cambio constitucional por el importante quórum que requiere-, era fusionarlo con el que crea el Instituto de Derechos Humanos. Se perdía en autonomía (el Instituto no es autónomo) pero ganaba viabilidad, para que saliera lo antes posible; era una estrategia distinta
".
De la Fuente es enfática en señalar que un Defensor sin autonomía del gobierno simplemente no sirve para los fines propuestos. "Y cuando la Presidenta Bachelet puso como tema prioritario en su Programa que se le diera urgencia al proyecto, y hasta febrero no había pasado nada, sentí que no había un impulso claro de parte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para darle cuerpo, para generar un debate y comenzar el trabajo legislativo (
). Cuando uno cree en un proyecto para defender los derechos fundamentales, y ya habíamos pasado cinco años trabajando en eso, pensé que era necesario renunciar porque no me sentía con el respaldo político para poder seguir avanzando".
Mientras hay expectación sobre lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados, la Comisión, en palabras de Danae Mlynarz, sigue atendiendo casos; trabaja en homologar la información que recibe de las diversas ventanillas, "para ampliar la mirada" respecto a la cantidad de derechos que se vulneran en Chile, y pretenden hacer una encuesta de derechos ciudadanos en relación a los servicios públicos: "una muestra probabilística, por lo menos en Santiago, Concepción y Valparaíso, entre usuarios de servicios que atienden a mayor número de personas". Quieren hacer dos muestras semestrales este año.
Añade que además seguirá haciendo lobby para ponerle urgencia al proyecto, "tal vez en este mismo gobierno pueda pasar porque es algo que se ha conversado con el actual Ministro; además, la efervescencia y la realidad que hoy estamos viendo deja cada día más en evidencia la necesidad de esta urgencia, por lo menos yo voy a estar de Pepe Grillo en este tema".
Elia Parra
Chile no tiene la institucion del Defensor del Pueblo y por ello se violan los derechos humanos y ciudadanos. Vean hoy lo mal que lo pasam los ciudadanos en el transantiago. Ayer aprobó el Senado una inyección de 290 millones de dolares para un proyecto que se dice mal diseñado y sin arreglo.... |
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En marcha elección de Defensor del Pueblo de Panamá Panamá, 13 jun (PL) La Asamblea Nacional (parlamento) de Panamá continúa hoy con el proceso de elección del nuevo Defensor del Pueblo, cargo al que aspiran nueve candidatos, aunque aún sigue abierto el plazo de admisión.
El lunes último comenzó el período de presentación de los aspirantes al puesto, luego de que la Comisión de Derechos Humanos aprobara el pasado miércoles el reglamento para escoger al nuevo Ombudsman.
Hasta la fecha nueve personas se inscribieron, entre ellos el abogado Nftalí Jaén y Elena Quintanar, quien también compitió en la última elección, celebrada el pasado año.
Otro que anunció su interés por la Defensoría fue el director de Migración, Ricardo Vargas.
Según el presidente del Comité de Derechos Humanos, Rogelio Paredes, tras las postulaciones, los diputados de ese órgano evaluarán los expedientes de los candidatos y realizarán las entrevistas.
Luego emitirán un informe al pleno del legislativo, cuyos integrantes deberán elegir al sucesor de Mónica Pérez, quien ocupa el cargo de forma interina desde la destitución de Liborio García hace un año.
A García se le aplicó el Artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defensoría, el cual establece que el ejercicio de ese cargo es incompatible con la filiación partidista y el desempeño de cualquier otra actividad política, profesional o comercial.
En mayo del pasado año, una comisión ad hoc recomendó deponerlo por participar en un acto proselitista realizado por un diputado.
Además, la Asamblea decidió remover al entonces Defensor para poner fin a varias denuncias en su contra por violencia doméstica y nexos con sociedades anónimas.
apr rob |
Comisionado D. Humanos viaja a España por 25 años defensor del ...
Terra España - Spain
... 25 años del Defensor del Pueblo de España, institución de la que subrayó que trabaja muy de cerca con la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO). ...
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(18-06-2007) Los grupos de presión, conocidos por su vocablo en inglés lobby, están en pie de guerra en la Unión Europea. El objetivo a batir, esta vez de manera conjunta, es la decisión de Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Administración y Lucha Contra el Fraude, de crear un registro con el nombre y objetivos de la pléyade de lobbistas que deambula por los pasillos de la institución comunitaria para defender intereses empresariales. Esos lobbistas parecen disfrutar desde hace 50 años de una llave maestra para acceder a los conciliábulos comunitarios donde, a menudo a puerta cerrada, se pergeña hasta el 70% de la legislación de los países de la UE, entre ellos, España. Hasta hace poco, los usuarios de esa privilegiada ganzúa preferían mantener el anonimato. Y en el sigilo de sus gestiones cifraban las esperanzas de conseguir su objetivo: marcar la agenda de la Unión Europea. En los últimos años, los propios grupos de presión han aumentado de manera voluntaria su visibilidad y la palabra lobby, al menos en Bruselas, ha dejado de evocar siniestros movimientos casi en la clandestinidad. Pero los restos de la opaca muralla que rodean todavía esta labor pueden saltar por los aires gracias a la polémica iniciativa de Kallas. El comisario quiere que los lobbies detallen en el registro público el origen de su financiación y el porcentaje de negocio que suponen sus principales clientes. La declaración, insiste el departamento de Kallas, sería de carácter voluntario. Pero nadie ignora que los grupos de presión que se resistan a tragar esta enorme cucharada de transparencia pueden acabar convirtiéndose en los parias de Bruselas. Y ser condenados al escenario más temible para un lobbista: la antesala de un despacho cuya puerta no se abre porque el político o el alto funcionario que trabaja detrás no se fía de la reputación del visitante.
Las principales asociaciones de lobbistas que actúan en Bruselas consideran desproporcionada la medida y cuestionan incluso que exista el problema de opacidad que se pretende resolver. Todas ellas operan bajo códigos de conducta (recientemente unificados) que obligan a los afiliados a identificarse y a declarar el interés que representan. Esta medida, en teoría, debería bastar para calmar la ansiedad que las tareas de lobby generan entre algunos ciudadanos. Pero la CE ya no se conforma con ese grado de autorregulación. Primero, porque no cubre a la diversidad de grupos (desde despachos de abogados a think tanks) que en la actualidad ejercen algún tipo de presión sobre las autoridades públicas. En segundo lugar, porque desde que entraron en vigor los códigos de conducta no hay constancia de que se haya impuesto ningún tipo de sanción por su violación. Y por último, pero igual de importante, porque la imagen del lobby sigue inquietando en círculos académicos, mediáticos y entre la opinión pública en general. La impresión más difundida, sea correcta o no, coincide con el título del cómic editado por el Parlamento Europeo sobre el ambiente de sus propios pasillos: Aguas turbias, se titula significativamente la obra dibujada por Dominique David, con guión de Cristina Cuadra y Rudi Miel. Bruselas cree que la turbiedad no ha llegado tan lejos como en Washington, donde la calle K, guarida de los grandes lobbistas estadounidenses, ha visto recientemente cómo uno de sus vecinos más prominentes, Jack Abramoff, era condenado a casi seis años de cárcel por corrupción y soborno a funcionarios. Pero la CE quiere tomar medidas preventivas y depurar, llegado el caso, la presencia de elementos sospechosos en el fluido cauce del tráfico de influencias. Las medidas propuestas por Kallas parecen adecuadas para conseguirlo. La opinión pública tiene derecho a conocer quién mueve los hilos en una capital como Bruselas cuyas decisiones repercuten en la vida diaria de casi 500 millones de personas. La ausencia en Europa de escándalos como el de Abramoff, además, no es una prueba fehaciente de que no existan corruptelas similares. Y la CE teme, con razón, que la aparición de un caso similar 'sería catastrófica' para unos organismos como los comunitarios que ya adolecen de una evidente falta de legitimidad democrática. Los grupos de presión europeos ya han proclamado que el registro de Kallas amenaza la viabilidad del sector. Pero EE UU, paraíso lobbista por excelencia, impone desde hace años unas normas mucho más rigurosas (con detalle de facturación, cliente por cliente) sin que los locales de la calle K se hayan quedado sin inquilinos. Si acaso, cabría reprochar a la Comisión que su iniciativa no vaya suficientemente lejos y deje todavía demasiadas áreas en penumbra. Por lo pronto, la CE debería clarificar sus propias normas sobre interrelación entre actividad pública e intereses privados. En ese terreno, la Comisión que preside José Manuel Barroso y en la que Kallas ocupa la vicepresidencia ha llegado a extremos desconocidos. El titular de Salud y Protección al Consumidor, Markos Kyprianou, por ejemplo, no dudó el pasado noviembre en convertir la sala de prensa de la Comisión en un homenaje a empresas como McDonalds o Coca-Cola por sus supuestos esfuerzos para combatir la obesidad en Europa. La iniciativa escandalizó a la Asociación de Prensa Internacional (API), que protestó oficialmente ante el organismo. La mezcolanza puede ir a más ahora que los lobbies tienden a camuflar sus campañas de presión como plataformas en las que participan desde las principales compañías de un sector hasta las organizaciones de consumidores. Y la CE suele sumarse encantada a esas iniciativas. Bruselas tampoco dispone de normas claras sobre la diferencia entre la defensa de intereses y la actividad política. Numerosas organizaciones no gubernamentales cruzan casi a diario la frontera sin que las instituciones comunitarias planteen ninguna objeción. Todo lo contrario. La Comisión financia a organizaciones cuya actividad casi exclusiva consiste en hacer lobby... ante la propia Comisión Europea. En EE UU, esa retroalimentación está expresamente prohibida. Las tinieblas envuelven también la identidad de los expertos que asesoran a los comisarios. En marzo de este año, la CE se vio obligada a publicar el nombre de 55 de ellos después de que Corporate Europe Observatory (CEO), un grupo independiente que escruta la gobernanza de empresas e instituciones, denunciase que uno de los asesores del comisario de Energía dirigía una consultora especializada en defender los intereses de compañías energéticas. Si la CE acaba con estos cabildeos tendrá más autoridad moral para exigir transparencia a los lobbies.
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CAPITULO CHILENO DEL OMBUDSMAN
D E F E N S O R D E L P U E B L O
Joaquín Díaz Garcés 068 Providencia. Fono Fax: (56-2) 222.91.81. E.mail: capitulo@ombudsman.cl Página
Web: www.ombudsman.cl
NACIONES UNIDAS: ADVIERTE AL CONGRESO DE IMPORTANTES
DISCREPANCIAS DEL PROYECTO DE INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS CON LOS PRINCIPIOS INTERNACIONALES
1-. La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
con sede en Ginebra, ha advertido mediante comunicación formal al Presidente del
Senado, que importantes disposiciones del proyecto de ley que crea el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, aprobado en particular por la Cámara de Diputados
y en general por el Senado, no se ajustan a los principios internacionales que rigen las
instituciones nacionales de derechos humanos.
2-. La normativa internacional fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1993 y es conocida como los Principios de Paris. Regulan el
establecimiento de las instituciones de promoción y protección de los derechos
humanos en los países miembros y definen principalmente los requisitos de
independencia frente a los poderes del Estado y la participación de la sociedad en su
composición y ejercicio de sus facultades.
3-. En archivo adjunto puede accederse al pronunciamiento mencionado (en inglés y
español) y apreciarse en él, los aspectos que particularmente preocupan al organismo
internacional, entre ellos, la participación de representantes del Gobierno en el
órgano resolutivo del Instituto.
4-. En el último tiempo, diversos Comités de las Naciones Unidas encargados de
velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados al hacerse
parte de los Pactos Internacionales, han instado al Estado de Chile para la creación de
un defensor o institución nacional de derechos humanos, conforme a tales Principios,
siendo los más recientes el Informe del Comité de los Derechos del Niño y el informe
del Comité de Derechos Humanos (Pacto de Civiles y Políticos), en marzo de este
año.
5-. El
Capítulo Chileno del Ombudsman, corporación de sociedad civil que desde1985 promueve la Defensoría del Pueblo, lamenta profundamente que un proyecto de
ley tan avanzado en su tramitación, no se haya plenamente ajustado a las normas
internacionales, a pesar que su Mensaje afirma que el proyecto se ciñe estrictamente a
los Principios de Paris y contarse con los medios para asegurar tal objetivo.
6-. Valoramos la creación de un Instituto para determinadas funciones. Desde hace
más de dos años hemos colaborado con las autoridades, haciendo presente las
materias que no competen al Instituto y las discrepancias del proyecto de ley con los
Principios de Paris. Nos hemos reunido con parlamentarios de las comisiones de
derechos humanos de la Cámara y del Senado, y con autoridades de los dos últimos
gobiernos. Ha sido además nuestra pública posición ante organizaciones de derechos
humanos y la hemos expuesto en seminarios, medios de comunicación y foros
nacionales e internacionales.
7-. Llamamos al Gobierno y al Congreso Nacional, colegisladores en nuestro sistema
institucional, a acoger los aportes que hoy se les formula y a adoptar las medidas
necesarias para asegurar el más estricto apego a la normativa internacional, mediante
reformas sustanciales al actual proyecto, o una nueva formulación de una institución
nacional de derechos humanos. Si ha de elaborarse un nuevo proyecto, solicitamos
considerar la posibilidad de una Defensoría del Pueblo, que es la forma de estas
instituciones en la gran mayoría de los países iberoamericanos.
8.- El Capítulo Chileno del Ombudsman continuará colaborando con todas las
autoridades nacionales para lograr que uno de los compromisos más importantes
asumidos por los cuatro últimos gobiernos democráticos, el mejor resguardo de los
derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, sea finalmente
una realidad.
Juan Domingo Milos Presidente
Roberto Garreton Vicepresidente
Santiago, 12 de Junio de 2007.
tels. Contacto 09/2226278
09/0152265 6960427 6351704