Re: una accion del defensor del pueblo

 

 

 

San Miguel : 6/9/2006

Es "preferible suspender servicio"  Pidieron que línea de trenes San Martín, "garantice las condiciones de seguridad de todos los pasajeros" y advirtió que si no pueden evitar los accidentes, "es preferible" suspender el servicio.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le exigió hoy a la empresa UGOFE S.A. y al Estado Nacional, a cargo de la línea de trenes San Martín, que "garantice las condiciones de seguridad de todos los pasajeros" y advirtió que si no pueden evitar los accidentes, "es preferible" suspender el servicio en los horarios críticos. La advertencia surgió a través de un fallo de la Sala I de la Cámara, que sostuvo que "resulta inadmisible pretender que el servicio pueda ser prestado con los riesgos para la vida en que se lo viene haciendo". Los camaristas Néstor Buján, Pedro Coviello y Bernardo Licht ratificaron el fallo del juez Guillermo Rossi, en base una demanda del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, contra la Unidad de Gestión Operativa S.A.-Línea San Martín y el Estado nacional para que haya "un servicio digno y eficiente" y se garantice la correcta "accesibilidad a las personas discapacitadas" en "las estaciones ferroviarias y a los trenes". El fallo validó que en un plazo de 30 días "se determinen las obras de accesibilidad física necesarias para ser incluidas en el Presupuesto del año 2007, para su ejecución en dicho ejercicio", según informó el ombudsman en un comunicado. Las condiciones de seguridad en el ramal que une Retiro y Pilar, por el que transitan casi tres millones de pasajeros por mes, fue uno de los motivos por los cuales en junio de 2004 el Estado rescindió el contrato con la firma Metropolitano. A partir de enero de 2005 el servicio comenzó a ser prestado por la Secretaría de Transporte y las otras tres concesionarias ferroviarias: TBA, Metrovías y Ferrovías, a través de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE). No obstante, las quejas por el servicio siguieron y se repitieron una serie de accidentes fatales; el último, hace un mes, cuando un joven de 25 años murió mientras viajaba en el estribo, perdió el equilibrio y golpeó con una defensa del puente que lo hizo trastabillar y caer a las vías. El año pasado, el ombudsman nacional había exigido que se garanticen las condiciones de servicio y de accesibilidad para los discapacitados, y en marzo insistió en su denuncia pidiendo una urgente resolución ante los "graves hechos que ratificaron la situación de inseguridad permanente a la que se encuentran sometidos los usuarios y que -dijo- ponen en constante riesgo la vida de las personas que utilizan el servicio ferroviario". En base a eso, el juez Rossi instó a la mejorar el servicio y, frente a la apelación del Gobierno, ahora la Cámara ratificó el fallo y destacó que "el prestador del servicio ferroviario no ha argumentado ni rebatido la conclusión del fallo de primera instancia en el sentido de que ´es obligación del operador controlar que las formaciones circulen con pasajeros en situación de inseguridad (fuera del compartimento, en las escaleras, etcétera)´". La Cámara, según se informó, advirtió que "tampoco se argumentó razonadamente que la cantidad de accesos a controlar en cada estación excediese el número de agentes que se encuentra obligado a destinar el operador en cada una de ellas". "Lo que resulta inadmisible -dijo la Cámara- es pretender que el servicio pueda ser prestado con los riesgos para la vida en que se lo viene haciendo. Antes que ello es preferible suspender su prestación en los horarios en que tales riesgos no puedan ser evitados, ya que el de preservar la vida es el primer y fundamental derecho de los habitantes del país, siendo consecuentemente obligación del Estado Nacional el adoptar todas las medidas necesarias que se encuentren a su alcance para impedir los riesgos de conductas, aún propias, que pudieran comprometerlo".