Lejos de producir los resultados positivos que debía estar dando para estas épocas, el programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo impulsado por el Gobierno generó en las últimas horas un recrudecimiento de las críticas que organizaciones ambientalistas, vecinos de La Boca y el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, vienen haciendo respecto de la situación sanitaria en la zona, que según dicen se agravó en el último año.
A los informes negativos elaborados por técnicos de la Universidad de Buenos Aires, efectivamente, deben sumarse las quejas de los querellantes en la causa " Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros sobre daños y perjuicios", en cuyo marco la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, expuso este miércoles por la mañana su versión sobre el tema ante la Corte Suprema, reivindicando la "decisión del gobierno nacional de tratar como cuestión de Estado las políticas ambientales". .
Mondino, concretamente, advirtió que "en materia sanitaria no hay ningún plan y reclamó a la Corte que "establezca un cronograma preciso que permita verificar avances en el tema sanitario". Además, el ombudsman consideró que se deben tomar los recaudos necesarios para atender "a la población" y reclamó que se apliquen "multas" a los funcionarios públicos "que se retrasen en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte", cuya recaudación debería ser destinada según él a la atención sanitaria de los vecinos afectados por la contaminación.
En tanto, Andrés Nápoli, vocero de las ONG's ambientalistas que participan de la querella, pidió la reformulación del plan estatal, al que consideró "deficiente" ya que hasta el momento no ha informado adecuadamente sobre "cuáles son las industrias que contaminan, cuántas, dónde están, o cuáles se clausuraron".
Rodrigo González Fernández
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